Justicia digital: una nueva oportunidad


Diego A. Sánchez-Labrador

@diegosanlab

 

La vida post COVID-19 es incierta, no solo en nuestra cotidianidad o en nuestra rutina, la impartición de justicia también se ha visto afectada por la situación de emergencia que se vive en México y el mundo, lo cual no necesariamente representa un impacto negativo, sino por el contrario, podría significar el tan anhelado avance en la administración de justicia.

A medida que se acerca el retorno a las actividades, ni los órganos jurisdiccionales ni los ciudadanos tenemos claro cómo se deberá llevar a cabo la impartición de justicia después de este periodo de suspensión de actividades. Como lo hemos observado en cada uno de los comunicados y disposiciones determinadas por las autoridades sanitarias, éstas se han visto limitadas y se ha tenido que improvisar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

Esta falta de claridad, se ha visto evidenciada por las diferentes posturas y medidas que los Poderes Judiciales Estatales y Federales han adoptado, en algunos Estados se ha intentado seguir la directriz que el Poder Judicial Federal ha implementado, pero otros han tenido que adoptar sus propios plazos de suspensión de labores y de medidas de atención de los nuevos y los ya existentes juicios atendidos por ellos.

Ante esta situación, los órganos jurisdiccionales han actuado conforme a sus posibilidades, resultando evidente que existe una diferencia importante entre ellos, pues algunos cuentan con herramientas tecnológicas y otros no o son deficientes. Algunos órganos jurisdiccionales han desarrollado sistemas electrónicos que permiten a las partes consultar y dar seguimiento a los juicios y procedimientos que tienen a su cargo resolver, como lo son los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados, entre otros órganos jurisdiccionales estatales.

Estas herramientas electrónicas van más allá de la implementación de expedientes electrónicos, sistemas virtuales o incluso la posibilidad de presentar promociones por estos sistemas o plataformas, en determinados Poderes Judiciales Estatales ya se han empezado a planificar las diligencias y audiencias digitales, las cuales se podrán agilizar gracias a la tecnología. Otro acto judicial que se puede llevar vía remota a través de los medios digitales son las audiencias.

Lo anterior, beneficia al personal que integra a estos órganos, ya que permite a los servidores públicos trabajar a distancia, y tener la posibilidad de atender el rezago y la carga laboral, que a la fecha tienen. Asimismo, se beneficia a las partes, ministerios públicos, defensores públicos y litigantes que presenten promociones y/o demandas en línea, evitando, de nuevo, que tengan que desplazarse hasta el juzgado.

Esto, constituye una puerta que nos permitiría tener un acceso a la justicia más amplio, a aspirar a tener una transparencia y rendición de cuentas en los procesos y disminuir la corrupción que, por la interacción entre las personas, se ha gestado en todas las instalaciones del Poder Judicial. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que existen órganos que aún no cuentan con las herramientas tecnológicas para llevar a cabo las funciones judiciales vía electrónica y mucho menos realizar su trabajo vía remota.

En este punto es importante señalar que, si bien la utilización de herramientas digitales parece ser un paso positivo en todos sus aspectos, existen riesgos propios de esta transición como el riesgo de traslado de los expedientes, la extracción de documentos y constancias oficiales de las oficinas, la protección de la identidad de las partes y, el obstáculo más importante al que nos enfrentamos, el acceso a internet o a las herramientas digitales que permitan que todos los sujetos involucrados tengan la posibilidad de formar parte de esta nueva manera de impartir justicia e inclusive de informar a la ciudadanía al respecto.

Aunado a lo anterior, el rezago y el incumplimiento de los tiempos procesales, así como la poca eficacia en la administración de justicia, tema que no es nuevo en México, resalta la realidad de que nadie o solo unos pocos, conocen el significado de la justicia pronta y expedita. Los Poderes Judiciales Federal y Estatal a quienes, poéticamente la Constitución les ha conferido la administración e impartición de justicia, se han visto rebasados por el número de juicios que deben de atender, así como por la falta de personal capacitado para cumplir su función, problemas que el Estado no ha podido superar.

No obstante, la existencia de estos riesgos y problemas, se debe asumir el costo de transición que es necesario para contribuir a la consolidación de una administración de justicia eficaz, hoy, la pandemia nos ha traído una nueva oportunidad, una esperanza que, por la necesidad social y de supervivencia, se nos presenta a través de las herramientas tecnológicas y que debemos aprovechar.

 


Sobre el autor:

Diego es Socio fundador de Sánchez-Labrador & López Martínez. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Maestro en Derecho Internacional y Maestro en Políticas Públicas y Gobierno por la Universidad de Syracuse, Nueva York. Actualmente es candidato a M.B.A. por el IPADE. Es ​Presidente del comité jurídico de la Asociación de Empresarios Mexicanos, Miembro de honor del comité de emprendimiento social de la Universidad de Harvard y Asociado COMEXI. | A Diego le apasiona estar con su familia, ayudar a México y el fútbol. A favor de: la igualdad, justicia y honestidad. En contra de: la injusticia, desigualdad y abuso a los que son vulnerables. Pagina web: www.sllm.mx 

Mercedes Migoya60 Posts

Mercedes Migoya es la directora de Contenido de Telokwento. Es internacionalista y ha desarrollado su carrera en medios de comunicación. Le interesa especialmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y Seguridad Internacional. A favor de: varias libertades, especialmente la de expresión. En contra de: la corrupción, el abuso de poder y la burocracia.



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