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La Guardia Nacional: una institución que no mide su fuerza

Si todos los elementos están capacitados, ¿por qué hay un uso excesivo de la fuerza? Si los protocolos son tan claros, ¿por qué no se siguen?

Este texto fue escrito en colaboración con el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

El 27 de abril de 2022, la Guardia Nacional asesinó a un estudiante de la Universidad de Guanajuato en Irapuato. Así de simple.

La Historia Oficial, que es conveniente —como de costumbre— para la autoridad, dicta que algunos elementos del cuerpo militarizado estaban investigando el delito de “huachicol” —la extracción ilegal de combustible— en un gasoducto cerca de la ciudad. Ahí ubicaron un automóvil estacionado en un camino de terracería que, al ver a la fuerza, procedió a retirarse precipitadamente. Fue en ese momento cuando un elemento de la Guardia Nacional abrió fuego unilateralmente —eso dice el comunicado que publicó la institución— y mató a este joven, e hirió a su acompañante.

Este elemento, a pesar de haber actuado en solitario y no seguir los protocolos establecidos, fue liberado tres días después. Quizá esto debería sorprendernos más, pero la realidad es que no. Sería mucho más tranquilizador —aunque no menos frustrante y desesperanzador— si este fuera un caso aislado. Hacer un pequeño recuento es todo lo que hace falta para darnos cuenta que esto no es así.

En noviembre del 2021, una camioneta que transportaba migrantes en Chiapas no se detuvo cuando elementos de esta institución así lo indicaron. Los uniformados abrieron fuego y mataron a un hombre de origen cubano.

En febrero de este año, Juan Carlos huyó de la Guardia Nacional en el cruce fronterizo de Ciudad Juárez y su destino fue el plomo. Si algo tienen en común estos casos, además del uso letal de la fuerza, es que las víctimas huían de la Guardia Nacional.

Lo revisado, si bien es grave, es todavía más impactante al revisar lo establecido en la Ley Nacional del Uso de La Fuerza (2019), ya que esta debe regirse de manera proporcional y legítima: es decir, solo puede usarse la fuerza letal cuando es absolutamente necesario y agotando todas las demás opciones.

Otros criterios establecidos incluyen que: todos los elementos deben de estar capacitados (capítulo X), todos los operativos deben de ser planeados (capítulo VIII), los casos e incidentes deben ser documentados y reportados (capítulo IX) y siempre debe considerarse el principio de rendición de cuentas (capítulo II, artículo 4, fracción V).

Con respecto a incidentes como el ocurrido en Chiapas y a lo establecido en la ley, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, presentó una solicitud de transparencia a la Guardia Nacional (con el folio 332259822000271) preguntando acerca de la cantidad de veces en las que la institución ha usado fuerza letal en contra de personas migrantes en el periodo 2019-2021.

Si bien se reporta lo acontecido en Chiapas a finales del año pasado, se indica que no hubo fallecidos. Sin embargo, sabemos que eso es falso —gracias al Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el SE Mexicano—. Más allá de este suceso, solo se reporta un incidente más, y ningún caso durante 2019 y 2020.

Ante esta situación, se presentó otra solicitud de transparencia (con el folio 332259822000272) para que indicaran los incidentes donde hubo uso no letal de la fuerza. La Guardia Nacional reportó que no tenía ningún caso registrado. Ignoraba, por ejemplo, el enfrentamiento que tuvieron contra una caravana migrante en Tapachula que dejó decenas de lesionados.

Al saber que la respuesta de la institución era de veracidad dudosa, el Programa presentó una queja ante el INAI, que dio la razón a esta demanda e instó a la Guardia Nacional a hacer una “búsqueda amplia y exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes” en un plazo de diez días hábiles.

En respuesta a esto, la Guardia Nacional explicó que no cuentan con datos relacionados a la pregunta porque ellos, simplemente, no “utilizan la fuerza en contra de los migrantes”. Esto tampoco es verdad. Sabemos, gracias al último informe de Bajo la Bota, que la institución no solo usa la fuerza contra personas migrantes, sino que lo hacen de forma unilateral y sin el acompañamiento de agentes del Instituto Nacional de Migración.

Después de otra solicitud de información, esta vez preguntando por incidentes en contra la sociedad civil en general (folio 332259822000231) y otra queja con la que el INAI estuvo de acuerdo (resolución RRA 3945/22), el cuerpo uniformado declaró que solo han hecho uso de la fuerza no letal en una ocasión: en Chihuahua, en el 2020, donde tras un enfrentamiento con manifestantes que exigían el cierre de agua en la presa La Boquilla, una mujer murió, “desmintiendo” el catalogado caso como uno donde no se usó la fuerza letal. Una vez más, la información presentada por la Guardia Nacional es, a todas luces, falsa.

Ante esta situación de falta de información y de cooperación por los canales institucionales, el 26 de abril de 2022 realicé una entrevista a un elemento de la Guardia Nacional que decidió hablar desde el anonimato y a título personal. A grandes rasgos, este ejercicio tuvo como objetivo indagar un poco más en los procesos internos relacionados con la regulación del uso de la fuerza, es decir, desde cómo se toma la decisión de cometer un acto de esta magnitud, hasta cómo se lleva a cabo la investigación interna si es necesaria. Durante la duración de nuestra conversación, el uniformado se apegó a lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.

El guardia nacional estableció que cada elemento debe determinar el tipo de uso de la fuerza que se ejerce según la situación en la que se encuentra. Asimismo, el entrevistado nos compartió un video de un policía municipal en San Luis Río Colorado, Sonora, que fue a atender un caso de violencia doméstica en donde el perpetrador se abalanzó sobre el elemento con un cuchillo.

El uniformado, después de intentar calmar la conducta del agresor y no lograrlo, le abatió con cinco disparos. La familia de la víctima procedió a esconder el cuchillo en su hogar. Tras una investigación, se determinó que el caso expuesto es el de Martín “N”, de 43 años de edad. Martín murió momentos después de que el video fue capturado. No era la primera vez que este individuo era señalado por violencia doméstica. El agente se refirió a este asesinato como una “neutralización”.

Después se refirió a las distintas ópticas que pueden analizar dicho suceso. Dijo que si este video no hubiera sido grabado, el policía se habría metido en problemas, ya que sus compañeros no hubieran encontrado el arma de la víctima. También mencionó que el uso de la fuerza puede ocurrir en cualquier momento y que siempre es importante tener evidencia.

Lo que sí mencionó el agente de la Guardia Nacional, a través de la entrevista, es que los elementos deben de estar capacitados para tomar decisiones basadas en los protocolos sobre el uso de la fuerza establecidos en la ley. Todos los efectivos deben de saber que el empleo de la fuerza debe ser siempre gradual. El personal tiene la obligación de documentar su actuación en uno de estos casos a través de fotografías, videos o testimonios.

El entrevistado también habló de la importancia de las fuentes ciudadanas para la documentación de estos casos. Al preguntarle qué pasa si no existe esta documentación, el entrevistado simplemente explicó que esto afecta al elemento, pues no se puede defender correctamente en caso de una investigación, pero no profundizó más.

El uso de la fuerza es indebido cuando no es gradual o no sigue los protocolos, explicó el agente entrevistado. Si un ciudadano se llegara a encontrar con casos de abuso del uso de la fuerza, lo debería reportar a la Dirección de Asuntos Internos de la institución, cuya investigación se remitirá a las instancias correspondientes con una serie de recomendaciones aunque, convenientemente, no son vinculantes. Las denuncias se pueden realizar al 088, por correo (cnac@gn.gob.mx) y por Twitter (@CNAC_GN).

El elemento de la Guardia Nacional piensa que con los criterios establecidos en la ley así como la profesionalización y la capacitación constante —tanto teórica como práctica—, es posible garantizar la seguridad y los derechos humanos de los elementos y de la ciudadanía. Sin embargo, la versión del entrevistado contrasta con la de varios elementos entrevistados por Animal Político: los activos de la Guardia Nacional creen que el salto de militar a policía, con todo lo que esto implica —como la pérdida del fuero militar—, no es fácil debido a una evidente falta de capacitación técnica para los elementos de la Guardia Nacional.

Las instancias que brillaron por su ausencia en esta entrevista fueron las fiscalías generales y estatales y los ministerios públicos. El uniformado no los mencionó como posibles investigadores de estos abusos ni como receptores de denuncias ciudadanas.

Quizá no tiene sentido hacer esta indagación de un cuerpo que evidentemente no quiere ser investigado. Lo que sí debemos preguntarnos es dónde está esta desconexión. En todos los casos aquí revisados —el de los alumnos, el de Juan Carlos y el de los migrantes— el uso de la fuerza no fue gradual. La respuesta al miedo fueron los balazos.

Si todos los elementos están capacitados, ¿por qué pasa esto? Si los protocolos son tan claros, ¿por qué no se siguen? Si la Guardia Nacional documenta todo… ¿dónde están los datos? Debemos seguir en la búsqueda por la verdad.

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