Se imputó a 22 militares colombianos por participar en la muerte de al menos 300 personas a las que hicieron pasar por guerrilleros o delincuentes.
El día de ayer, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia dio a conocer algunos de los terribles crímenes que por 3 años, del 2005 al 2008 para ser exactos, realizó una fracción de los miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional. Lo que solía ser parte del del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en realidad operaba como una organización criminal, ya que planeó, ejecutó y encubrió el asesinato de 303 personas inocentes.
Hicieron pasar a mujeres, adultos mayores, hasta personas en condición de discapacidad por guerrilleros o delincuentes que disque murieron en enfrentamientos con la Fuerza Pública. Fue tal la producción de dicha estafa que hasta llegaron al grado de tener un "kit de legalización" que consistía en sembrarle a las víctimas armas, municiones e incluso prendas para que luego pudieran ser presentadas extrajudicialmente como "bajas en combate".
Para acabarla de amolar, las autoridades detectaron que más de 140 millones de pesos colombianos (unos 32.000 dólares), que provenían de recursos públicos, sirvieron para financiar dichas acciones criminales. Se supone que este dinero estaba destinado a financiar una lucha de antiextorsión y antisecuestro de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, pero en realidad fueron destinados para financiar a los reclutadores, desplazarlos y comprar armas que después terminarían siendo implantadas en personas inocentes.
Por primera vez en la historia, la Jurisdicción Especial para la Paz incriminó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 exmilitares, así como al exdirector del DAS y a dos civiles reclutadores.
Luego de ser notificados, los incriminados contarán con 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad o rechazar los cargos de los que se les acusa. Después de este plazo, la Jurisdicción Especial para la Paz decidirá la fecha en la que se llevará a cabo una audiencia pública de reconocimiento de estos crímenes. En caso que los imputados nieguen su participación en estos delitos, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.
