De consultas y derechos


Raquel López-Portillo Maltos 

@rak_lpm

 

El conflicto en Baja California respecto a la duración del mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, dio un nuevo giro el pasado domingo. Siguiendo la propuesta del presidente del Congreso del estado, Catalino Zavala de la bancada de Morena, se realizó una consulta ciudadana con la finalidad de que fueran los bajacalifornianos quienes decidieran si se publica o no la modificación a la reforma aprobada por los diputados para ampliar el periodo a 5 años en lugar de 2, como se había estipulado desde un inicio. Luego de severas acusaciones por parte de la sociedad civil de que la actividad se llevó a cabo con irregularidades, sin organización y bajo una inminente ilegalidad, se anunció el triunfo de la extensión del mandato con un 84.25% de un total de 53,419 votos (de un padrón electoral total de 2,816,510 personas a abril de 2019).

Ésta es tan solo la última de las numerosas consultas ciudadanas que ha impulsado la actual administración. Si bien, es plausible fomentar la participación ciudadana en asuntos públicos, no debe hacerse de tal forma que se obvien los estándares legales mínimos ni que los intereses de una falsa mayoría afecten al resto de la sociedad y al desarrollo democrático e institucional del país. Esto ha ocurrido en la consulta de la Ley Bonilla, cuyo resultado viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Lo mismo pasó en la consulta sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y sobre otros proyectos como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y la termoeléctrica en Morelos, en donde se violan derechos ambientales y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Igualmente en otros casos que, a grandes rasgos, vulneran el derecho a una consulta libre, previa e informada, además de otros principios fundamentales como la legalidad, la no retroactividad y la imparcialidad.

Sin duda alguna, en una gestión pública con un verdadero enfoque de derechos, la participación ciudadana es fundamental al ser uno de los principales pilares de una democracia. Existen diversos mecanismos de democracia directa tales como las propuestas de iniciativa de ley, los referéndums, las consultas, entre otros. En el derecho internacional se vela porque todo actor social sea considerado en el devenir del país, especialmente cuando dichos actores son vulnerables a ser afectados por cierta política o proyecto gubernamental. Esto se encuentra estipulado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Observación General 25 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, solo por mencionar algunos instrumentos. En éstos se genera una serie de obligaciones para los Estados de manera que deban establecer las condiciones necesarias para que las personas ejerzan estos derechos de manera efectiva.

Sin embargo, las consultas ciudadanas recientes no solo han rebasado la esfera normativa nacional, sino que también incumplen los estándares internacionales al respecto. Esto resulta problemático y preocupante principalmente en el sentido jurídico y en el de legitimidad.

Legalmente, además de los instrumentos internacionales mencionados, es la Ley Federal de Consulta Popular la que delinea rigurosamente los actores, procesos e implementación para que sean válidas (aquí y aquí más información sobre la ley). Solo por mencionar algunos requisitos, la SCJN deberá determinar su constitucionalidad; la organización siempre corresponderá al INE; deberá hacerse una difusión imparcial previa; y se hará efectiva únicamente cuando haya participado al menos 40% de los ciudadanos en la lista nominal de electores. Sobra decir que ninguna de las realizadas en estos meses cumple con las especificaciones, canales institucionales o marcos estipulados en la ley. Pese a que se ha dicho que no son vinculantes, la realidad es que sí lo están siendo, sentando un grave precedente de que se pueden tomar decisiones de suma importancia a modo, ilegalmente y sin repercusión alguna.

Al no haber imparcialidad, la legitimidad de las consultas es sumamente cuestionable. Además, resulta al menos sospechoso que los resultados hasta este momento siempre sean favorables a los planes del gobierno, quien funge como juez y parte decidiendo los temas y metodología a seguir, a la vez que cuenta los votos y define los resultados sin oportunidad alguna a impugnaciones. Así mismo, es irresponsable dejar ciertos temas a la voluntad popular sin contar con los conocimientos técnicos sobre el tema para poder tomar una decisión fundamentada, ni con la información información necesaria de cómo puede afectar su voto.

Por estas razones, resulta esencial replantear qué entendemos como participación y cómo asumimos nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas. Nuestro ejercicio no debe limitarse a ir a las urnas en cada tres años, ni a dejar este trabajo únicamente a las organizaciones de la sociedad civil o a quienes por su profesión les compete. Debemos trazar una ruta para alcanzar nuestros objetivos en común, utilizando los mecanismos como las consultas, aquellas realmente válidas, para definir nuestras necesidades e intereses. De esta forma, de manera responsable, crítica y proactiva, seremos ciudadanos en toda la extensión de la palabra, reconfigurando el ejercicio de la política hacia formas más plurales, horizontales e inclusivas.

 


Sobre la autora:

Raquel López-Portillo Maltos es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue Coordinadora General de la campaña HeForShe de ONU Mujeres en su universidad y actualmente es Asociada del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de seguridad, igualdad de género y educación.  Apasionada del flamenco, la fotografía y la literatura. A favor de: el derecho a elegir, el debate, las opiniones sustentadas y la igualdad de oportunidades. En contra de: la violencia, la ignorancia, la mediocridad y las mentes cerradas.

Mercedes Migoya61 Posts

Mercedes Migoya es la directora de Contenido de Telokwento. Es internacionalista y ha desarrollado su carrera en medios de comunicación. Le interesa especialmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y Seguridad Internacional. A favor de: varias libertades, especialmente la de expresión. En contra de: la corrupción, el abuso de poder y la burocracia.



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