Es como, desafortunadamente, anda la situación en Perú, pues las manifestaciones que estallaron desde el pasado 7 de diciembre —en las que se le exige al gobierno de Dina Boularte que convoque nuevas elecciones a la de ¡ya! y que de paso liberen al exmandatario destituido, Pedro Castillo— han escalado a través de numerosos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
Imagínate lo grave de la situación que este lunes —9 de enero— la Defensoría del Pueblo de Perú reportó la muerte de al menos 17 personas que, cerca del aeropuerto de la ciudad de Juliaca —ubicada en el departamento de Puno, al sur del país— se enfrentaron con las fuerzas andinas; y una persona más murió en un bloqueo de carreteras. Además, algunos manifestantes fueron trasladados a dos hospitales.
Por un lado, este martes —10 de enero— el primer ministro, Alberto Otárola, anunció un toque de queda en la región que durará tres días, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m.
Por otro lado, quien andaba súper molesta era la nueva presidenta, Dina Boluarte, pero no por las muertes, sino por las manifestaciones. Incluso comentó, con toda la frialdad del mundo, que “no se entiende” qué es lo que están exigiendo los manifestantes y que solo están agarrando pretextos para “seguir generando el caos”.
Fíjate que desde que estalló este movimiento social, numerosos grupos de derechos humanos han acusado a las fuerzas de seguridad por hacerle frente a los manifestantes mediante el uso de armas de fuego y bombas de humo. Tristemente, esto ha herido a más de 60 personas y cobrado la vida de al menos 46 manifestantes. Ante esta situación, la Fiscalía de Perú se encuentra investigando tanto a Boluarte como al primer ministro Otárola por la muerte de 28 de los manifestantes.
Frente a todo este despapaye, el gobierno de Dina Boluarte señaló al expresidente de Bolivia, Evo Morales, como el responsable de todas las desgracias que han ocurrido en Perú durante el último mes. Incluso la Superintendencia Nacional de Migraciones, con la mano en la cintura, vetó a Morales, junto a otros ocho ministros bolivianos, de entrar al país andino.
El caso es que el gobierno del Perú los acusó, mediante un documento, de haber ingresado al país en el último año para "efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú”.
