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#SalvemosInternet


Raquel López-Portillo Maltos

@rak_lpm

 

Imaginemos el siguiente escenario hipotético: Ana es usuaria del banco X, que le provee servicios financieros. Las leyes establecen que el banco X debe mantener una operación y administración neutral, respetando las elecciones de sus usuarios, la competencia con otros bancos y evitando acciones que opaquen la transparencia con la que trabaja. Ahora, imaginemos que por la emisión de una nueva ley, el banco X tendrá la capacidad de restringir una transacción que haga Ana dependiendo de su destino; podrá priorizar o dar preferencia a los servicios con quien tenga acuerdos económicos, bloqueando a sus competidores; y, para gestionar sus servicios, tendrá la posibilidad de monitorear la actividad de Ana para saber el contenido, frecuencia y destinatarios de sus operaciones, además de que el gobierno podría solicitarle al banco X bloquear ciertas operaciones por “situaciones de emergencia” o “seguridad nacional”, sin un mecanismo o institución que monitoree estas actividades y denunciar irregularidades. Sería terrible, ¿cierto?

Esto es precisamente lo que está en juego en México en estos momentos solo que, siguiendo la analogía, Ana representa a las usuarias y usuarios de internet y el Banco X a los Proveedores de Acceso a Internet (PAI). En diciembre de 2019, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó un anteproyecto que permitiría a dichos proveedores (empresas como Telmex, AT&T o Movistar) favorecer a sus socios comerciales e impedir una competencia leal con otras empresas que proveen servicios similares, mientras que el gobierno estaría facultado a realizar bloqueos de contenidos a su discreción. Como respuesta, una coalición de organizaciones de la sociedad civil y algunas empresas del sector privado presentaron la campaña #SalvemosInternet, en la que invitan a la ciudadanía a pronunciarse en contra de la iniciativa que está siendo sometida a consulta pública desde el 6 de febrero y hasta el 6 de marzo. 

El discurso en torno a la iniciativa gira alrededor de la neutralidad del internet. La Coalición Dinámica sobre Neutralidad de la Red del Foro de Gobernanza de Internet la define como “el principio de acuerdo con el cual el tráfico de internet será tratado sin discriminación, restricción o interferencia, independientemente del remitente, destinatario, tipo o contenido, de tal manera que la libertad de los usuarios de internet no se vea restringida por favorecer o desfavorecer de manera no razonable la transmisión de tipos específicos de tráfico”. Para que esto sea posible, ésta y otras organizaciones han abogado a lo largo de más de una década por un Internet Abierto, en donde la libertad de elección, la competencia y la transparencia sean los principios rectores. Siendo el internet un bien público, cualquier acto que menoscabe estos principios atenta también contra los derechos de sus usuarios. 

Además de los puntos mencionados en el ejemplo del inicio entre los que destacan el trato preferencial a socios comerciales, la censura gubernamental, la invasión a la privacidad y la falta de transparencia, existen otras repercusiones que, de aprobarse el anteproyecto, afectarían gravemente el libre acceso a internet. En primera instancia, se daría a los PAI la posibilidad de cobrar una tarifa mayor por el uso de servicios o aplicaciones de empresas con quienes no tengan convenio para favorecer sus intereses comerciales. Por otro lado, las y los usuarios quedarían en una posición vulnerable, pues en el anteproyecto se hace caso omiso a la protección de datos personales. Finalmente, la regulación desincentiva la innovación de tecnologías pues, de salir al mercado, serían desfavorecidas al competir con grandes empresas que tienen los medios necesarios para aliarse con los PAI. 

Hoy en día, el internet representa una realidad alterna, aunque tangible, en la cual nos desarrollamos como seres humanos. En internet aprendemos, ejerciendo nuestro derecho a la educación. En internet publicamos nuestras opiniones, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión. En internet manifestamos nuestros desacuerdos, ejerciendo nuestro derecho a la manifestación. En internet compramos y vendemos, ejerciendo nuestros derechos económicos. En internet trabajamos, ejerciendo nuestros derechos laborales. En internet publicamos y compartimos arte, ejerciendo nuestros derechos culturales. En internet nos reunimos y nos organizamos, ejerciendo nuestro derecho a la asociación. Tengamos una posición activa en la defensa de esta herramienta vital en el ejercicio de nuestros derechos. 

 

*Si quieres participar en la consulta pública, ingresa a este link para enviar tus observaciones al IFT antes del 6 de marzo: https://salvemosinternet.mx

*Si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo el libro Internet en México: derechos humanos en el entorno digital de la organización Derechos Digitales

 


Sobre la autora:

Raquel López-Portillo Maltos es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue Coordinadora General de la campaña HeForShe de ONU Mujeres en su universidad y actualmente es Asociada del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de seguridad, igualdad de género y educación.  Apasionada del flamenco, la fotografía y la literatura. A favor de: el derecho a elegir, el debate, las opiniones sustentadas y la igualdad de oportunidades. En contra de: la violencia, la ignorancia, la mediocridad y las mentes cerradas.

Mercedes Migoya57 Posts

Mercedes Migoya es la directora de Contenido de Telokwento. Es internacionalista y ha desarrollado su carrera en medios de comunicación. Le interesa especialmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y Seguridad Internacional. A favor de: varias libertades, especialmente la de expresión. En contra de: la corrupción, el abuso de poder y la burocracia.
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