Entre la memoria y el olvido


Raquel López-Portillo Maltos 

@rak_lpm

 

Piensa en una persona a quien quieras mucho. Piensa en todos los momentos que has pasado con ella y en lo importante que es en tu vida. Ahora, imagina que esa persona ya no está, sin saber dónde o cuándo va a regresar, sin saber si está bien, sin saber si alguna vez la volverás a ver. Siente la ausencia, el dolor, la angustia, la incertidumbre y el paso lento del tiempo. Siente la impotencia de no ser escuchado, de ser ignorado y de no tener respuestas claras sobre su paradero. Esto es lo que han sentido miles de familiares, amigos, conocidos de todos los desaparecidos en nuestro país. Dueños de una misma pena, se han unido con la esperanza de poder encontrar a sus seres queridos por su cuenta, en lugares donde el vacío de autoridad y la falta de respuestas son una constante.

El 26 de septiembre de 2014 aconteció uno de los actos más viles en la historia reciente de nuestro país. Como sabemos, alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron víctimas  de un ataque que dejó como saldo 43 desaparecidos, 40 heridos y 9 muertos. Los estudiantes fueron cazados, torturados y desaparecidos. Se les relacionó con grupos criminales y se les responsabilizó de su propio destino, con pocas o nulas pruebas. A cinco años de que un crimen de tal magnitud ocurriera, seguimos sin tener una respuesta clara, seguimos sin un castigo para los culpables y, sobre todo, seguimos sin los 43. Hasta el momento, 77 de 142 implicados han sido liberados; de los 65 restantes, únicamente alrededor de treinta están imputados por la desaparición y, debido a acusaciones de faltas en el debido proceso, es posible que estas personas, entre las que se encuentran policías de Iguala, agentes del municipio de Cocula y personal de protección civil, no enfrenten cargos pese a haber pruebas de colusión con el crimen organizado. 

En un país en donde desaparecen 13 personas al día, no es difícil darse cuenta que las cosas no marchan bien, que la verdad es incómoda pero imperante. Según cifras oficiales, desde 2006 han desaparecido más de 37,400 personas, además de que más de 3,900 cuerpos han sido hallados en al menos 1,300 fosas clandestinas. Esta cifra supera en cantidad a las desapariciones cometidas durante el periodo de la dictadura militar argentina, pero en un país que presume ser democrático. Los datos nos permiten poner la delicadeza de la situación en perspectiva, recordando que estos números son vidas, que son personas a las que se les han negado sus derechos y su existencia misma.

Las desapariciones forzadas han sido utilizadas como la principal práctica sistemática para sembrar miedo y neutralizar oponentes a lo largo de los años. A pesar de los avances que ha habido en materia jurídica e institucional, como la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión de la Verdad, no se ha visto una disminución en los casos, ni un aumento en investigaciones o condenas. En muchas ocasiones estas desapariciones vienen acompañadas de otras violaciones, como la tortura o el asesinato, entre otras. Tienen el poder de mantenerse ocultas, con información ausente, malinterpretada o, peor aún, ignorada y con la esperanza de que pronto se olvide. 

Por esta razón, resulta pertinente hacer un ejercicio de reflexión sobre lo acontecido en esta fecha. No solo con el propósito de sumergirnos en el dolor y sufrimiento que han causado los hechos, sino como una forma de generar lazos entre el pasado y el presente y tomar conciencia de lo ocurrido. La memoria no es un concepto abstracto ni estático, es nuestra tarea moldearla y recrearla y, sobre todo, plasmarla en acciones concretas y en una actitud crítica hacia nuestra presente realidad. Esta es una forma en la que podemos hacer frente a algo que pasó cuando nunca debió de haber pasado.

La memoria social une, fortalece y permanece en la conciencia de quien la acepta y la abraza como propia. En ello reside su importancia, en su capacidad de reflejar nuestro pensar y sentir; de aquello que nos importa y nos atañe; de aquello que amamos pero también de aquello que nos duele profundamente. Es parte de nuestro derecho como ciudadanos el generar ejercicios que rescaten la dignidad humana como respuesta a eventos terribles. Esto dota de sensibilidad e impide que tengamos que ser directamente afectados para poder sentir empatía. 

En este clima de impunidad, nos encontramos en una lucha entre la memoria y el olvido. Y, al ser dos caras de una misma moneda, está en nosotros tomar la decisión de hacia qué lado se inclina la balanza. Al gobierno le queda no apostar por el olvido, por las “verdades históricas” y demostrar que la violencia contra la ciudadanía y la impunidad no son permisibles. A la sociedad nos queda seguir exigiendo y no dejar que las voces de aquellos que buscan justicia se extingan.

 


Sobre la autora:

Raquel López-Portillo Maltos es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue Coordinadora General de la campaña HeForShe de ONU Mujeres en su universidad y actualmente es Asociada del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de seguridad, igualdad de género y educación.  Apasionada del flamenco, la fotografía y la literatura. A favor de: el derecho a elegir, el debate, las opiniones sustentadas y la igualdad de oportunidades. En contra de: la violencia, la ignorancia, la mediocridad y las mentes cerradas.

Mercedes Migoya61 Posts

Mercedes Migoya es la directora de Contenido de Telokwento. Es internacionalista y ha desarrollado su carrera en medios de comunicación. Le interesa especialmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y Seguridad Internacional. A favor de: varias libertades, especialmente la de expresión. En contra de: la corrupción, el abuso de poder y la burocracia.



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