¿Qué fue lo que pasó?
A casi seis meses de que ocurrió el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico dentro de una iglesia en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, el Estado mexicano sigue haciéndose bieeen pato en las investigaciones.
Tal cual eso fue lo que percibieron tres miembros del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con la respuesta del gobierno mexicano a su petición formal —que enviaron a un mes de que ocurriera el crimen— para que les dijeran los avances en las investigaciones del caso de los dos sacerdotes y el guía asesinados. Tenían 60 días para responder, y a dos días de que terminara el plazo su respuesta se quedó corta.
Al buen entendedor ¿pocas palabras?
A pesar de que la respuesta por parte de México fue escueta, dio mucho de qué hablar. En tan sólo cuatro páginas hicieron un recuento de toda la información —que ya era pública— sobre las investigaciones que hicieron para dar con José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, un sujeto al que consideran como el principal sospechoso pero que, hasta ahora, continúa en calidad de prófugo.
Por otro lado, las autoridades reiteraron que, por más que buscaron a los familiares de las víctimas, no lograron dar con ellos pero mencionaron que están más que dispuestos para brindarles el apoyo que necesiten.
Asimismo, explicaron que apoyaron a un testigo del suceso con protección, entrevistaron a personas para que identificaran los cadáveres de las víctimas, hicieron diversos procedimientos periciales como necropsias y decomisaron un vehículo que estuvo involucrado en el caso. Por último, señalaron que no encontraron ningún registro sobre amenazas contra los sacerdotes, algo que resulta irónico si recordamos uno de los correos que se filtró en el #SedenaLeaks donde clarito se demuestra que el Ejército conocía de pe a pa el modus operandi de El Chueco”.
Lo más triste de todo es que todas estas acciones resultaron más que suficientes para México, pues terminó el informe pidiéndole a la ONU que ya se dé carpetazo al asunto.
Una respuesta lamentable
A través de un comunicado, el Centro Prodh lamentó la respuesta del Estado mexicano. Sus palabras fueron: “A casi seis meses, el Estado mexicano ha sido incapaz de presentar al perpetrador ante la justicia y la situación de la sierra Tarahumara no ha mejorado”.
Un pasito para atrás
En caso que ya no recuerdes, a finales de junio te contamos que unos sujetos armados irrumpieron a balazos en una iglesia para asesinar a los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora. Ellos estaban resguardando al guía de turistas Pedro Palma, a quien presuntamente estaban persiguiendo y quien también murió en el ataque. Este crimen provocó indignación por parte de la Iglesia católica que alzó la voz y cuestionó la estrategia de seguridad del gobierno de AMLO. Por otra parte, Acnur, la Ibero, la Compañía de Jesús y el Episcopado exigieron justicia.