Los trapos sucios no se lavan en casa


Raquel López-Portillo Maltos 

@rak_lpm

 

El panorama internacional ha cambiado mucho en las últimas décadas. Nos enfrentamos a un mundo completamente globalizado, interconectado, en donde nos enteramos de qué ocurre hasta en los lugares más recónditos del planeta. Tras la Segunda Guerra Mundial, para evitar una barbarie de esa magnitud (o al menos para intentar evitarla), se crearon diversos organismos internacionales y regionales y los Estados, en pleno ejercicio de su soberanía, firmaron acuerdos con la finalidad de mantener la paz y la estabilidad mundial. Dentro de éstos se definen las bases mínimas de los derechos, los instrumentos para su protección y promoción, así como los órganos creados para asegurar su cumplimiento.

En el caso del continente americano, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha fungido como el principal garante en esta materia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el órgano principal de la Organización de Estados Americanos (OEA) y desarrolla sus funciones a través de visitas in loco (visitas de monitoreo sobre la situación de derechos humanos en los Estados Miembros), la elaboración de informes temáticos, audiencias públicas, entre otros. Aunado a ello, este organismo ha otorgado medidas cautelares y ha impulsado cambios estructurales que han ayudado a proteger a personas en riesgo y ha colaborado a consolidar el marco institucional en la región.

En días recientes, se dio a conocer el rechazo de México y Nicaragua por recibir visitas de la CIDH para revisar dos situaciones en particular: la crisis política nicaragüense y el trato a migrantes en la frontera sur mexicana. La oposición en Nicaragua había solicitado a la OEA el envío de una comisión para resolver la problemática mediante el diálogo entre gobierno y sociedad civil. No obstante, a la llegada de la comisión se le negó el ingreso al país, alegando una injerencia en asuntos internos y un posible golpe de Estado. Por su parte, luego de la implementación de la política de contención migratoria exigida por el gobierno estadounidense, la CIDH solicitó al gobierno mexicano visitar sus fronteras norte y sur para evaluar el trato y la situación que atraviesan los migrantes. Bajo un lenguaje diplomático en el que se ignoró más no se negó la solicitud, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que no se permitiría dicha visita, ya que en la resolución de la OEA sólo se incluye la inspección en la frontera norte.

Ambos casos denotan situaciones de suma importancia. Por un lado, la crisis que se vive desde abril de 2018 en Nicaragua ha desembocado en cientos de muertos, exiliados, presos políticos y en una economía que va en rápido declive. Por otro, diversos organismos han llamado la atención sobre el endurecimiento en el trato a migrantes en México y las condiciones inhumanas en los centros de detención. Ante ello, hay una cuestión ineludible: el rechazo al escrutinio internacional, lejos de defender la soberanía de los Estados, admite veladamente su desinterés por los derechos de su población y por construir puentes con la comunidad internacional. En el escenario global, los trapos sucios no se lavan en casa. 

Cabe resaltar que el mandato de la CIDH no es opcional ya que, al ser Estados Miembros, adquirieron la obligación de cumplimiento y respeto a las disposiciones de los instrumentos del Sistema Interamericano. No debemos olvidar tampoco que, aún con los retos y desafíos que enfrenta, la CIDH ha logrado investigar, documentar, analizar y reparar situaciones de violaciones a derechos humanos, intentando elevar los estándares de protección a nivel regional. Es precisamente la CIDH el órgano que desde 1998 en México, ha puesto en los reflectores los feminicidios  del caso de campo algodonero en Ciudad Juárez, la desaparición forzada como en el caso Rosendo Radilla, las consecuencias de la guerra contra las drogas, y la investigación más fidedigna respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En 2017, López Obrador, entonces dirigente nacional de Morena, presentó una denuncia y solicitó medidas cautelares a la CIDH para que protegiera a los migrantes mexicanos de las medidas de Donald Trump. ¿Por qué ahora como presidente rechaza que se haga en su país lo que él mismo solicitó? ¿Por qué en el discurso se habla de una apertura a la supervisión, pero en la realidad se demuestra lo contrario?

Hace unos meses, en la bienvenida de los nuevos miembros del Servicio Exterior Mexicano, el canciller Marcelo Ebrard mencionó que en las últimas décadas “las causas mundiales se volvieron causas locales y los problemas locales se volvieron problemas mundiales”. No podría estar más de acuerdo. Es por ello que hoy, más que nunca, se necesita de la cooperación internacional ante los complejos desafíos globales. Es por ello que debe echarse mano de los instrumentos existentes y repensar soluciones más vigentes para la materialización de la justicia social. Es por ello que se debe reducir la brecha que existe entre un reluciente marco normativo y la abrupta realidad social.

 


Sobre la autora:

Raquel López-Portillo Maltos es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue Coordinadora General de la campaña HeForShe de ONU Mujeres en su universidad, así como articulista en la revista digital Observatorio DH. Se desarrolló como Analista de Inteligencia en la consultora internacional Pinkerton y actualmente labora como Coordinadora de Proyectos Especiales en Fundación Por México. Apasionada del flamenco, la fotografía y la literatura. A favor de: el derecho a elegir, el debate, las opiniones sustentadas y la igualdad de oportunidades. En contra de: la violencia, la ignorancia, la mediocridad y las mentes cerradas.

Mercedes Migoya61 Posts

Mercedes Migoya es la directora de Contenido de Telokwento. Es internacionalista y ha desarrollado su carrera en medios de comunicación. Le interesa especialmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y Seguridad Internacional. A favor de: varias libertades, especialmente la de expresión. En contra de: la corrupción, el abuso de poder y la burocracia.



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