Israel aprobó una ley contra árabes condenados por terrorismo que recibieron ayuda de la AP

No está de más contarte que, en 2018, Israel aprobó una ley que le da chance al gobierno de retener la misma cantidad de dinero que se estima que la Autoridad Palestina le entrega a las familias de los presos palestinos. Además de que la corte suprema israelí dictaminó el año pasado que el estado podía quitarle la ciudadanía a las personas que habían sido condenadas por actos que constituyen una “violación de la lealtad”, incluidos el terrorismo, el espionaje y la traición.

El asunto tiene dos caras

El asunto es que, la ley quiere frenar los envíos de dinero que llegan desde Palestina a estos condenados, que para Israel son considerados “pagos por asesinar” después de que cometieron algún crimen de esa magnitud. Según una nota del proyecto, es inconcebible que estos ciudadanos hayan “accedido a recibir un pago de la Autoridad Palestina como salario por cometer el acto de terrorismo”.

Aunque, por otro lado, las familias palestinas ven estos envíos como una ayuda económica a sus arrestados en Israel.

Sea como sea, lo que sí tenemos seguro es que esta medida podría afectar a 140 ciudadanos israelíes con ascendencia palestina y a 211 palestinos de Jerusalén Este con permisos de residencia israelíes, según el grupo de derechos humanos HaMoked. Ojo, que el derecho internacional consideraría como crimen de guerra la deportación de personas de Jerusalén Este, que Israel anexó en 1967.

Se armaron los dimes y diretes

Por un lado, Ahmad Tibi, líder del partido opositor Ta'al, salió a defender los derechos de la minoría árabe de Israel y tachó a este proyecto de ley como “racista”, pues no aplica a los judíos condenados por terrorismo. “Un árabe que comete un delito es un ciudadano condicional”, dijo. “Si un judío comete el mismo delito o uno más grave, ni siquiera piensan en revocarle la ciudadanía”.

Mientras, Kadoura Fares, la líder del club de prisioneros palestinos —un grupo con sede en Cisjordania que representa a los prisioneros y sus familias— dijo que la ley era una "decisión muy peligrosa que tiene como objetivo trasladar a los palestinos de sus ciudades y pueblos con el pretexto de obtener beneficios sociales de la Autoridad Palestina”.