La cultura de la cancelación


Raquel López-Portillo Maltos

@rak_lpm

 

En palabras de Michael Ende, es el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Vivimos en un momento histórico de grandes libertades, pero también de grandes desigualdades. De grandes avances tecnológicos que facilitan nuestras vidas y del lastre de sus efectos nocivos. De comunicaciones al instante y de la condena del “siempre hay un tweet”. 

En fechas recientes se ha generado una fuerte polémica alrededor del concepto de la cultura de la cancelación. A grosso modo, esta es definida como el fenómeno social que busca menoscabar beneficios laborales, financieros o morales de figuras públicas como consecuencia de determinados comentarios o acciones cuestionables o impopulares. Algunos ejemplos recientes son el despido de Kevin Spacey de Netflix tras acusaciones de abuso sexual en su contra, el retiro libros de J.K. Rowling de algunas librerías luego de declarar que las personas transexuales no pueden considerarse propiamente mujeres, o la suspensión del programa del comediante Chumel Torres después de que fuera evidenciada una serie de comentarios racistas. 

La situación ha llegado a tal punto que la semana pasada, decenas de escritores, profesores, artistas y analistas publicaron una carta en la revista Harper´s condenando lo que dominan “un conjunto de actitudes morales y compromisos políticos que debilitan el libre debate y la tolerancia de las diferencias en favor de la conformidad ideológica”. Como toda polémica, no puede reducirse a absolutos, pues el debate se inserta en una amplia gama de claroscuros. A la luz de estos eventos, vale la pena desmenuzar el problema, especialmente respecto a dos de los puntos que más confusión han generado: la vulneración a la libertad de expresión y la violación de derechos humanos que esto conlleva.

El primer punto tiene que ver con los alcances de las declaraciones y sus efectos. Como todo derecho, la libertad de expresión no es absoluta. No solo está sujeta a restricciones sino que, cuando es enfrentada por otro derecho, se debe buscar cuál prevalece sin que se deje de salvaguardar el otro. Esto lo convierte en un tema complejo, por todas las variables que trastoca, como la vida privada, la honra, la libertad de pensamiento, entre una infinidad de otras. En este sentido, hay que poner en perspectiva tanto quién lo dice como los efectos que pueden tener las palabras en la realidad. 

Por un lado, en el caso de los funcionarios públicos, hay un mayor peso sobre sus acciones ya que, al ser elegidos por voluntad popular, aceptan estar sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Por otro lado, la responsabilidad que suscitan las declaraciones de otro tipo de figuras públicas tiene un carácter moral, por el efecto de sus palabras y acciones en sus seguidores. Sin embargo, en ambos casos, lo que acarrea esta “cancelación social” o incluso consecuencias jurídicas más severas es el contenido de sus declaraciones.  Es decir, si estas buscan intimidar, oprimir o incitar al odio o la violencia contra una persona o grupo en base a su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad u otra característica social. 

Por su parte, los detractores de la cultura de la cancelación argumentan que esta vulnera sus derechos al ir en detrimento de la libertad de ideas, de debate y de tolerancia de pensamientos distintos a los de los cánones establecidos. Teniendo esto en claro, cabe aclarar qué sí y qué no lleva a una violación de derechos. Esto depende en gran medida de si la “cancelación” se hace desde el ámbito de lo privado o de lo público. Una violación a derechos humanos ocurre cuando funcionarios públicos del Estado, por acción u omisión, incumplen sus obligaciones de garantizar que los derechos se disfruten sin discriminación o su obligación de respetarlos y protegerlos. Sin embargo, la gran mayoría de estos casos provienen del ámbito privado. Es decir, en ejemplos prácticos, sí es violatorio de derechos humanos despedir a una funcionaria pública sin un fundamento claro que compruebe que sus comentarios atentaron contra un grupo de personas por clasismo, racismo, homofobia, u otras razones. No es el caso cuando una empresa rescinde de los servicios de una figura pública tras hacer una declaración racista sustentandose en sus políticas internas de no discriminación. De igual forma, las personas tienen la capacidad individual de elegir si continúan siguiendo o consumiendo productos de estas figuras de acuerdo a sus valores. En estos dos últimos casos, la ética o moralidad puede cuestionarse, pero no se está violando ningún tipo de derecho. 

La historia se encuentra plagada de cánones que han ido evolucionando hasta llegar a la forma en la que concebimos al mundo hoy en día. Prueba de ello es que, hasta hace relativamente poco tiempo, se consideraba que las personas afroamericanas no tenían alma, que las mujeres no debían ejercer el voto y que la esclavitud era una dinámica válida. Hoy en día atravesamos un momentum de causas que habían sido históricamente invisibilizadas y que a través del activismo se han redescubierto. Hay para quienes esto significa una censura bajo lo “políticamente correcto”, mientras que otros lo ven como los mínimos parámetros de respeto desde los cuales se parte para todo tipo de discusión. 

Sería ilógico (y francamente aburrido) pensar sociedades sin disensos. En un mundo inmerso en tanta polarización, resulta pertinente recordar que es precisamente la pluralidad y la diversidad de pensamiento la que enriquece a las democracias. No necesitamos un mundo de verdades absolutas, pero sí un mundo en donde quepan todas las personas a pesar de sus diferencias.

 


Sobre la autora:

Raquel López-Portillo Maltos es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue Coordinadora General de la campaña HeForShe de ONU Mujeres en su universidad y actualmente es Asociada del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de seguridad, igualdad de género y educación.  Apasionada del flamenco, la fotografía y la literatura. A favor de: el derecho a elegir, el debate, las opiniones sustentadas y la igualdad de oportunidades. En contra de: la violencia, la ignorancia, la mediocridad y las mentes cerradas.

Mercedes Migoya61 Posts

Mercedes Migoya es la directora de Contenido de Telokwento. Es internacionalista y ha desarrollado su carrera en medios de comunicación. Le interesa especialmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y Seguridad Internacional. A favor de: varias libertades, especialmente la de expresión. En contra de: la corrupción, el abuso de poder y la burocracia.



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