HKHRDA


Raquel López-Portillo Maltos

@rak_lpm

Ya son seis meses desde el inicio de las protestas pro-democracia en Hong-Kong. Los embates de las autoridades han sido duros, la posición de China inamovible y la resistencia de los protestantes implacable. En fechas recientes, un ingrediente más se sumó a la ecuación del conflicto: la intervención estadounidense con la aprobación de la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong (Hong Kong Human Rights and Democracy Act). ¿Qué implicaciones tiene esta ley y qué alcance puede tener en el desenvolvimiento de la lucha hongkonesa? 

Aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, la HKHRDA (por sus siglas en inglés) tiene sustento en el Acuerdo Estados Unidos-Hong Kong y se enfoca principalmente en los siguientes aspectos: el establecimiento de una revisión anual en el estatus de autonomía de Hong Kong respecto a China y otros temas de su interés; la aplicación de medidas y sanciones (desde el congelamiento de bienes inmuebles hasta la prohibición de entrada a EE.UU.) a aquellos que violenten derechos humanos en la región autónoma; una evaluación anual para revisar si Hong Kong está cumpliendo con los estándares estadounidenses en cuanto a exportaciones y sanciones a otros países (especialmente en relación a Irán y Corea del Norte); y la posibilidad de que residentes de Hong Kong obtengan visas estadounidenses, incluso aquellos arrestados durante las protestas. China se mostró abiertamente en contra de esta ley, describiéndola como un “complot americano» con «intenciones siniestras» y «condenada al fracaso».

Pese a que la aprobación de esta ley fue celebrada por diversos actores, incluyendo a los manifestantes, hay que tener en cuenta ciertos matices que abren la puerta a vulneraciones precisamente en términos de derechos humanos. Primeramente, cabe destacar que si bien esta medida es un apoyo simbólico, no significa realmente un apoyo material. Esto porque las exigencias de los manifestantes únicamente pueden ser cumplidas por su gobierno, al ser el garante de sus derechos. En segundo lugar, algunos expertos afirman que la ley es redundante legalmente. Es decir, las facultades que se establecen en ella ya podían realizarse antes de su aprobación, especialmente en términos de las sanciones, de la terminación del estatus especial de Hong Kong y el otorgamiento de visas. En tercer lugar, en ciertos aspectos el documento es ambiguo, dejando ciertas dudas sobre la discrecionalidad en algunos criterios de aplicación. Finalmente, hay dos asuntos que han levantado las sospechas de varias organizaciones civiles: las bases de datos en cuestión migratoria y la preservación de la autonomía. 

La primera tiene que ver con el otorgamiento de visas a hongkoneses. Un apartado de la ley sugiere la creación de bases de datos y la elaboración de listas consulares con información sobre los manifestantes y detenidos durante las protestas. Esto ha generado polémica en cuanto a las intenciones detrás del manejo de estos datos y sus posibles repercusiones. Además, la filtración de esta información sensible podría traer consecuencias devastadoras para las personas en cuestión. Por su parte, existe un cuestionamiento legítimo respecto a la autonomía. Si el mayor argumento de los reclamos es la conservación de ésta, resulta cuestionable el aceptar la injerencia de un país como Estados Unidos, quien tiene una larga tradición de inmiscuirse en asuntos internos de otros países. Además, no debe perderse de vista que el documento se concentra en los intereses que apelan a Estados Unidos como tema prioritario, poniendo en tela de juicio su genuina preocupación por aliviar la situación. 

La historia enseña una y otra vez que cada decisión y postura política tiene motivos de fondo. Y, en este caso, esta premisa tiene mucho sentido. En medio de la interminable guerra comercial entre los dos gigantes globales y ante el panorama electoral estadounidense, la HKHRDA configura una narrativa clara: pone a China como una potencia que a pesar de su desarrollo económico inminente continúa violando sistemáticamente derechos humanos, mientras que muestra a Estados Unidos con un compromiso en esta materia por encima de sus intereses comerciales. Es un argumento fuerte y que ha atraído atención positiva, ocultando el hecho de que con esta medida ni siquiera se están atendiendo las demandas del movimiento (el sufragio libre y universal, la liberación de manifestantes arrestados, la creación de una comisión que investigue los abusos policiales y el dejar de caracterizar las protestas como disturbios).

El futuro de las protestas y la solución a sus demandas aún están por verse. Por lo pronto, las pasadas elecciones municipales hablaron por sí mismas, dándole una victoria aplastante al movimiento pro-democracia. Sin duda, además de los esfuerzos nacionales, la cooperación internacional es fundamental para mediar en conflictos y encontrar soluciones integrales. Sin embargo, no debe ejercerse bajo intereses nacionales ajenos, ni mucho menos por encima de las legítimas demandas sociales. 

 


Sobre la autora:

Raquel López-Portillo Maltos es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue Coordinadora General de la campaña HeForShe de ONU Mujeres en su universidad y actualmente es Asociada del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de seguridad, igualdad de género y educación.  Apasionada del flamenco, la fotografía y la literatura. A favor de: el derecho a elegir, el debate, las opiniones sustentadas y la igualdad de oportunidades. En contra de: la violencia, la ignorancia, la mediocridad y las mentes cerradas.

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