Luego de que el régimen de Nicaragua liberó a 222 presos políticos, decidió imponer una condena de 26 años de prisión al obispo Rolando Álvarez, uno de sus más grandes opositores. Las autoridades controladas por Daniel Ortega lo acusaron por los delitos de “traición a la patria”, “menoscabo de la integridad nacional” y por “propagar noticias falsas”. Por si fuera poco, le quitaron la nacionalidad nicaragüense. La sentencia se la leyeron el viernes, en un claro intento por silenciar a quien ha sido la voz más crítica del gobierno dentro de la Iglesia católica.