¿Libertad o seguridad?


Raquel López-Portillo Maltos 

@rak_lpm

 

Hace un par de años, mientras nos enseñaba sobre la historia del régimen de Lee Kuan Yew en Singapur, mi profesor nos preguntó que si pudiéramos elegir entre libertad y seguridad, a qué le daríamos mayor peso. Sin titubeos, respondí que elegiría la seguridad. Mi respuesta fue sorpresiva para el inglés, pero creo que para cualquier mexicano no es una elección muy descabellada. En un país donde suman más de 37,000 desaparecidos, 25,890 homicidios en lo que va del año (un promedio de 94.8 casos al día) y en donde 7 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros (según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana), resulta evidente que la seguridad encabeza nuestra lista de demandas.

En las últimas semanas, hemos sido testigos de hechos terribles: 14 muertos tras una emboscada en Michoacán; un saldo de 8 muertos y 16 heridos luego del operativo de captura, y posterior liberación, de Ovidio Guzmán; y una noticia de lo más devastadora, el ataque a la familia LeBarón por parte de un grupo armado en donde 3 mujeres y 6 niños fueron asesinados, 6 menores se encuentran gravemente lesionados y una menor continúa desaparecida. Esto sólo por mencionar algunos, ya que sucesos de este tipo ocurren de manera ininterrumpida, pese a que no todos salen a la luz pública. Cada noticia duele, y cimbra al saber que nadie está exento, que nadie está a salvo.

En realidad, la seguridad es indisociable de la libertad, y viceversa. Sin seguridad y libertad, no se puede hablar de una calidad de vida genuina. La ciudadanía puede ejercer sus derechos únicamente en un ámbito lo suficientemente seguro y libre para su goce. Es por ello que es tan importante concebir la seguridad pública como un derecho humano fundamental. Esta responsabilidad pertenece al Estado, figura que debe salvaguardar el orden y la integridad de sus ciudadanos, así como la paz pública. Así mismo, en la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se contempla que es también el Estado el encargado de combatir las causas que dan origen a los delitos, fomentando acciones que propicien conductas cívicas y el respeto a la legalidad. De esta forma, toda acción estatal en este ámbito deberá abarcar tanto la esfera individual como la colectiva; tanto la prevención como las acciones consecuentes al delito; y deberá incluir y armonizar los ámbitos jurídico, institucional y administrativo en todos los niveles de gobierno.

En el caso mexicano, la combinación de un desmedido crecimiento y diversificación del crimen organizado con altos índices de impunidad ha hecho que sea imposible materializar dicho derecho. Considero que esto tiene su base en dos factores: una estrategia de seguridad fallida y una falta de criterio en la concepción de la seguridad como un ente integral.

Respecto al primer punto, desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador afirmó que la seguridad sería una de sus prioridades. Sin embargo, a casi un año de gobierno, el manejo de su gabinete en este ámbito ha dejado mucho que desear. Existe una desarticulación entre la implementación de la Guardia Nacional, el sistema penal y los mecanismos de procuración y administración de justicia. Esto puede verse en los tres ejemplos citados en un inicio: la estrategia de seguridad parece improvisada y carente de resultados; es evidente la descoordinación entre los cuerpos policiales de los distintos órdenes de gobierno; se muestra un Estado rebasado por los cárteles y el crimen organizado; y no hay repercusiones para los responsables.

En su comparecencia ante el Senado, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que no se embarcarían en una lucha a muerte con el crimen organizado, sino que apostarían por la inteligencia policial y la inteligencia financiera. No obstante, pareciera que se siguen utilizando las mismas fórmulas pero con resultados aún peores, dando un mensaje a los criminales de que pueden continuar delinquiendo sin consecuencia alguna. Si bien es cierto que no todo se arregla de la noche a la mañana, ¿cómo esclarecer el inminente aumento en la violencia?, ¿cómo explicar a los familiares de las víctimas que ahora forman parte de los “muertos y desaparecidos que engrosan la estadística nacional”, como declaró Durazo?

Esto nos lleva al segundo punto. El Estado mexicano continúa concibiendo a la seguridad meramente como un combate a la violencia y no como una condición integral en la que se busque tanto la integridad física de las personas como su desarrollo y bienestar. Al ser la violencia un fenómeno multicausal, la solución debe propiciarse de la misma forma. Por ello, no se trata de sustituir el enfoque tradicional de atención a la inseguridad, sino complementarlo. El concepto de seguridad humana abarca un espectro mucho más amplio. Por un lado, se propone un enfoque centrado en las personas, fomentando la garantía a otros derechos ante la crisis como la atención psicosocial a víctimas, a la verdad, a un debido proceso y a la reparación integral del daño. Y por otro, apuesta también por el correcto desenvolvimiento de las personas en todas sus esferas, tomando conciencia de que una persona en un ámbito inseguro no podrá vivir en plenitud. Así mismo, se integra a la sociedad en la solución al conflicto, pues es la ciudadanía quien mejor conoce sus problemas y necesidades, teniendo así un diagnóstico mucho más acertado para la toma de decisiones.

No olvidemos que el propósito de cualquier sociedad es ampliar el espectro en el que las personas puedan desarrollarse. De esta forma, el fin último de la seguridad no es una victoria política o partidista, sino generar condiciones sociales, políticas y económicas que garanticen el bienestar de las personas. La palabra seguridad se compone etimológicamente del latín securitas, la cualidad de estar sin cuidado. Es precisamente este sentido más puro de la palabra lo que como ciudadanos exigimos: el vivir sin temor.

 


Sobre la autora:

Raquel López-Portillo Maltos es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue Coordinadora General de la campaña HeForShe de ONU Mujeres en su universidad y actualmente es Asociada del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de seguridad, igualdad de género y educación.  Apasionada del flamenco, la fotografía y la literatura. A favor de: el derecho a elegir, el debate, las opiniones sustentadas y la igualdad de oportunidades. En contra de: la violencia, la ignorancia, la mediocridad y las mentes cerradas.

Mercedes Migoya61 Posts

Mercedes Migoya es la directora de Contenido de Telokwento. Es internacionalista y ha desarrollado su carrera en medios de comunicación. Le interesa especialmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y Seguridad Internacional. A favor de: varias libertades, especialmente la de expresión. En contra de: la corrupción, el abuso de poder y la burocracia.



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