Este lunes 24 de abril, la Suprema Corte de Justicia de México aprobó que la Guardia Nacional pueda realizar labores migratorias. Esto les da luz verde para llevar a cabo un montón de tareas que pueden ir desde revisar los documentos de extranjeros en todo el territorio nacional y detenerlos si es necesario para llevarlos a centros del Instituto Nacional de Migración (INM) que, por cierto, también serán supervisados por ellos.
La noticia se da en el marco de una caravana de 3,000 migrantes que decidieron salir de Tapachula, al sur de México, en busca de una vida mejor en los Estados Unidos el domingo 23 de abril. La caravana marcha sin miedo a pesar de enfrentarse al gobierno de López Obrador, que ha sido señalado por su participación en el incendio de un centro de detención en Ciudad Juárez en el que fallecieron 40 personas. Los migrantes llevan pancartas con mensajes denunciando estos hechos, los cuales calificaron como un crimen de Estado.
Es un logro. Ya que significa que están dejando atrás la "cárcel a cielo abierto" que es Tapachula, una ciudad que parecía no querer dejarlos ir, pues los mantenía retenidos, viviendo en condiciones inhumanas y obstaculizando su travesía con trámites burocráticos y amenazas de captura y deportación para aquellos que intentaban salir del estado de Chiapas.
Fíjate que desde 2019, Tapachula se ha convertido en el epicentro de una crisis humanitaria, albergando migrantes de diversas partes del mundo: Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Asia y África. Actualmente, activistas locales estiman que en la ciudad hay aproximadamente 40,000 migrantes atrapados, que están esperando una visa humanitaria o estatus de refugiado. Otros, en cambio, han optado por quedarse y trabajar por salarios de apenas 100 pesos al día (equivalentes a unos cinco dólares).
