Oficialmente inició la batalla entre la Casa Blanca y los estados que quieran deliberar si prohíben o no el derecho al aborto. En un segundo round —el primer round se llevó a cabo durante el mes de junio, cuando la Corte Suprema derogó la sentencia Roe v Wade y abrió el paso al surgimiento de iniciativas estatales antiaborto en el país—, el Departamento de Justicia presentó una demanda en contra del estado de Idaho.
Según el fiscal general Merrick Garland, la ley de Idaho permite que los médicos sean procesados penalmente por realizar abortos. Asimismo, argumentó que esto podría entrar en conflicto con la Ley Federal de Trabajo y de Tratamiento Médico de Emergencia, que es donde se estipula que cuando las y los pacientes se encuentran pasando por una situación de emergencia, tienen derecho a recibir cualquier tratamiento que les salve la vida, incluyendo un aborto.
Una de las partes más importantes que tiene esta demanda del Departamento de Justicia es un apartado en donde se enumeran diversas condiciones médicas que podrían requerir que un médico realice un aborto para salvar vidas. Algunas de las situaciones que destacan son los embarazos ectópicos —llamados así cuando el feto se implanta fuera del útero—, así como las infecciones sépticas, que provocan que el embarazo no pueda ser viable.
Diversas autoridades como el fiscal general de Idaho, Lawrence G. Wasden, no estuvieron de acuerdo con la interpretación que tuvo Garland ante la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia, por lo que declaró en un comunicado que la ley estatal se limita únicamente a restringir los abortos con pocas excepciones que son permitidas bajo el estatuto federal.
Aún no se sabe si los funcionarios del Departamento de Justicia tienen planeado presentar demandas similares contra otros estados. Sin embargo, lo que sí se puede esperar de todo esto es que surjan muchas más peleas legales. Mucho dependerá de cómo los jueces respondan a casos iniciales como el de Idaho, y cómo los estados decidan hacer cumplir sus estatutos.
