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¿Qué implica la reforma a la Ley de Aguas de Querétaro?

Si bien la reforma establece la consolidación de un órgano de control, los actores del ciclo del agua deben asegurar la transparencia en las concesiones.

Situación del agua en Querétaro

El estado de Querétaro enfrenta un incremento en el estrés hídrico inevitable, debido a la creciente población de más de 2.3 millones de habitantes, y un desarrollo industrial imponente con ingresos de más de 113 mil millones de pesos al año. El estrés hídrico es evidenciable en el alto grado de presión hídrica, con un índice de extracción de agua mayor al 52.2% de la disponibilidad natural.

Para abastecerse de agua, el estado de Querétaro importa el 32% de su agua de la presa Zimapán, transportándola más de 120 km con elevados costos de operación que superan los 380 millones de pesos al año. Además, cuenta con un extensivo sistema de pozos que abastecen el 68% del agua restante, causando un déficit en el acuífero de 64 mil hm3, lo que equivale al abastecimiento de agua para medio millón de habitantes al año. Esto causa estragos en el acuífero, provocando que el nivel de agua de este decaiga hasta 1.4 metros al año.

A pesar de estas importantes labores para traer agua al estado, cerca del 43% del agua se pierde en las redes de distribución en fugas en las zonas urbanas del estado. Estas fugas son poco controlables ya que solo 3 ⁄ 4 partes de la red cuenta con medición. Aunado a esto, es notable que hay un camino por recorrer en materia de tratamiento de aguas residuales, ya que de momento solamente se tratan el 77% de las aguas residuales, y de ellas solo el 35% es reusado, principalmente para el riego de áreas verdes.

Así, ante el inminente impacto del cambio climático y la actual crisis hídrica que azora el país, Querétaro debe anteponer estrategias contundentes para eficientar la gestión del agua, y promover un uso más sustentable de sus recursos hídricos.

Ley de Aguas de Querétaro

Ante este escenario, el 1 de julio de 2022 entró en vigor la reforma a la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, aprobada por el Congreso local el 20 de mayo del presente año.

En esta actualización de la ley se sientan las bases para incentivar la participación de los sectores social y privado en la dotación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. A su vez, se establecen los procedimientos para otorgar concesiones de agua, aspecto que ha generado controversia y ha movilizado a la ciudadanía en las calles.

Si bien la ley establece estrategias que abonan positivamente a la gestión integrada del agua en la entidad como la consolidación del Sistema Estatal de Agua (un conjunto de instrumentos, estrategias y políticas de planeación y gestión de los recursos hídricos), la ley también contempla la posibilidad de otorgar concesiones para la gestión del agua.

Estas concesiones por parte de entidades privadas podrán ser adjudicadas por un periodo de 20 años, con la posibilidad de ser prorrogables por un periodo igual. Estas concesiones permiten que un privado se encargue de la dotación de agua, la gestión de la infraestructura, la instalación de medidores domésticos de agua, y toda la labor administrativa del agua, como el cobro de derechos de agua y la atención a usuarios.

Reforma a la ley: solución o problema

Indudablemente, la participación privada en la prestación de servicios tiene enormes oportunidades para mejorar la gestión del agua. La participación privada permite mejorar la eficiencia de la red para disminuir las pérdidas y fugas, así como potenciar la inversión en tecnología e infraestructura, lo cual aporta enormemente al uso sustentable de los recursos hídricos.

La inversión privada promueve el incremento en la cobertura de los servicios y la infraestructura, así como una mejor cultura del pago, respaldada por la continuidad y certeza del suministro del agua. Además, se impulsa la planeación y financiamiento a largo plazo, algo que contrasta notablemente con la inversión pública que, debido a la perspectiva trienal de los distintos locales, no siempre cumple con una visión a largo plazo, indispensable para la sustentabilidad en el sector hídrico.

Sin embargo, las concesiones provocan inevitablemente sesgos en la transparencia en la gestión del agua, así como en las operaciones y contraprestaciones entre el privado y las instituciones públicas. En muchos casos, la tercerización de servicios de agua a privados permite que la prestación de servicios de agua se estanque a largo plazo, y se estandarice la mediocridad de los servicios en calidad y regularidad.

Comúnmente la tercerización de los servicios de agua potable provoca un profundo descontento social debido al temor —infundado o no— de que las tarifas de agua aumentarán y se privatizará el agua. Lo que es cierto es que, en muchos casos, los esquemas de participación privada en el agua no cuentan con sistemas eficientes para la regulación, control y observancia de la parte privada, permitiendo que los privados sostengan prácticas que privilegien la rentabilidad sobre la calidad del servicio.

La falta de integridad en los sistemas de control del estado, promueven ecosistemas en donde se dejan a la población desprovista, en muchos casos, de herramientas para la exigencia oportuna y contundente de su derecho humano al agua.

Indudablemente, en todos los casos en donde se plantee una participación privada en el sector hídrico, deberá de consolidarse una robusta entidad reguladora de las empresas concesionarias o prestadoras de un servicio con el fin de vigilar la observancia de los estándares de calidad, cantidad, continuidad, eficiencia y asequibilidad del servicio e infraestructura del agua en una localidad.

Si bien la nueva reforma a la Ley de Aguas de Querétaro establece, en su artículo 44 la consolidación de un órgano interno de control, resulta elemental la estricta vigilancia por parte de todos los actores del ciclo del agua para asegurar la transparencia del esquema de concesión, así como una estricta rendición de cuentas en materia de inversiones y de calidad del servicio. La participación ciudadana y la vigilancia de terceros interesados es fundamental para que este esquema funcione en Querétaro.

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