Le siguen sacando sus trapitos al sol a Genaro García Luna que, como recordarás, fue declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada el pasado febrero. Esta vez, El País le echó un ojo a unos contratos que revelan que el exsecretario de Seguridad Pública estuvo detrás de un negocio en el que vendió equipos de espionaje a la Procuraduría General de la República —que hoy en día es la Fiscalía General— durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
De hecho, en ese entonces la PGR estaba encabezada por Jesús Murillo Karam (actualmente encarcelado por el caso Ayotzinapa), quien compró el equipo de vigilancia telefónica a la empresa israelí NICE Systems Ltd, con la que Luna tenía tratos, ya que pertenecía a sus amigos, los Weinberg. Más tarde, la dependencia contrató a otra empresa llamada Nunvav Inc., de la que García Luna también se beneficiaba, para supuestamente mantener otros equipos de espionaje llamados "Sistema Laguna", fabricados por la compañía estadounidense Spectra Group. ¡Imagínate! Por este contrato, Luna se embolsó unos 2.7 millones de pesos.
El exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón terminó juntando unos cinco millones de pesos (unos 250,000 dólares) gracias a todo este chanchullo. Tal y como lo mencionó Luis Fernando García, director ejecutivo de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) a El País, es común que empresas como Nunvav vendan "servicios" de espionaje a las agencias de seguridad del gobierno, lo cual les garantiza un flujo constante de varo —obtenido de recursos públicos— ya que argumentan que necesitan actualizar los equipos y/o darles mantenimiento. Además, como son temas de seguridad nacional, las autoridades pueden mantener todos esos contratos en secreto.
A pesar de que la administración del presidente López Obrador se presentó hace unos meses ante un tribunal de Florida para acusar al superpolicía de desfalcar cientos de millones de pesos del erario público a través de contratos entre sus empresas y dependencias públicas, no incluyeron estos contratos en la demanda preparada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
