Las instituciones son nuestras armas de guerra


Maite Belausteguigoitia

Maite Belausteguigoitia

@maitebelausteguigoitia

 

¿Cuándo terminará la polémica de la Guardia Nacional? Las controversias se manifiestan hasta en los lugares más inesperados, como en la Policía Federal. Nuestro presidente nunca pensó que para formar esta organización tan cuestionable tendría que enfrentarse con sus futuros integrantes. Cerca de 20 mil policías federales fueron considerados para formar parte de la Guardia Nacional. A diferencia de los 40 mil militares y marinos que entraron directamente a la institución, los policías tuvieron que pasar exámenes de control de confianza, pruebas físicas y psicológicas, y superar otro tipo de controles establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Regresar al Ejército a los cuarteles” era una de las grandes promesas de López Obrador y la creación de la Guardia Nacional solo evidencia el recrudecimiento del uso de las fuerzas armadas.  Él mismo dijo en campaña: “Tenemos que ir regresando al Ejército en la medida que se va profesionalizando la policía. Ese es mi plan, creo que nos va a llevar seis meses ir regresando al Ejército para que sea la nueva Policía Federal la que se haga cargo de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública”.

La desmilitarización solo podrá llevarse a cabo con el fortalecimiento de la fuerza civil para que ésta pueda sustituirla en las labores de seguridad. La Policía Federal tiene múltiples denuncias de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a derechos humanos y vínculos con el narcotráfico. La falta de credibilidad de esta institución tiene una razón de ser, sin embargo, el creciente porcentaje de violaciones a derechos humanos desde la militarización del país y la falta de protocolos que transparenten la actuación de la Guardia Nacional son hechos que agravan la situación del país. No por nada, se han interpuesto  3 mil 500 amparos contra las normas de operación de la Guardia Nacional que entre otras, eliminan el derecho a mantener el rango y las prestaciones de los policías.

La animadversión del presidente con la Policía Federal empezó desde la candidatura con críticas mordaces sobre su mal funcionamiento y corrupción, adjudicando esta responsabilidad a los gobiernos anteriores. Asimismo, estigmatizó las protestas de los integrantes de la Policía Federal por vulnerar sus derechos como trabajadores y señaló que los líderes de este movimiento no son policías, son miembros de organizaciones de otro tipo. Luis Raúl González Pérez, el presidente de la CNDH, solicitó al gobierno parar con la descalificación de los miembros de la Policía Federal. Asimismo, señala la importancia de aprovechar los recursos de la institución y no descartarla por completo. 

El patrón en la toma de decisiones de López Obrador es la arbitrariedad y la centralización, en este gobierno existe un creciente debilitamiento del sistema de frenos y contrapesos que sostiene la democracia efectiva. Su estrategia es desprestigiar a los organismos para justificar su desarticulación y desfinanciamiento, una medida que no soluciona la falta de institucionalidad que atraviesa al aparato estatal en su conjunto. Ese es el caso de la Policía Federal, pero también de los refugios de mujeres víctimas de violencia, las estancias infantiles, el sistema de salud y el CONACYT.  Si existe corrupción en cada una de estas instituciones, ¿dónde están los responsables?, ¿cuánto dinero fue desviado y en manos de quién está?, ¿se investiga algo al respecto? Se denuncia una corrupción desde lo delirante,  sin culpables, sin hechos y sin efectos en la realidad. 

La corrupción y la violencia se terminan combatiendo la impunidad, no desarticulando las instituciones y vulnerando los derechos de las personas que dependen de ellas. Considero que las decisiones del gobierno actual, de desarticular o recortar el presupuesto de los programas y organismos existentes para crear otros con menos formalidad, profundizan aún más la crisis institucional de los últimos años. Los especialistas señalan el objetivo de estos cambios es dejar una marca para la política social de su gobierno, eliminando todos los programas creados por los gobiernos anteriores. Asimismo, señalan una falta de claridad en la estrategia y la evaluación del impacto de los programas. Otra preocupación de los expertos es el utilizar las transferencias monetarias directas con fines electorales.

La crisis de seguridad debe de abordarse desde una perspectiva de fortalecimiento institucional y un plan desarrollo a largo plazo que resuelva las causas de la violencia. Un problema tan complejo y multifactorial no puede resolverse con una sola institución, más aún con la falta de transparencia y la rendición de cuentas que se observa en la misma. El gobierno sigue pensando en la militarización como una panacea, sin saber que con ella abrieron la caja de Pandora. Es urgente declarar una nueva guerra contra la corrupción, la impunidad y el autoritarismo, y abandonar esta donde realmente todos(as) perdemos.

 


Sobre la autora:

Maite Belausteguigoitia es psicóloga, maestra en derechos humanos y próximamente comenzará un doctorado en psicología en la Universidad de Buenos Aires. Tiene experiencia profesional en el Centro de Investigación del ITAM y en consultoría de empresas.
Desde el ámbito psicológico ha trabajado con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad como niños, niñas, adolescentes, mujeres indígenas, personas con discapacidad, entre otros. Le interesan los temas de psicoanálisis, salud mental, derechos humanos, infancia y género. A favor de: el pensamiento crítico, el arte como un arma de transformación subjetiva y social, modelos de desarrollo con un enfoque derechos y construcción para la paz. En contra de: el dogmatismo, el racismo, el machismo, la violencia en todas sus formas y la hipocresía.

Geo Bailon1500 Posts

Una huelga de aquellas

Buena

Buena racha

En

En busca de Evo

¡Liberen

¡Liberen a Assange!




Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password