Austeridad: un strike para los derechos de los grupos vulnerables


Maite Belausteguigoitia

Maite Belausteguigoitia

@maitebelausteguigoitia

 

La cuarta transformación parecía un homerun para la democracia hasta que le dio un strike a las poblaciones más vulnerables. El juego de la política es tan sucio que perdí la cuenta de cuántas bolas curvas han lanzado los gobiernos a la sociedad en los últimos años. Muchas cosas son confusas para mí, nunca fui buena analizando los deportes. Por ejemplo, todavía no se si estamos en la final, la semifinal o cuartos de temporada de la guerra contra el narcotráfico. El marcador arroja 250 mil muertos(as) y tres partidos políticos que quieren ganar la paz con la guerra.

Es terrorífico que el gobierno y los grupos criminales parezcan más jugadores del mismo equipo que contrincantes, sin embargo, para este artículo me interesa analizar La Ley de Austeridad como otra política de contrasentido. López Obrador impulsó La Ley de Austeridad para reconstruir la institucionalidad republicana y tiene como propósito “hacer eficiente el gasto destinándolo efectivamente al interés general, para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo y la prosperidad de los mexicanos.”

La pregunta del millón: ¿qué definiciones de desarrollo está pensando AMLO? Y sobretodo me interesa analizar en qué medida su interpretación de austeridad se contrapone a la lógica de los derechos y a la construcción de un modelo de desarrollo inclusivo. Al leer la Ley de Austeridad algo me llamó la atención, en ninguna parte del documento vi la palabra “rendición de cuentas”. Es interesante que esta ley no plantee en su formulación uno de los conceptos más esenciales para combatir la corrupción.

Según Scotmainwaring (2013) la rendición de cuentas se refiere a “la obligación que tienen los funcionarios públicos de responder y esta constituye una relación formalizada de supervisión o sanción de los funcionarios públicos por parte de otros actores.” La corrupción no solo se termina haciendo presupuestos o fijando salarios, se necesita facilitar la participación de diferentes actores sociales y vigilar el manejo de los recursos. La rendición de cuentas establece obligaciones claras de transparencia del gobierno hacia la sociedad civil, fortalece a los actores no gubernamentales y por lo tanto a la democracia. Esta es parte del paradigma de los derechos humanos y se encuentra alineada con el concepto de obligación, el cual posibilita identificar las conductas exigibles que el estado necesita llevar a cabo para garantizar los derechos.

El problema de centrarse en la austeridad es que este concepto no responde con precisión a lógica jurídica desde la que se sustentan los derechos humanos. La austeridad es discrecional, excluye el diálogo con los distintos actores políticos y desde ahí se abre terreno para la arbitrariedad. Solo así se justificar el priorizar el baseball por sobre las necesidades sociales más urgentes.La Ley de Austeridad señala que los objetivos de dicha ley no “afectarán, suprimirán, disminuirán o restringirán programas sociales y derechos tutelados en la Constitución y las leyes.” Sin embargo, las acciones del gobierno en los últimos meses indican todo lo contrario.

Los injustificados recortes a las estancias infantiles, a los refugios para las mujeres víctimas de violencia, al sector salud y a la ciencia dan cuenta de un gobierno que no contempla las necesidades de las poblaciones más vulnerables en la toma de decisiones, que amenaza el principio de no regresividad de los derechos y que carece una visión clara de desarrollo a largo plazo. La austeridad se pone por encima de las obligaciones que tiene para garantizar los derechos establecidos en leyes nacionales e internacionales, particularmente los derechos económicos y sociales.

El transferir recursos económicos directamente a la población es una manera de incumplir las obligaciones de garantizar la accesibilidad y la calidad de los servicios que responderían de manera integral a las necesidades específicas. La concentración del poder en la toma de decisiones, la falta de rendición de cuentas, la ausencia del diálogo para la evaluación y la implementación de las políticas son factores que incrementan aún más el nivel de vulnerabilidad de los grupo que necesitan especial protección.                                

La políticas de austeridad son un despropósito si no están enmarcadas dentro de una agenda política orientada por un modelo de desarrollo inclusivo, donde el ahorro que se genera al combatir la corrupción sea destinado para garantizar los derechos de las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad.

 


Sobre la autora:

Maite Belausteguigoitia es psicóloga, maestra en derechos humanos y próximamente comenzará un doctorado en psicología en la
Universidad de Buenos Aires. Tiene experiencia profesional en el Centro de Investigación del ITAM y en consultoría de empresas.
Desde el ámbito psicológico ha trabajado con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad como niños, niñas, adolescentes,
mujeres indígenas, personas con discapacidad, entre otros. Le interesan los temas de psicoanálisis, salud mental, derechos
humanos, infancia y género. A favor de: el pensamiento crítico, el arte como un arma de transformación subjetiva y social, modelos de desarrollo con un enfoque derechos y construcción para la paz. En contra de: el dogmatismo, el racismo, el machismo, la violencia en todas sus formas y la hipocresía. 

Mercedes Migoya1 Posts

Mercedes Migoya es la directora de Contenido de Telokwento. Es internacionalista y ha desarrollado su carrera en medios de comunicación. Le interesa especialmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y Seguridad Internacional. A favor de: varias libertades, especialmente la de expresión. En contra de: la corrupción, el abuso de poder y la burocracia.



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