Populismo afectivo y erosión institucional: Unsh freno al desarrollo latinoamericano

Parte de este ensayo fue desarrollado con apoyo conceptual y editorial de herramientas de lenguaje asistido por inteligencia artificial (ChatGPT, OpenAI), bajo la dirección y autoría exclusiva de Bryan Townshend Bahamón.

Introducción

El populismo latinoamericano, como señala Casullo ¹, se articula “no como una ideología, sino como una forma de construir lo político basada en una narrativa emocional de reparación”. En este contexto, el caudillo no gobierna: moviliza. Mira a su electorado como un ejército dispuesto a ejecutar una agenda, no necesariamente por razones racionales, sino desde la necesidad de ser escuchado, vindicado. Así, la política emocional se convierte en una vía de acceso legítima al poder, aun cuando los métodos comprometan los principios institucionales.

Esta forma de ejercer liderazgo no es exclusiva de unas cuantas “manzanas podridas”. Está profundamente arraigada en el tejido democrático de la región. En muchos casos, el vínculo entre representantes y ciudadanos se basa menos en el programa político que en la conexión afectiva, que se activa en tiempos de crisis, frustración o abandono estatal. Esta conexión —potenciada por redes sociales y una ciudadanía políticamente impaciente— empuja a tomar decisiones reactivas, no estructurales.

Este ensayo sostiene que la emocionalidad política, alimentada por liderazgos populistas, presión digital y fracturas sociales acumuladas, es una de las principales causas del deterioro institucional en América Latina. Esa emocionalidad no sólo deslegitima el debate técnico: también obstaculiza la construcción de políticas públicas coherentes, estables y fiscalmente responsables. Como advierten Dornbusch y Edwards ², la economía del populismo genera “una primera fase de crecimiento artificial, seguida de colapso económico e inflación”.

Panamá no escapa a esta lógica. El caso de la mina de cobre en 2023 y la actual reforma del sistema de pensiones han mostrado cómo la presión social, cuando se impone sin mediación institucional, puede paralizar decisiones clave. Con una tasa de desempleo que alcanzó el 9.5% ³, una caída de más del 21% ⁴ en la recaudación fiscal empresarial y un costo de oportunidad estimado en 5% del PIB ⁵, los costos de una democracia emocional no son sólo simbólicos: son medibles.

El poder de las emociones en la política latinoamericana

El populismo no debe entenderse como una ideología estructurada, sino como una forma específica de interpelar al pueblo desde lo afectivo. Los liderazgos populistas se constituyen como “portavoces del agravio”, adoptando el lenguaje de la reparación emocional frente a décadas de exclusión o abuso institucional ¹. Siguiendo esta lógica, el caudillo redefine quién forma parte del “pueblo” en función de su propia agenda. Como advierte Ernesto Laclau ⁶, una figura clave en la teoría populista, el pueblo no es una categoría sociológica fija, sino una construcción simbólica que emerge del antagonismo emocional frente a “los otros”: las élites, los tecnócratas o las instituciones que no reflejan esa voluntad popular.

Este proceso de resignificación le otorga al líder una ventaja estratégica en el escenario electoral. Activa una lógica de movilización colectiva donde basta con mover a un núcleo inicial —simbólicamente reconocido como “auténtico”— para que el resto se alinee con esa identidad. Se activa así una dinámica emocional de pertenencia, liderazgo y recompensa simbólica. El líder, por su parte, asume el rol de guía protector, generando una relación clientelar que, en muchos casos, se traduce en compromisos materiales. En la práctica, esto implica que el costo de mantener la cohesión simbólica del “pueblo” es financiado, en última instancia, con recursos del Estado.

La narrativa populista no sólo responde al malestar social: lo intensifica y lo convierte en combustible político. La rabia frente a la desigualdad, el miedo al desempleo o la nostalgia de un pasado idealizado se transforman en legitimaciones emocionales para implementar medidas que prescinden de criterios técnicos o de sostenibilidad fiscal.

La emergencia de plataformas digitales ha amplificado este fenómeno. En un entorno marcado por la inmediatez, la viralización de emociones, y una menor tolerancia a la disciplina institucional, los ciudadanos se vuelven más vulnerables a discursos que ofrecen soluciones rápidas, simples y directas. Se instala así una cultura política volátil, donde la emocionalidad reemplaza al debate racional, y donde el “like” sustituye al consenso.

Incluso en países formalmente democráticos, gobiernos de todo el espectro ideológico han recurrido a medidas dictadas por la presión popular inmediata, sin evaluar sus consecuencias fiscales o institucionales. Así, la emocionalidad no constituye una anomalía pasajera, sino un patrón estructural de gobernanza en la región: una forma de hacer política basada en la urgencia emocional, la identificación afectiva y la promesa de reparación simbólica, aun si eso implica debilitar los cimientos técnicos e institucionales del largo plazo.

La emocionalidad como amenaza institucional

El principio del Estado de derecho se fundamenta en la existencia de normas estables, previsibles e independientes del poder político circunstancial. Sin embargo, estas características son difícilmente compatibles con el comportamiento emocional del individuo, y, por extensión, con la voluntad colectiva del electorado. Cuando esa voluntad se vuelve contradictoria con los principios que afirma defender —por ejemplo, al exigir justicia social al tiempo que avala prácticas autoritarias—, el estado de derecho queda desprotegido. Es como enfrentar una ofensiva con un solo defensa frente a tres delanteros decididos a marcar: la desproporción institucional frente a la presión popular emocional deja a las normas jurídicas en clara desventaja.

Esta fragilidad estructural no es nueva. Como muestra el Latin America Rule of Law Report (2025) ⁷, en países como El Salvador, Nicaragua o Bolivia, la independencia judicial ha sido sustituida por formas de subordinación institucional, justificadas por discursos de “justicia popular” o de “limpieza del sistema”. En estos casos, el estado de derecho no desaparece formalmente, pero es vaciado de contenido: las normas permanecen, pero se aplican con sesgo, se reinterpretan arbitrariamente o se ignoran bajo presión social.

Superar estas incongruencias exige un ejercicio psicoanalítico profundo: ir en contra de lo que dicta el impulso emocional para obedecer lo que la razón y los datos recomiendan. Es una forma de autocorrección institucional que exige sacrificio: una autovacunación dolorosa contra la gratificación inmediata. Pedirle a un sistema democrático emocional que se discipline a sí mismo es tan difícil como pedirle a un niño que se administre una vacuna. Y cuando este ejercicio de autocontención no se realiza —como suele ser el caso—, se abren los espacios para la manipulación de sistemas electorales, la instrumentalización de la justicia y la presión directa sobre órganos constitucionales ⁸.

En este entorno, el poder se convierte en fin en sí mismo, más importante que la ley que debería regularlo. El líder, que inicialmente manipula las emociones para gobernar, termina atrapado por su propio relato. La narrativa emocional que utilizó para conquistar legitimidad se convierte en su verdad interna, justificando métodos cada vez más alejados del marco institucional. Así, la emocionalidad no sólo erosiona el estado de derecho: transforma al caudillo en prisionero de su propia ficción.

Costos económicos de las decisiones emocionales

Cuando la política se rige por impulsos emocionales inmediatos, en lugar de por análisis técnico o sostenibilidad fiscal, el costo no es sólo institucional: también es profundamente económico. A lo largo de la historia latinoamericana, numerosas políticas públicas han sido diseñadas como respuestas a clamores populares urgentes —ya sea por el alza de precios, el desempleo, la percepción de injusticia o crisis externas— sin una estrategia estructural a largo plazo. Estas medidas, aunque socialmente celebradas a corto plazo, terminan debilitando las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible.

Dornbusch y Edwards (1991)² modelan este comportamiento con claridad. Señalan que los gobiernos populistas adoptan políticas fiscales expansivas sin respaldo presupuestario, orientadas a satisfacer demandas inmediatas más que a fortalecer la capacidad productiva. El costo de esas decisiones no se paga con dinero presente, sino con desarrollo futuro: en términos económicos, se sacrifica el mediano y largo plazo para contener el descontento momentáneo.

Un ejemplo típico de esta lógica son los controles de precios, frecuentemente implementados como respuesta emocional ante percepciones de abuso. Aunque populares, estas medidas distorsionan los incentivos del mercado: desincentivan la inversión, generan escasez y fomentan mercados paralelos. Como muestra la investigación publicada en el Journal of Development Economics (Acemoglu et al., 2013) ⁹, la redistribución estratégica bajo presión emocional prioriza “beneficios inmediatos para la base electoral” por encima de la inversión en infraestructura, capital humano y productividad de largo plazo.

En este mismo contexto, los subsidios generalizados también se convierten en instrumentos políticos cargados de emocionalidad. Aunque buscan aliviar malestares reales —como el encarecimiento de la vida—, a menudo se implementan sin focalización ni evaluación de impacto. El resultado es un gasto ineficiente, regresivo y difícil de desmontar ¹⁰. En muchos casos, lo que se anuncia como un alivio temporal se convierte, por percepción pública, en un derecho adquirido, recargando de responsabilidades estructurales al Estado.

Casos como los de Venezuela, Argentina o incluso Ecuador en ciertos periodos ilustran este patrón. Gobiernos que, ante contextos sociales convulsos, optaron por decisiones económicas que respondían más a emociones colectivas que a criterios de sostenibilidad. Por contraste, modelos como el de Chile post-años 90 o Uruguay en la última década han demostrado que es posible atender las demandas sociales sin comprometer los fundamentos macroeconómicos.

Este análisis no pretende desconocer la urgencia de atender necesidades reales. Al contrario, advierte que las soluciones emocionalmente reactivas suelen acarrear costos ocultos que, una vez activados, perpetúan ciclos de estancamiento y dependencia estatal. La incapacidad para construir consensos técnicos y políticos alrededor de políticas públicas sostenibles es uno de los principales factores que mantiene a la región atrapada en una trampa de bajo crecimiento, vulnerabilidad fiscal y volatilidad institucional.

Conclusión: hacia una racionalidad con rostro humano

Un Estado moderno no puede renunciar al cálculo técnico, pero tampoco puede construirse de espaldas a las emociones colectivas. La salida, aunque compleja, exige reconciliar la racionalidad institucional con la legitimidad afectiva. Esto implica fortalecer las capacidades del Estado, profesionalizar el debate público, y crear canales de participación que validen las emociones sin sacrificar el largo plazo. Solo así será posible una democracia que no oscile entre la euforia y la crisis, sino que se sostenga en la difícil pero necesaria madurez política.

Ningún sistema político o económico puede sostenerse en el tiempo si desconoce la dimensión emocional del ser humano. Pretender que las decisiones colectivas se rijan exclusivamente por la razón técnica es ignorar que las pasiones, los miedos y los anhelos son también fuerzas políticas reales. La emocionalidad no es una anomalía a corregir, sino una variable estructural que debe ser comprendida y canalizada.

El verdadero reto para América Latina no es eliminar la emocionalidad de la democracia, sino evitar que esta se imponga por encima del marco institucional. Se trata de diseñar instituciones que no sólo resistan el vaivén afectivo de la opinión pública, sino que sean capaces de traducir el malestar social en políticas sostenibles, equitativas y técnicamente viables.

En teoría, una solución perfecta requeriría un sistema utópico que combine inteligencia artificial, planificación central sin corrupción y mecanismos automatizados de equidad y bienestar, como los que describe la saga Scythe de Neal Shusterman: un mundo sin necesidad ni carencia, donde las decisiones están libres de interés personal. Sin embargo, la región está aún a años luz de esa posibilidad. Antes de aspirar a un orden pos-escasez, deben resolverse problemas más inmediatos: la corrupción sistémica, la evasión fiscal, los cuellos de botella en la producción y distribución de bienes esenciales, y la excesiva burocratización que ahoga la eficiencia estatal.

Referencias

1 Casullo, María Esperanza. (2019). “¿Qué es el populismo?” Nueva Sociedad. https://nuso.org/articulo/el-populismo-latinoamericano-entre-la-democratizacion-y-el-autoritarismo/ 

2 Dornbusch, R. y Edwards, S. (1991). The Macroeconomics of Populism in Latin America. NBER. https://www.nber.org/system/files/chapters/c8296/c8296.pdf 

3 Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). (2024). Encuesta de Mercado Laboral – Agosto 2023. Contraloría General de la República de Panamá.

4 Dirección General de Ingresos (DGI). (2024). Informe de Finanzas Públicas – Diciembre 2024. Ministerio de Economía y Finanzas, República de Panamá. Recuperado de https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default3.aspx?ID_PUBLICACION=1295&ID_CATEGORIA=5&ID_SUBCATEGORIA=38 https://dgi.mef.gob.pa/Transparencia/IFP/IFP-Dic24.pdf 

5 Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP). (2025). Estimación del impacto económico del conflicto por la concesión minera: Pérdidas fiscales, sociales y reputacionales (RECOCP). Panamá. Recuperado de https://www.conep.org.pa/wp-content/uploads/2025/01/Estudio_RECOCP.pdf

6 Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.

7 Eurolatin Studies. (2025). El Estado de Derecho en América Latina: Relatorio comparativo.

https://eurolatinstudies.com/wp-content/uploads/2025/02/El-Estado-de-Derecho-en-America-Latina-Relatorio-Espanhol-1-1.pdf 

8 Fundación FAES. (2022). Estado de derecho y democracia en América Latina. https://fundacionfaes.org/estado-de-derecho-y-democracia-en-america-latina/ 

9 Acemoglu, D. et al. (2013). Strategic Redistribution: The Political Economy of Populism in Latin America. Journal of Development Economics.

10 Friedrich Ebert Stiftung (2018). Populism and the Economy: An Ambivalent Relationship. https://library.fes.de/pdf-files/iez/15244.pdf