La efervescencia del momento 


Raquel López-Portillo Maltos

@rak_lpm

 

Dada la importancia de la opinión pública como variable en el análisis social, la teoría política ha tratado de encontrar respuestas sobre cómo ésta incide en las acciones gubernamentales y viceversa. Una de las propuestas más reconocidas al respecto es la teoría del termostato de Christopher Wlezien. En términos generales, Wlezien plantea que hay una relación proporcional entre una correcta gestión pública y la conducta de la ciudadanía. De esta manera, el público se comporta como un termostato: si las acciones del gobierno son distintas a su “temperatura preferida”, la población tomará medidas a manera de señal para que se produzca un cambio, deteniéndose hasta que se encuentre conforme al ajuste de temperatura. A nivel mundial, el mal manejo de ciertos gobiernos en la atención a la pandemia, las añejas dinámicas racistas y la brutalidad policial tangiblemente evidenciada, han provocado que millones de personas de distintos espacios geográficos, ideologías y contextos se hayan unido para demandar un cambio. 

En tiempos convulsos, la protesta es una respuesta natural. Históricamente, el descontento social es el que ha llevado a buscar, mediante diversas manifestaciones, la materialización de demandas, un cambio de paradigma o la reivindicación de algún derecho. Así mismo, y más ahora con el grado de interconectividad entre países, en ocasiones las demandas tienen un efecto dominó regional. Tal como pasó con los movimientos estudiantiles en la década de los sesenta o con las exigencias políticas en la Primavera Árabe, basta con una detonación para que le sigan otras más. 

La situación actual ha dado pie a un descontento generalizado, más no a una consenso en la opinión pública. Por el contrario, estas concepciones heterogéneas han llevado a una mayor polarización. Principalmente, respecto a la validez, legitimidad y limitaciones de las formas que han cobrado las protestas. Si bien la riqueza de la expresión recae en su pluralidad, un mal entendimiento sobre los límites y alcances de las protestas puede conllevar a un clima poco favorecedor para este derecho. 

En primer lugar, toda la estructura legal e institucional tanto nacional como internacional que enmarca a los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión y participación en asuntos públicos deja clara la relevancia de estos preceptos. En realidad, gran parte de los derechos a los cuales hoy en día tenemos acceso fueron alcanzados precisamente mediante demandas sociales. Tal es su importancia que, a través de distintos instrumentos, se promueven ciertos lineamientos que sirven para guiar a los Estados a evitar cualquier tipo de censura, criminalización o represión de protestas. 

Volviendo a la opinión pública, mucho de lo que se ha cuestionado recae en la validez de las manifestaciones. Es innegable que en el ejercicio práctico de la protesta se genera una afectación en el desarrollo de las actividades de otras personas. Esto resulta lógico, pues su propósito es generar una disrupción que atraiga la atención del resto de la sociedad y de las autoridades. Sin embargo, hay una delgada línea respecto al uso de la violencia como forma de manifestación. En este sentido, es moral y éticamente debatible la legitimidad de recursos violentos como método de reclamo social. Pero, en cuanto a derechos se refiere, los parámetros legales delimitan claramente que cualquier tipo de protesta debe desarrollarse pacíficamente. Sin embargo, vale la pena enfatizar que la disrupción del orden o los brotes violentos en éstas en ningún caso deben fungir como una excusa para socavar este derecho fundamental. Si bien no es absoluto, su limitación debe ser proporcional y en concordancia al mayor bien público. De ahí la gravedad de afirmar que las protestas violentas pierden validez o deslegitiman cierto movimiento; la comisión de un acto violento es responsabilidad legal del individuo o grupo de individuos que lo cometieron y no de la protesta per se. 

Esto encuentra una estrecha relación con el tema de la brutalidad policial. Así como se busca que las actividades de protesta se realicen en el marco de la legalidad, se debe tener la misma exigencia con el uso de la fuerza de las autoridades. Si bien están facultadas para ejercerla para preservar el orden, ésta también se encuentra delimitada y debe de aplicarse con el mismo rigor previsto en la ley. Frecuentemente, la opinión pública plantea que los derechos humanos protegen más a los delincuentes. Sin embargo, es precisamente su cualidad de universalidad la que pone reglas del juego justas, tanto para un lado como para el otro. Si la protesta se convierte en un acto ilícito, debe juzgarse tanto como si una autoridad abusa de sus facultades. No hacerlo abona a un clima de mayor impunidad, abre las puertas a mayores abusos y vulnera por completo el estado de derecho. 

La riqueza de una democracia recae en la pluralidad de sus expresiones, y su valor en su capacidad de reconocerlas. La alta temperatura del termómetro social actual nos obliga a repensar en nuevas formas de continuar ejerciendo este derecho plenamente y en hacer de esta forma de participación en los asuntos públicos una verdadera herramienta de cambio. Sin embargo, como plantea Wlezien, para alcanzar la temperatura ideal deseada, se deben buscar más entendimiento que polarización.

 


Sobre la autora:

Raquel López-Portillo Maltos es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue Coordinadora General de la campaña HeForShe de ONU Mujeres en su universidad y actualmente es Asociada del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de seguridad, igualdad de género y educación.  Apasionada del flamenco, la fotografía y la literatura. A favor de: el derecho a elegir, el debate, las opiniones sustentadas y la igualdad de oportunidades. En contra de: la violencia, la ignorancia, la mediocridad y las mentes cerradas.

Mercedes Migoya61 Posts

Mercedes Migoya es la directora de Contenido de Telokwento. Es internacionalista y ha desarrollado su carrera en medios de comunicación. Le interesa especialmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y Seguridad Internacional. A favor de: varias libertades, especialmente la de expresión. En contra de: la corrupción, el abuso de poder y la burocracia.



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