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Artículo 325


Raquel López-Portillo Maltos

@rak_lpm

 

Mariana Lima tenía apenas 29 años cuando su vida le fue arrebatada en junio de 2010. Su gusto por las fiestas, por salir con su familia y amistades, y su vocación por el Derecho terminó cuando conoció a Julio César Hernández Ballinas, policía judicial del Estado de México, con quien se casaría luego de dos años de noviazgo. Los focos rojos que su madre Irinea vio desde el inicio de su relación, se materializaron en 540 días de golpes, insultos y amenazas. La última vez que Irinea vio a su hija con vida, le había dicho que dejaría a Julio César, retomaría su carrera y buscaría un trabajo. Al día siguiente, Julio César le informó que Mariana se había ahorcado. Su cuerpo tenía marcas de golpes, aunque ninguna en el cuello; la cuerda que supuestamente había empleado para suicidarse había desaparecido; las autoridades no acordonaron el lugar ni reunieron pruebas, pese a los protocolos de investigación; no se emitió acción penal alguna en contra de Julio César. 

Si no hubiera sido por la lucha incansable de Irinea y de las organizaciones de la sociedad civil que la acompañaron, el asesinato de Mariana se hubiera mantenido impune. Después de un largo proceso, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, la máxima autoridad jurídica del país. Luego de admitir que había existido una evidente obstrucción de justicia, se ordenó una nueva investigación en la cual se determinó que Mariana había sido asesinada por su esposo, quien la había estrangulado. Pese a que nada de esto le devolverá a su hija, Irinea encontró el sentido de justicia que buscaba.

Esta sentencia, junto con otras como la del campo algodonero sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, han fungido como referentes clave en la impartición de justicia con perspectiva de género y en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Pese a todos los avances que se han construido en esta materia, el día de ayer el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, propuso eliminar el delito de feminicidio del código penal. Durante una reunión plenaria con las y los diputados federales de MORENA, el fiscal afirmó que actualmente es muy difícil para el Ministerio Público acreditar el delito, por lo cual sería mejor convertirlo en una agravante del homicidio. Luego de esta declaración, diputadas, activistas y otros actores de la sociedad civil se pronunciaron en contra de la propuesta. 

Los datos, alarmantes y aterradores, confirman la naturaleza desafortunada y fuera de lugar del planteamiento de Gertz Manero: México es el segundo país con mayor tasa de feminicidios en América Latina; de enero a septiembre de 2019, 2,833 mujeres fueron asesinadas en el país, aunque solo 726 casos (25.6%) han sido investigados como feminicidios y alrededor de 70% han quedado impunes; finalmente, los feminicidios han crecido en un 111% en los últimos cuatro años, y la tendencia continúa al alza. 

Que los feminicidios se juzguen como un delito específico no es gratuito, encuentra su razón de ser en que la muerte de la víctima cuenta con al menos siete condiciones que la hacen distinta a un homicidio cualquiera: signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones degradantes, antecedentes de violencia, una relación afectiva o de confianza entre el perpetrador y la víctima, amenazas previas, incomunicación de la víctima y exhibicionismo de su cuerpo. Pese a que este delito está tipificado desde el 2012 en el artículo 325 del Código Penal Federal, únicamente 19 estados cuentan con un artículo similar en su código penal local. Esto ha generado que casos claros de feminicidio sean investigados como homicidios comunes. El omitir la perspectiva de género en estos delitos genera una omisión determinante sobre los motivos que causaron la muerte de la víctima y, por ende, una menor probabilidad de que se imparta justicia de manera adecuada. 

Aunque hasta este momento ésta sea solamente una propuesta, que esperemos no pase de eso, es importante hablar de ella por varias razones. La primera es que, en estos momentos, el país está debatiendo la posibilidad de crear un Código Penal Único. Si esto procede, éste regirá a todas las entidades federativas, teniendo serias implicaciones respecto a los delitos que se decidan incluir y los que se determine eliminar. En segundo lugar, es importante por los cambios que, de materializarse, conllevarían en términos punitivos. Actualmente, además de ser castigados con de 40 a 60 años de prisión, los feminicidas cuentan con una sanción fundamental: pierden todos los derechos con relación a la víctima. De eliminarse este delito, se abre la puerta a una reducción de penas, a retaliaciones y a un posible aumento de crímenes, al mandar con sus acciones un mensaje erróneo de que asesinar a mujeres por el simple hecho de serlo no es lo suficientemente grave. Finalmente, es importante por quien lo enuncia. Es imperdonable que el principal encargado de investigar delitos y reparar el daño a las víctimas crea que el mecanismo más importante para castigar la máxima violencia contra la mujer es prescindible. Preferir eliminar este mecanismo a capacitar a los peritos, mejorar los procesos de investigación y tomar medidas urgentes para disminuir los casos de feminicidio habla mucho de las prioridades del Fiscal. 

En un país repleto de fosas clandestinas, con miles de familias destrozadas por la pérdida de sus seres queridos y cientos que caminan con miedo de ser las siguientes víctimas, resulta urgente mejorar lo que tenemos, no echar atrás lo que con tanto esfuerzo se ha conseguido. Para que no haya más madres, como Irinea, llorando a sus hijas. Para que no haya más hijos llorando a sus madres. Para que el grito estremecedor de “ni una menos” sea una realidad.

 


Sobre la autora:

Raquel López-Portillo Maltos es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue Coordinadora General de la campaña HeForShe de ONU Mujeres en su universidad y actualmente es Asociada del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de seguridad, igualdad de género y educación.  Apasionada del flamenco, la fotografía y la literatura. A favor de: el derecho a elegir, el debate, las opiniones sustentadas y la igualdad de oportunidades. En contra de: la violencia, la ignorancia, la mediocridad y las mentes cerradas.

Mercedes Migoya57 Posts

Mercedes Migoya es la directora de Contenido de Telokwento. Es internacionalista y ha desarrollado su carrera en medios de comunicación. Le interesa especialmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y Seguridad Internacional. A favor de: varias libertades, especialmente la de expresión. En contra de: la corrupción, el abuso de poder y la burocracia.
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