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El costo de opinar


Fernanda Zamora

@Fer_ZamoraR

 

Vivimos en un estado constante de realidad aumentada. Las redes sociales están tan entrelazadas en nuestra cotidianidad que les damos un uso distinto, una faceta de socialización diferente a cada una. El ejemplo perfecto siendo el “Dolly Parton challenge”, tenemos diferentes “personas” y formas de expresarnos en las distintas apps. Estilo de vida, opiniones, juicios, información o desinformación, las redes son parte de nuestro tejido social y marcan la pauta para nuestras interacciones en el mundo analógico. Somos parte de una generación que creció (algunos más tiempo que otros) con una percepción de la libertad de expresión muy distinta a las generaciones anteriores. El anonimato y la democratización de la palabra, generan la ilusión de un ambiente informativo abierto. Hemos llegado a pensar que la censura y la persecución periodística son cosas que ya no pasan (o por lo menos ya no en el mundo occidental). 

Es verdad que las redes sociales han generado canales bilaterales de comunicación, abriendo el diálogo entre sociedad, autoridades, marcas, medios de comunicación, entre otros. Pero el tema es que en realidad la libertad de prensa, y la libertad de expresión en general, sigue siendo un concepto muy frágil en México. El privilegio y la distancia, muchas veces no nos dejan ver cómo el periodismo, principalmente en comunidades marginadas o tomadas por el crimen organizado, se vuelve una sentencia de muerte. Tomemos en cuenta que el país es uno de los más peligrosos para el ejercicio periodístico con 112 periodistas asesinados en México entre 1992 y 2019, según datos del Comité de Protección a Periodistas (CPJ). 

De acuerdo con el reporte emitido por Artículo 19, de 2012 a 2018 tuvieron lugar 2,502 agresiones contra la prensa. Solamente en 2018, hubo 544 agresiones, 230 fueron cometidas por funcionarios/autoridades gubernamentales. Esto pone un panorama más que preocupante al ver que los servidores públicos son los principales agresores de la prensa con el 42.2% de los ataques. El estado de emergencia no ha cambiado con el cambio de gobierno, ya que en los primeros 100 días de la actual administración, han sido asesinados seis periodistas en el país.

Es por eso que el caso de Sergio Aguayo toma relevancia. No es el primer caso de acoso periodístico, tristemente no será el último, no es el más grave, ni el más injusto, pero sí es un referente cuando existe una amenaza que viene directamente de una autoridad en pleno ejercicio de la ley. El caso llama la atención por el grado de visibilidad a nivel internacional y por reflejar la antítesis de la narrativa de libertad de prensa que se ha tratado de construir en los últimos años. El que se utilicen los recursos legales para acotar la libertad de expresión, principalmente en un caso de supuesta corrupción, sienta un precedente. Aparentemente no es suficiente con ser amenazado por grupos delictivos, autoridades locales o grupos de poder, también hay que cuidarse de instancias gubernamentales a nivel federal. 

Es verdad que la Fiscalía General de la República es un organismo autónomo, independiente del poder ejecutivo (pese a cuestionamientos de cercanía política). Pero lo que está en juicio no es la autonomía de la Fiscalía, sino el precedente que sienta tanto para autoridades como para periodistas en las dinámicas de poder y recursos para ejercerlas. A esto se suma la propuesta de ley «Delitos Contra la Justicia Cívica” presentada por la Fiscalía como parte de la iniciativa de Proyecto para la creación del Código Penal Nacional. En esta propuesta, se plantean sanciones de hasta 6 años por calumnia o difamación, que aunque se ha negado en el discurso de las mañaneras, representa un panorama bastante inquisitivo para el periodismo. 

Hemos escuchado miles de veces que el periodismo libre y la libertad de expresión son elementos clave para una democracia sana, pero ¿hasta qué grado es un factor elemental en el desarrollo del país? De acuerdo con el reporte publicado en 2018 por la OECD, The Role of the Media and Investigative Journalism in Combating Corruption, son los medios y el periodismo de investigación los que han jugado el papel principal en el esclarecimiento de casos de corrupción y lucha contra la impunidad. El cuarto poder debe mantenerse como un agente libre de informar a la población. La importancia de la libertad de prensa es tan elemental que se considera un indicador para medir la lucha contra la corrupción (coincidentemente, uno de los pilares de la administración actual). Casos como los Panama Papers muestran el alcance del periodismo en el desmantelamiento de una red de corrupción internacional. De acuerdo con la investigación realizada en el reporte, al preguntarle a periodistas qué tan seguros se sentían al reportar casos de corrupción, solo el 35% aseguró sentirse “medianamente seguro”; siendo acción legal por parte del Estado una de las principales causas de esto. 

Lo que tampoco ayuda en el caso es el antagonismo con el que se ha tratado a los medios en los últimos meses, acusados de ser parte de la oposición por publicar notas distintas a la información emitida por el gobierno federal. Y es que en este planteamiento es donde está el epicentro del problema. La crítica y el cuestionamiento mediático no los convierte en adversarios. Es en realidad la labor de los medios ser el contrapeso del gobierno. Los medios de comunicación, y en su adaptación actual, nosotros como sociedad civil cibernética, debemos ser críticos, pedir rendición de cuentas e investigar. 

Es verdad que el tema de libertad de expresión abre otro tipo de debate en cuanto a las voces y el tipo de discurso que esto detona. La normalización del discurso de odio y acoso en lugares como Twitter (que se ha convertido en una especie de purgatorio cibernético), son elementos que generan un ambiente tóxico. Pero todo esto, pese a la controversia que pueda generar, es solo posible por la libertad de expresión que damos por sentado. El hecho de que puedan existir estas opiniones tan diversas sin una persecución mortal, es el fundamento de la libertad de expresión. Tal como menciona la frase citada hasta el cansancio en redes (y atribuida a múltiples autores desde Oscar Wilde hasta Voltaire), “podré no estar de acuerdo con lo que digas pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. 

Al final, la libertad de expresión y de prensa es un derecho humano elemental y como dice el premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, en casos de corrupción, violación de derechos humanos o abusos de autoridad, la  indiferencia solo favorece al opresor. Es por eso que aun desde nuestro privilegio, desde las pantallas y cuentas de redes sociales, tenemos que revalorizar el papel de la prensa libre y concientizarnos del papel que juega en la sociedad. Debemos ser inquisitivos, pedir rendición de cuentas y exigir lo mismo tanto de las autoridades como de los medios tradicionales. No podemos ser indiferentes a la impunidad. 

 


Sobre la autora:

Fernanda Zamora es comunicóloga, maestra en política pública. Ha trabajado haciendo investigación en temas de políticas de innovación, política social y justicia restaurativa, entre otros. Como consultora de comunicación ha participado en el diseño e implementación de estrategias de comunicación para ONGs, sector público e iniciativa privada. Apasionada por los temas de equidad de género, innovación social y desarrollo. Lectora voraz, bailarina frustrada y adicta a los podcasts.
Está a favor de: Feminismo, empoderamiento e innovación. En contra de: Injusticia, intolerancia.

Mercedes Migoya57 Posts

Mercedes Migoya es la directora de Contenido de Telokwento. Es internacionalista y ha desarrollado su carrera en medios de comunicación. Le interesa especialmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y Seguridad Internacional. A favor de: varias libertades, especialmente la de expresión. En contra de: la corrupción, el abuso de poder y la burocracia.
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