Cárcel y multas: la punibilidad de la pandemia


Raquel López-Portillo Maltos

@rak_lpm

 

“En caso de que las medidas no sean acatadas por la iniciativa privada, o por algunos grupos, ¿a qué se harían merecedores?” “¿Cómo van a proteger nuestra seguridad las fuerzas armadas?” “¿Habrá sanciones como ya el gobierno de Yucatán plantea para que gente que no respeta el aislamiento sean acreedores de hasta 3 años de cárcel o una multa de hasta $86,000?”. Éstas fueron algunas de las preguntas realizadas por periodistas en la conferencia de prensa sobre el Covid-19 del pasado 30 de marzo. Cada una de ellas confirma la curiosidad cercana al deseo de que el gobierno instaure medidas coercitivas y punitivas con el fin de que el orden sanitario exigido sea cumplido. Sin embargo, este anhelo de seguridad, y el poder gubernamental que conlleva, resulta peligroso. Existe una línea muy delgada entre hacer un llamado para lograr el acatamiento de medidas orientadas al control de la salud pública y la coerción de libertades personales mediante mecanismos autoritarios.

 

Conforme ha evolucionado la pandemia, hemos visto cómo países alrededor del mundo han optado por seguir directrices cada vez más estrictas con el objetivo de frenar el crecimiento del contagio. Francia desplegó a 100,000 policías para reforzar la limitación de contacto social y emitió multas de hasta 135 euros. “Estamos en guerra… estamos luchando no con otro ejército ni en nuestra propia nación. Pero el enemigo está aquí, invisible, intocable y está avanzando”, mencionó Emmanuel Macron. Arabia Saudita anunció multas de hasta 500,000 riyals (116,000 euros) para aquellas personas que no declaren información de su salud y viajes al entrar al país. Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Filipinas y Reino Unido también se sumaron a la implementación de multas y sanciones penales, mientras que países como Chile, Ecuador y Perú instauraron el estado de excepción. Por su parte, Estados Unidos cerró su frontera con Canadá, mientras que planea acelerar la construcción del muro en la frontera con México para “detener el virus”. En el caso de México, pese a que no se ha instaurado un toque de queda, hay estados como Chihuahua y Yucatán en donde las sanciones administrativas y penales ya son una realidad. 

 

Ante esto, cabe destacar que ninguna libertad personal o derecho humano es absoluto. En todo caso existen ciertas restricciones de acuerdo a las circunstancias que lo ameriten, como lo son el peligro a la salud pública o emergencias nacionales. Tomando esto en cuenta, tanto el derecho nacional como el internacional avala que toda restricción a derechos debe ser legal, necesaria y proporcional. Así mismo, debe estar basada en evidencia científica, no puede ser arbitraria o discriminatoria en su aplicación, su duración debe ser limitada, debe respetar la dignidad humana y puede estar sujeta a revisión. Es aquí donde debe haber una crítica a la constante que hemos visto. 

 

Muchas de las medidas restrictivas que se están tomando en el país se basan en el derecho mexicano bajo la figura del “peligro de contagio”. No obstante, dada la complejidad de una implementación uniforme de la cuarentena se da lugar a que se utilicen recursos arbitrarios, discriminatorios y punitivos, especialmente para la población más vulnerable. Suspender por completo las condiciones de trabajo llevará a la miseria a un gran número de la población. Las fronteras cerradas ponen en peligro inminente a la población migrante y solicitantes de asilo o refugio. La cuarentena agrava la condición de víctimas de violencia doméstica. El aislamiento hace a todos y cada uno de estos grupos de la población aún más endebles, principalmente en el acceso a bienes y servicios básicos. 

 

Además de los reajustes sanitarios estamos presenciando también una reconfiguración geopolítica. Especialmente, una contraposición al estilo de la más clásica teoría de relaciones internacionales: poder suave vs. poder duro. El despliegue de asistencia humanitaria como manera de posicionarse frente a la comunidad internacional vs. el reforzamiento de nacionalismos y posturas xenófobas con fines político-electorales, como en el caso de Estados Unidos y Brasil. Las medidas punitivas en sí mismas son un ejemplo de este poder duro en donde se busca reafirmar que la seguridad nacional y de sus fronteras está por encima de todo. 

 

Dentro de este paradigma de seguridad nacional, es evidente que en términos prácticos el apoyo de las fuerzas armadas y policiales es invaluable. En México, éstas serán las encargadas de, por medio de la activación del Plan DN-III, atender a la población contagiada mediante la operación de hospitales y centros de aislamiento, complementando los servicios de salud en el territorio nacional. Mientras que la Secretaría de Marina intervendrá con el Plan Marina, con el cual se atenderán casos graves y centros de aislamiento voluntarios. Sin embargo, otro tipo de acciones como el despliegue arbitrario de soldados sin fines humanitarios, como se ha venido haciendo en otros países, no encuentra lógica ni proporción. 

 

La mayor paradoja es que se está buscando una seguridad que no se logra con balas ni por la fuerza. Que se busca castigar con cárcel a quien no obedezca para que ingrese en un ya abarrotado y riesgoso sistema penitenciario. Estamos tan acostumbrados al castigo como única forma de medida de control que obviamos que esto provoca un círculo vicioso lejano a solucionar los problemas a los que nos estamos enfrentando. El lenguaje mediático y político generalizado está plagado de términos bélicos y militares. La pandemia del Covid-19 no tiene precedentes de equiparable magnitud; por ende, las soluciones a sus consecuencias deben ser igualmente innovadoras y adaptadas a las necesidades emanadas de las circunstancias. 

 

Para lograrlo, las sanciones penales y la suspensión de garantías deben ser la última opción. Los recursos que sí deben ser mediatos son aquellos que garanticen el derecho a la salud y que se destinen a la investigación y a la compra de insumos básicos. Recursos destinados a acciones que permitan amortiguar los efectos económicos que ya se palpan, como el pago de licencias laborales, beneficios fiscales temporales y medidas que protejan al 57% de la población que se desempeña en el sector informal. Velar por las personas en situación de calle, las personas privadas de la libertad y las personas con una discapacidad. Para evitar una catástrofe mayor, las acciones gubernamentales deben estar orientadas a resultados y no a sanciones.

 

 


Sobre la autora:

Raquel López-Portillo Maltos es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue Coordinadora General de la campaña HeForShe de ONU Mujeres en su universidad y actualmente es Asociada del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de seguridad, igualdad de género y educación.  Apasionada del flamenco, la fotografía y la literatura. A favor de: el derecho a elegir, el debate, las opiniones sustentadas y la igualdad de oportunidades. En contra de: la violencia, la ignorancia, la mediocridad y las mentes cerradas.

Mercedes Migoya61 Posts

Mercedes Migoya es la directora de Contenido de Telokwento. Es internacionalista y ha desarrollado su carrera en medios de comunicación. Le interesa especialmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y Seguridad Internacional. A favor de: varias libertades, especialmente la de expresión. En contra de: la corrupción, el abuso de poder y la burocracia.



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