La salud en los tiempos de la austeridad


Raquel López-Portillo Maltos 

@rak_lpm

 

A partir del 2018 se comenzó a hablar de que México estaba al borde de una crisis de salud pública, ya que el presupuesto otorgado a la Secretaría de Salud rendía un 20% menos que en años anteriores debido a la inflación. Desde entonces, el desabastecimiento de medicamentos y el aumento en el tiempo de espera para consultas en la salud pública ha ido en aumento. La crisis se agudizó en los últimos meses debido al cambio que realizó el gobierno federal en el modelo de compra de medicamentos del IMSS y a los recortes presupuestarios. La gota que derramó el vaso ocurrió hace unos días, cuando se anunció la falta de medicamento para tratar el cáncer en hospitales infantiles. En tiempos de austeridad republicana, ¿cuánto cuesta la salud de las y los mexicanos?

Respecto a lo ocurrido, y a las muy lamentables declaraciones del presidente de la república, me gustaría hablar sobre dos aspectos: en primer lugar, sobre por qué la responsabilidad de la salud pública depende del Estado y no de los particulares y, en segundo lugar, sobre la importancia del gasto público para una correcta materialización de los derechos humanos.

De acuerdo con el reciente estudio «Getting it right, prioridades estratégicas para México», éste es el segundo país de la OCDE con mayor porcentaje de gasto en salud. El desembolso extra, de aquellas personas que pueden permitírselo, puede condicionar a ciertos grupos a caer en la línea de pobreza. ¿Por qué los ciudadanos están haciendo un gasto que debería ser cubierto por el Estado con los impuestos que aportamos? El derecho a la salud está reconocido en todos los instrumentos de derechos nacionales e internacionales habidos y por haber. Si bien todos los derechos son fundamentales, la salud es particularmente indispensable no sólo para el ejercicio de los demás derechos sino para el goce de la vida misma. Es por ello que para hacerlo efectivo, los Estados se han comprometido a reconocerlo como un bien público, con todas las obligaciones que eso conlleva. En el ejemplo explorado, un Estado que no está dispuesto a utilizar el máximo de sus recursos para hacer efectivo el derecho a la salud (ya sea por medidas de austeridad, por ir en contra de las farmacéuticas corruptas, por utilizar esos medios para programas clientelares, o por cualquier otra razón), está incumpliendo con sus obligaciones y está violando este derecho. Así mismo, un Estado que no está cumpliendo con el elemento esencial de disponibilidad (de bienes, servicios, centros de salud y medicamentos) deberá de justificar de qué forma está haciendo todo lo posible para atender la cuestión de forma prioritaria. La salud nunca debe estar condicionada al nivel de ingreso de las personas, ni mucho menos al orden de prioridades del gobierno en turno.

En cuanto al segundo aspecto, los derechos cuestan. Es un hecho innegable. Como se explora en el libro El costo de los derechos: Por qué la libertad depende de los impuestos de Stephen Holes y Cass R. Sunstein (un must para aquellas personas interesadas en este tema), en realidad el cumplimiento de un derecho sólo es posible siempre y cuando existan la infraestructura y los medios necesarios para garantizar su realización. Si no tomamos esto en cuenta, caemos en discursos vacíos, en donde los derechos humanos suenan muy bien como ideas, pero donde no los vemos por ningún lado en la realidad. El Estado es el encargado de proveer los servicios sociales y de decidir de qué manera se ejerce el gasto público. Así mismo, es el Estado quien decide cuáles son sus prioridades y cuánto dinero dedica a cada asunto. De esta forma, la materialización de nuestros derechos termina por depender de cuánto se está dispuesto a gastar en ello.

Esta premisa cobra especial relevancia en un panorama en donde el sector salud, educativo, cultural, deportivo, de investigación, entre muchos otros, no son prioridad; en un mundo al revés en donde se están cancelando cirugías, pero se está financiando al béisbol como deporte nacional; en donde no hay material, ni personal médico, pero se dice que somos “felices, felices, felices”; y en donde personas mueren por falta de medicamentos, pero se culpa a los ciudadanos por no comprarlos. Más allá de las exigencias, respetables y muy puntuales, que se han hecho, considero que no se debe perder de vista el tema presupuestal. Si bien, resulta urgente atender cuestiones como el desabastecimiento de medicamentos, debe exigirse a la par la reestructura de la estrategia nacional por una que realmente respete los principios de derechos humanos que se están violando, y en donde además se definan objetivos y se establezcan indicadores medibles. De otra forma, con cada recorte al presupuesto se recortan también nuestras libertades.

 


Sobre la autora:

Raquel López-Portillo Maltos es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue Coordinadora General de la campaña HeForShe de ONU Mujeres en su universidad, así como articulista en la revista digital Observatorio DH. Se desarrolló como Analista de Inteligencia en la consultora internacional Pinkerton y actualmente labora como Coordinadora de Proyectos Especiales en Fundación Por México. Apasionada del flamenco, la fotografía y la literatura. A favor de: el derecho a elegir, el debate, las opiniones sustentadas y la igualdad de oportunidades. En contra de: la violencia, la ignorancia, la mediocridad y las mentes cerradas.

Mercedes Migoya1 Posts

Mercedes Migoya es la directora de Contenido de Telokwento. Es internacionalista y ha desarrollado su carrera en medios de comunicación. Le interesa especialmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y Seguridad Internacional. A favor de: varias libertades, especialmente la de expresión. En contra de: la corrupción, el abuso de poder y la burocracia.



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