A la fecha, México y su ciudadanía nos encontramos en la encrucijada de la crisis climática: la progresividad de las olas de calor, las sequías e inundaciones, son efectos que demuestran que algo está cambiando sin indicios de retroceso. Sobre esto, organismos internacionales señalan la necesidad de redoblar esfuerzos en materia de mitigación, adaptación y resiliencia, así como de protección al medio ambiente y el equilibrio ecológico. No obstante, el engranaje de esta crisis también requiere de otras herramientas fundamentales para accionar ante ella.
Y es que, aunque nuestro país suma una batalla que se había pensado conquistada, ahora el Gobierno federal, en retroceso, nos acomoda a dar dos pasos atrás en otros rubros para responder por algo que se consideró como un derecho garantizado: el acceso a la información pública y la transparencia.
Durante los últimos meses se han seriado acciones que nos hacen entender una estrategia dirigida por el Gobierno federal en contra de la transparencia y el acceso a la información pública, diversificada en tres líneas de acción: a) La insistencia sistemática por inhabilitar al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI); b) El uso de facultades presidenciales para determinar a proyectos y obras como de interés público y de seguridad nacional, a pesar de su inconstitucionalidad; y c) Proyectos legislativos que van en consonancia con los puntos previamente mencionados.
El asedio contra del INAI
Desde marzo del 2022, el Instituto no cuenta con su pleno completo para sesionar de forma correcta como lo determina la ley. En la actualidad, cuenta con cuatro comisionados, lo cual manifiesta una parálisis parcial que le ha impedido cumplir con sus disposiciones. A la fecha, hay más de 7,000 de estas sin ser atendidas.
Esto es consecuencia de múltiples acciones desempeñadas por el presidente de la República y los senadores de su partido. El primero, hizo uso de su facultad de veto para rechazar una votación en el Senado para designar a dos de los comisionados antes del cierre del periodo ordinario en la Cámara Alta. Los segundos, han fragmentado acuerdos para designarles, tanto al término del periodo ordinario como durante la actual Comisión Permanente, así como la negativa a iniciativas e incluso mandatos judiciales que convocan a un periodo extraordinario para desarrollar la votación.
Lo que diga mi dedito
En la penúltima sesión del periodo ordinario de la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena, sin discusión y con dispensa de trámites aprobaron dos iniciativas de con el propósito de promover que los títulos de asignación a entidades paraestatales sean entregados de forma directa por el presidente y con vigencia indefinida, así como la disposición de referenciar las obras en materia ferroviaria bajo los supuestos de Interés Social y Seguridad Nacional.
Es este sentido, el presidente ya había emitido un acuerdo en noviembre del 2021 para considerar a los proyectos y obras del Gobierno federal de interés público y de seguridad nacional, al pretender “blindarles” por considerar que revelar información en la materia podría comprometer la seguridad del Estado Mexicano. Ante esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en mayo del 2023 su invalidez ya que generaba un supuesto de reserva de información mediante un acto administrativo, y no por ley, contraviniendo la Constitución, así como afectar la facultad del INAI de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
En respuesta, desobedeciendo la resolución de la SCJN, el presidente nuevamente publicó un decreto con la insistencia de blindar a las obras y proyectos prioritarios bajo los mismos principios. Estos proyectos resultan ser el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos internacionales de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo.
Él que no tiene nada que esconder, no tiene nada que temer
Diversos colectivos, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas han denunciado que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha negado información en relación con dichos proyectos bajo los términos de la Seguridad Nacional. Ante solicitudes de las Manifestaciones de Impacto Ambiental, siendo documentos de necesidad previa para dar inicio de obras, que estiman las viabilidades de los proyectos y sus posibles afectaciones. Por ejemplo, en diferentes tramos del Tren se han iniciado trabajos sin haberlos presentado previamente, así como en el desarrollo del Hotel Militar de la Reserva de la Biosfera de Calakmul.
La defensa del medio ambiente termina viéndose limitada en un país que en los años más recientes se ha convertido en el lugar más peligroso para defender el territorio y a la naturaleza. En el 2021 fueron asesinadas 52 personas activistas, ahora no sólo se trata de una batalla para detener el deterioro, sino por recuperar un derecho que se pensó conquistado: el acceso a la información pública.
