Clima extremo = política extrema

Cuando el planeta arde, tiembla y se inunda… los gobiernos también. Pero la verdadera sacudida ocurre en otro lado: en las administraciones que no dan abasto, en las poblaciones desplazadas por olas de calor o sequías, y en los sistemas de seguridad que colapsan ante fenómenos antes considerados “naturales”.

El cambio climático ya no es solo un problema ambiental. Se ha vuelto un motor clave de migraciones forzadas, inseguridad alimentaria y crisis sociales. En suma, una amenaza directa a la seguridad humana y al equilibrio político.

Clima extremo implica política extrema. Cuando millones pierden sus hogares por tormentas o sequías, la presión sobre los gobiernos aumenta exponencialmente. Las decisiones se vuelven urgentes y reactivas, los recursos escasos, y las demandas sociales, insoportables. Esto genera más tensiones, conflictos locales y retos para la gobernabilidad.

En 2024, cerca de 46 millones de desplazamientos internos se registraron por desastres, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Más de 9 millones seguían desplazadas al cierre del año. Destacan las inundaciones masivas en Pakistán, la prolongada sequía en Madagascar, y los incendios forestales en California, que causaron miles de evacuaciones temporales.

Estos no son episodios aislados, sino parte de un patrón global: en 30 años, los eventos climáticos extremos se triplicaron. Las comunidades más vulnerables, quienes menos han contribuido al calentamiento, son las más afectadas.

Lo alarmante es que estas crisis ambientales generan crisis políticas. La falta de agua y alimentos, el colapso de infraestructuras y el aumento de desplazamientos saturan sistemas sociales y erosionan la gobernabilidad. Las tensiones crecen mientras las respuestas institucionales fallan.

No hablamos del “futuro”, sino de un presente urgente. Si no abordamos esta amenaza compleja y transversal, sus consecuencias serán ambientales, políticas y sociales.

Desde la perspectiva del desarrollo internacional, el cambio climático multiplica riesgos: intensifica desigualdades, debilita instituciones y acelera la inestabilidad. Los desastres ambientales traen crisis humanitarias, migratorias y políticas que amenazan la paz social.

En este contexto, América Latina —y México en particular— tiene una oportunidad estratégica. Más que una región vulnerable, puede ser referente de diplomacia climática preventiva: no solo reaccionar ante la tormenta, sino anticipar impactos, fortalecer protección civil, invertir en adaptación local y proponer soluciones integrales en foros multilaterales.

México puede liderar una agenda que articule clima, seguridad y desarrollo. Que vaya más allá de la reducción de emisiones para garantizar acceso a agua, alimentos y movilidad digna en contextos de desastre. Porque sin estabilidad climática no existe estabilidad política ni social.

Cuando el planeta se desestabiliza, el orden internacional también se fragmenta. Frente a esto, no bastan discursos; se necesita visión estratégica, cooperación real y voluntad firme para actuar.

Sí, el mundo se calienta. Pero la urgencia mayor no es solo bajar el termómetro, sino entender que ese calor está erosionando las bases de nuestra seguridad y estabilidad política global.