No sería mala idea que Jair Bolsonaro le eche un fonazo a Donald Trump para que le aconseje qué hacer cuando te investigan por estar detrás de un asalto al gobierno, pues resulta que durante la tarde del viernes —13 de enero— el Tribunal Supremo de Brasil dio luz verde para investigar al expresidente brasileño por su presunto papel en el asalto a las sedes de los tres poderes que ocurrió el pasado domingo —8 de enero—.
Como recordarás, la semana pasada te contamos que dos días después de la invasión a los tres poderes, el político ultraderechista subió un video a sus redes sociales que eliminó a los pocos minutos. En este se podía ver a un fiscal bolsonarista que ponía en tela de juicio el resultado de las últimas elecciones, donde Lula da Silva ganó. Sin embargo, su video se volvió viral y, por ende, provocó numerosos ceños fruncidos en el tribunal brasileiro, donde se está considerando si esto podría servir como prueba de que Bolsonaro tuvo algo que ver con este atentado.
Frente a esta situación, la Fiscalía General le sugirió al poder Supremo que emita una orden para que Meta —pssst! la compañía que es dueña de Facebook— conserve el video de Bolsonaro y elimine el perfil del expresidente en esta red social.
Otro chismecito que está bueno contarte es que, a pesar de que el mandato presidencial de Bolsonaro terminó el día de Año Nuevo, este continúa presentándose en su bio como "presidente do Brasil". Todas estas pesquisas las está liderando el magistrado, Alexandre de Moraes, que no quiere dejar ningún cabo suelto.
De hecho, este sábado —14 de enero— el Tribunal ordenó la detención de Anderson Torres, el exministro de Justicia en tiempos de Bolsonaro que, durante el asalto de los grupos extremistas solía desempeñar el cargo de secretario de Seguridad Pública. Esto después de que la policía registrara su casa y encontrara un borrador de decreto presidencial que proponía un golpe de Estado en el que se negaban los resultados de los comicios en los que ganó Lula. Ahora, Torres se encuentra esperando el veredicto de su futuro jurídico en uno de los cuarteles de la Policía Militar, ubicado a las afueras de Brasilia.
