Libre, accesible y gratuito


Fernanda Zamora

@ferzaa

 

Hablar del aborto no es fácil, como los grandes debates casi nunca lo son. Es un concepto que resulta muy controversial por la carga moral que se le ha dado. Pero más allá de creencias, posturas y especulaciones, aquí va un análisis de por qué es un tema de derechos humanos y justicia social. 

 

La discusión del aborto en México no es nueva, es legal en la Ciudad de México desde 2007, pero el debate volvió a la agenda pública la semana pasada cuando se presentó un proyecto ante la SCJN para despenalizar el aborto en Veracruz. Esto llegó a la Corte después de que en 2016, varias organizaciones civiles solicitaron una Alerta de Violencia de Género (AVG), ya que se está restringiendo el acceso a la interrupción del embarazo por causales como violación o riesgos para su salud.

 

Para dar un poco de contexto, cada estado tiene su propio Código Penal y el proyecto presentado ante la SCJN proponía que el Congreso de Veracruz modificara los artículos correspondientes para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, por causas de salud y sin plazos en casos de violación, igual que en la Ciudad de México y Oaxaca. Recomendación que, dicho sea de paso, va en línea con lo estipulado por la ONU, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), entre otras autoridades en la materia. 

 

Con un desenlace bastante anticlimático, la Suprema Corte rechazó el proyecto por un tema de forma, más no de fondo. Esto significa que el proyecto no cumplía con los requisitos necesarios para poder estudiar el procedimiento a fondo. Peeero, esto no quiere decir que el tema se haya terminado pues ha regresado a la agenda pública uno de los debates más importantes en temas de derechos humanos de los últimos años. 

 

Para poder entender un poco más a fondo el tema vale la pena explorar tres aristas diferentes: ¿Por qué el acceso al aborto es necesario? ¿Por qué debe garantizarse sin importar las causas? ¿Por qué debe homologarse el acceso en todo el país? 

 

Hablar de acceso a la interrupción legal del embarazo es hablar de derechos humanos. De acuerdo con lo estipulado por la ONU y Human Rights Watch, entre otros, la restricción del acceso al aborto atenta contra el derecho a la vida de la mujer (al ponerla en riesgo con embarazos de riesgo o abortos clandestinos), el derecho a la salud y atención médica, el derecho a la no discriminación, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la libertad y a la privacidad. Esto es solo para empezar, porque al negar el acceso a la interrupción del embarazo se niega también la oportunidad de que la mujer decida sobre su cuerpo y su vida. ¿Por qué se nos hace tan natural legislar sobre una decisión tan íntima? 

 

El debate se da en general, hacia la aplicación del derecho a la vida desde la concepción o a partir de la viabilidad del feto. La mayoría de las autoridades en la materia, tratados internacionales y comisiones de derechos humanos, se alinean hacia la segunda, priorizando los derechos de la mujer. Pero aun en el caso de conceder la misma jerarquía a la mujer y al feto, el derecho del feto tendría que implementarse de manera que no infrinja los derechos de la mujer embarazada. 

 

En el elocuente argumento de Sally Rooney, el embarazo es un gran acto de generosidad humana en el que se comparten recursos vitales con otro ser humano. Este tipo de generosidad no es requerida por ley en ningún otro caso. No importa cuánto necesites un riñón, la ley no puede forzar a nadie a darte uno. Incluso en el caso de la donación, para poder utilizar algún órgano de un cadáver, el donador tuvo que haber dejado por escrito en vida su consentimiento. Si se considerara al feto como una persona, los derecho legales de este serían mucho más extensos que los de cualquier otro ser humano. El feto estaría ejerciendo el uso libre, no siempre consensuado (si el embarazo no es deseado), del cuerpo de otra persona, causando repercusiones permanentes. En el caso de la mujer, se le estarían otorgando menos derechos que a un cadáver.  

 

Ok, entonces es un tema de derechos humanos, ¿pero por qué debe garantizarse en todos los casos? Porque poner como condición el riesgo a la salud o el producto de una violación es más un tema de control a la mujer que de protección al feto. Es importante considerar que la prohibición del aborto tiene bastante menos que ver con los derechos del producto que con la amenaza al orden social que representa que las mujeres tengan el control de su vida reproductiva. Y es que es este mismo argumento de culpa y de agencia que pretende plantear que el aborto es aceptable sólo en algunos casos. A aquellas mujeres traumatizadas o gravemente enfermas se les da el “beneficio de la duda” porque no están ejerciendo su libre e independiente albedrío. La verdadera diferencia en estos casos es la condición de víctima que se le otorga a la mujer, haciéndolo “moralmente aceptable”. En realidad, las mujeres deberían de tener agencia sobre su cuerpo y sus decisiones sin importar los motivos. 

 

Dicho esto, vale la pena recalcar aquello que se ha repetido millones de veces: no se trata de promover el aborto, nadie se levanta un martes y decide que tiene ganas de abortar. Es un proceso traumático y complicado pero necesario en muchos casos y sobretodo, es una decisión que solo le concierne a la mujer embarazada. Y no es el papel de nadie, más que de quien lo vive, el cuestionar los motivos de esta decisión. 

 

El tema es que es una cuestión tan personal que debería poder ser tomada así, de forma privada, sin que esté prohibida o criminalizada. Y es que legalizarlo no define si el aborto se va a practicar o no, solo define si se va a hacer de una forma segura o clandestina. Al prohibirlo, aumentan los casos practicados con métodos inseguros, hay una ausencia de responsabilidad médica y no hay atención y cuidado posterior.

 

De acuerdo con la OMS, en América Latina solo 1 de cada 4 abortos fue practicado de forma segura y alrededor de 22 mil 800 mujeres mueren cada año en el mundo por complicaciones tras un aborto ilegal. La penalización no elimina la posibilidad, solamente aumenta los riesgos a los que se enfrenta la mujer. 

 

Entonces podemos ver la importancia de la legalización, pero es crucial buscar garantizar el acceso en todo el país. Esto es porque al limitar el acceso en diferentes regiones, el aborto se vuelve una cuestión de privilegio. La interseccionalidad juega un papel fundamental porque si bien para aquellas mujeres que cuenten con los medios para viajar representa un inconveniente, vivir en la pobreza, ser parte de una minoría étnica o habitar en zonas rurales, te pone en peligro de muerte. Al final se convierte en un tema de, ¿a quién le alcanza? 

 

De acuerdo con el Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA, los abortos clandestinos en una clínica privada van desde $5 mil hasta $30 mil pesos y un aborto legal en la CDMX en una clínica privada puede costar entre $2 mil – $5 mil. En una clínica pública en la CDMX se puede realizar el procedimiento sin costo, pero cuando la mujer tiene que viajar exclusivamente para eso, se deben tomar en cuenta los gastos implicados. Según el análisis hecho por Data Cívica usando los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ni siquiera el 40% de las mujeres mexicanas podría costear un aborto con su salario mensual. Decidir sobre su cuerpo se vuelve un tema de privilegio para las mujeres cuando no es accesible y gratuito en todo el país. 

 

La solución es garantizar el acceso a nivel nacional y reforzar la estrategia de Educación Sexual Integral. Y es que esto es una de las grandes ironías de la doble moral del país: se niega el acceso a la terminación legal del embarazo pero no se enseña una educación sexual comprensiva para evitarlo en primer lugar. Pese a que existe una Estrategia Nacional de Educación Sexual Integral, en un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, solo el 7% de los estudiantes de primaria, 55.1% de secundaria y 14.5% de educación media superior, reportaron haber recibido los materiales. En los tres niveles escolares, las mujeres reportaron un menor porcentaje de exposición que los hombres. Por eso no es sorprendente que México ocupe el primer lugar en embarazo adolescente, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con alrededor de 340 mil nacimientos al año en mujeres menores de 19 años. Hacer de la sexualidad un tabú, evitando completamente el tema es francamente arcaico. Esta omisión crea un gran daño social cuyo costo lo pagan sobretodo las mujeres. 

 

Este es un problema que va más allá de los tecnicismos de la ley, con implicaciones sociales y culturales que necesitamos cambiar para poder garantizar los derechos humanos de las mujeres mexicanas. Así que por favor, dejémonos de capas y máscaras y veamos el problema como es: machismo institucionalizado. Porque no hay otra explicación además de una misoginia internalizada y búsqueda de la perpetuación del status quo para negar a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo pero al mismo tiempo bloqueando el acceso a una educación sexual comprensiva.

 

Hoy no fue, pero la lucha sigue. Esta vez vimos cómo por una cuestión procesal se dejó ir el tema, pero volverá. Porque el acceso a un aborto seguro, a educación sexual comprensiva y a métodos anticonceptivos eficaces, es un tema de justicia social. 

 


Sobre la autora:

Fernanda Zamora es comunicóloga, maestra en política pública. Ha trabajado haciendo investigación en temas de políticas de innovación, política social y justicia restaurativa, entre otros. Como consultora de comunicación ha participado en el diseño e implementación de estrategias de comunicación para ONGs, sector público e iniciativa privada. Apasionada por los temas de equidad de género, innovación social y desarrollo. Lectora voraz, bailarina frustrada y adicta a los podcasts.
Está a favor de: Feminismo, empoderamiento e innovación. En contra de: Injusticia, intolerancia.



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