Vigilar y castigar: la propuesta de reforma judicial


Raquel López-Portillo Maltos

@rak_lpm

 

En una sociedad en donde la libertad es el máximo bien, su privación es el mayor castigo posible. Esta es una de las principales premisas en las que se basa Michel Foucault, uno de los máximos pensadores del siglo XX, en su obra cumbre Vigilar y castigar. En este análisis sobre los sistemas penales occidentales y su evolución, Foucault elabora sobre el principal cambio que hubo de la Edad Media a la Edad Moderna: ya no se concibe el castigo como el sometimiento de un criminal a un suplicio severo, sino que surge la necesidad de convertir dicho castigo en un ejercicio de justicia que restaure de cierta forma al tejido social. Dentro de las reglas básicas planteadas para que esto sea posible, destacan la certidumbre absoluta, en la cual debe haber total certeza de que el delito no va a quedar impune, y la verdad común, en la que se abandona el método de castigo inquisitorial para basarse en la investigación empírica. 

Son precisamente estas dos reglas las que peligrarían, según académicos, especialistas en derecho y defensores de derechos humanos, si se aprobaran las leyes y modificaciones en materia penal, de seguridad y de procuración de justicia contempladas en la nueva reforma judicial. De ser aprobada, se abriría la posibilidad de ampliar el arraigo para todos los delitos; hacer válidas pruebas obtenidas de manera ilícita; se eliminaría la figura de jueces de control; se le asignaría al Senado la facultad de nombrar jueces que a su vez vigilen la actuación de otros jueces y magistrados; se crearía un Código Nacional Penal; y, finalmente, se limitaría el derecho de amparo. Ante el revuelo que causó la filtración de esta iniciativa, se anunció que la presentación de los documentos definitivos será hasta el próximo 1 de febrero, y se espera que las propuestas sean debatidas con diversos actores sociales. 

¿Por qué se ha considerado que estas medidas atentan contra los derechos humanos, las garantías procesales y el acceso a la justicia? ¿y por qué sería violatorio tanto del derecho nacional como del internacional? La respuesta tiene origen en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 2011 y la reforma al sistema penal del 2008. En el primer caso, se incorporaron 3 mecanismos a la normativa nacional: el control de convencionalidad, el principio pro persona y la interpretación conforme. En muy resumidas cuentas, con estos criterios México puso a la par las leyes nacionales con la jurisprudencia de organismos internacionales, con la excepción de los casos en los que la Constitución marque alguna restricción con lo cual se deberá apelar a la norma constitucional. Esto tiene como fin la integración y armonización de los derechos conforme a ambos sistemas. Toma en cuenta la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, favoreciendo a las personas mediante interpretaciones más amplias e integrales. Por su parte, la reforma al sistema penal intentó remediar los principales vicios del pasado sistema penal acusatorio, fomentando una mayor transparencia mediante los juicios orales; limitando el arraigo a delitos relativos al crimen organizado; creando mecanismos de justicia alternativa, entre otros. Pese a que aún existen grandes retos en su implementación y en erradicar las malas prácticas, la combinación de ambas reformas dieron un gran paso hacia procesos más justos en la procuración de justicia. 

La aprobación de la reforma judicial sería inconstitucional e inconvencional al ir en contra tanto de la normativa nacional como de la internacional; sería retroactiva al establecer un orden que protege en menor medida a comparación de los estándares alcanzados actualmente; y, sobre todo, vulneraría enormemente los derechos de la ciudadanía. Ampliar el arraigo para todos los delitos sustituiría la presunción de inocencia por la presunción de responsabilidad, permitiendo las detenciones arbitrarias. Hacer válidas pruebas obtenidas de manera ilícita si los jueces lo consideran pertinente abriría la puerta a mayores casos de tortura, espionaje y construcción de culpables. La creación de un Código Nacional Penal eliminaría la autonomía de los congresos locales de legislar de manera diferenciada. Condicionar el derecho de amparo y dejarlo al criterio de la autoridad vulnera el principal derecho de la ciudadanía de defenderse contra abusos del Estado. Finalmente, restarle independencia al poder judicial, dándole competencias que hoy en día recaen en el Consejo de la Judicatura, sería un fuerte golpe en la división de poderes y en la generación de contrapesos.

México es el cuarto país con mayor impunidad en el mundo y el primero en el continente americano. Según datos de la organización México Evalúa, a nivel federal, el promedio de casos sin esclarecer es del 94%. Únicamente 3.9% de las denuncias ante el Ministerio Público a nivel nacional termina en una carpeta de investigación, mientras que solo el 0.27% culmina en un juicio oral. A su vez, el reporte reveló que ninguna entidad federativa ha implementado al 100% el nuevo sistema penal acusatorio.

Estas cifras son alarmantes y aterradoras. Evidencian que la crisis que vive el país tiene sus orígenes enraizados en la impunidad y en la corrupción. Sin embargo, la solución no debe de ir en detrimento a lo que se ha logrado. La progresividad, como obligación del Estado, debe asegurar los niveles más esenciales de cada derecho y demostrar que se está haciendo todo lo posible para maximizarlo. Sin duda alguna, resulta urgente comenzar a repensar nuevas formas de hacer frente a esta cuestión, con medios y fines mucho más humanos, éticos y progresistas. Queda por verse el impacto que puede generar el parlamento abierto en las siguientes semanas y qué valor se le otorgará a la opinión de la sociedad civil y de especialistas en el tema. De lo contrario, regresando a Foucault, el Senado probará que “ante la justicia del soberano, todas las voces deben callar”.

 


Sobre la autora:

Raquel López-Portillo Maltos es licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue Coordinadora General de la campaña HeForShe de ONU Mujeres en su universidad y actualmente es Asociada del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de seguridad, igualdad de género y educación.  Apasionada del flamenco, la fotografía y la literatura. A favor de: el derecho a elegir, el debate, las opiniones sustentadas y la igualdad de oportunidades. En contra de: la violencia, la ignorancia, la mediocridad y las mentes cerradas.

Mercedes Migoya61 Posts

Mercedes Migoya es la directora de Contenido de Telokwento. Es internacionalista y ha desarrollado su carrera en medios de comunicación. Le interesa especialmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente y Seguridad Internacional. A favor de: varias libertades, especialmente la de expresión. En contra de: la corrupción, el abuso de poder y la burocracia.



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