La Comisión Nacional de Derechos Humanos —CNDH, para los cuates— se puso las pilas y durante la noche del martes —21 de marzo— presentó un informe en el que relató sus conclusiones respecto al tiroteo en Nuevo Laredo el pasado 26 de febrero, en donde un grupo de uniformados dispararon sin provocación alguna contra siete jóvenes que venían en una camioneta, terminando con la vida de cinco de ellos.
Al respecto, la dependencia liderada por Rosario Piedra Ibarra, dijo que los soldados hicieron un "uso excesivo de la fuerza" que no estaba acorde con los códigos de las Fuerzas Armadas, ni con los estándares internacionales. También agregó que los muchachos no portaban armas en el momento del ataque.
Dentro del documento, se encuentra nueva info que expone las declaraciones de los cuatro militares que fueron señalados por abrir fuego contra los jóvenes que iban saliendo de un antro. Según sus relatos, uno de los uniformados —al que el informe se refiere como AR3—, que estaba a cargo de la ametralladora instalada en la parte trasera del vehículo militar, fue quien comenzó a disparar contra la camioneta y tres de sus compañeros lo siguieron.
Otro detalle que es importante mencionar es que los cuatro testimonios contradicen la versión que dio el oficial al mando del convoy, el capitán Elio N. Aunque los uniformados aseguraron que en efecto escucharon disparos, ninguno de ellos sugirió que provenían de la camioneta de los muchachos. Asimismo, algunos testimonios comentaron que notaron movimientos extraños dentro de su vehículo, una vez detenido, después de chocar y que los muchachos apagaron la luz interior.
Lo último que se supo sobre el paradero de estos militares es que se encuentran tras las rejas de una cárcel militar ubicada en Ciudad de México. Respecto a esto, la CNDH señaló que la FGR ya solicitó que se formulara su imputación. ¿Bajo qué cargo? Ve tú a saber, ese fue un detallito que la instancia omitió aclarar.
Ya que el órgano derechohumanero evitó investigar la posible responsabilidad de los altos mandos militares que estaban a cargo de los uniformados acusados. Además, la instancia ni siquiera quiso hablar del rol que tuvo la Sedena en el hecho, ni tampoco de la estrategia de seguridad de los gobiernos. Únicamente se limitó a criticar a la dependencia y las acciones de sus elementos, alegando que “no solo dejaron en estado de indefensión a las víctimas y a sus familias, sino que afectaron a la sociedad en su conjunto, pues con su conducta vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y a la vida”.
Quien se mostró insatisfecho ante el contenido de este informe fue el director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, que salió a decir que este documento "no cuestiona la cadena de mando y que, además, omite los tratos crueles y degradantes que sufrieron (los supervivientes) Luis Gerardo y Alejandro”.
