Eso fue la gota que derramó el vaso...
Su caso terminó rondando por los pasillos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y finalmente, a mediados de esta semana, el alto tribunal emitió una sentencia. Además de darle un jalón de orejas a México, le ordenó que se elimine la prisión preventiva oficiosa de las leyes mexicanas —psssst! una medida que le da chance a las autoridades de meter a alguien al bote sin que haya pruebas que indiquen que cometió un delito grave como violencia sexual, homicidio doloso, feminicidio o delincuencia organizada—. También lo mandó a "adecuar" su Constitución para que cumpla con los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos.
¿Y ahora qué procede?
Como las sentencias del tribunal internacional son vinculantes, tanto el Gobierno de México como la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán ponerse las pilas y hacer la tarea que la CIDH les dejó. Incluso durante la tarde de este miércoles —12 de abril—, el gobierno se comprometió a cumplir con el fallo.
¡Ojo! Pues este es un tema que no se solucionará de la noche a la mañana. Tristemente, hay miles de personas que a pesar de no contar con una condena, se encuentran en prisión. Aunque no te podríamos dar el número exacto de cuántas personas se encuentran atravesando este tipo de situación, pues el gobierno no ha revelado este tipo de estadísticas, sí te podemos asegurar que el proceso no sería inmediato, pues cada recluso o reclusa debería contactar a un abogado que se encargue de solicitarle a un juez que revise situación.