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Arrancaron las discusiones en la Corte sobre la prisión preventiva oficiosa

La Suprema Corte se reunió para discutir la prisión preventiva oficiosa y, al parecer, tienen la intención de mantenerla a flote en la Constitución.

No se les ve convencidos

Segurito que empezaste la semana viendo post tras post de tus amigos abogados echando montón a la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ayer empezó a analizar si mantiene viva a la prisión preventiva oficiosa en México. Esto porque el ministro Luis María Aguilar y la ministra Norma Lucía Piña pusieron en la mesa dos proyectos para eliminarla de la ley, tras considerar que vulnera los derechos humanos. En este primer round en el Pleno, cuatro de los 11 ministros se mostraron en contra de erradicarla, dejando entrever, al momento, que el proyecto no prosperará.

La… ¿qué?

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que los tribunales aplican a las personas acusadas por algún delito con la que las mantienen en la cárcel por semanas, meses o incluso hasta años antes de que se les dicte sentencia. A grandes rasgos, dicta que los acusados deben llevar su proceso penal dentro de la cárcel, aún cuando no hayan recibido condena ni se haya acreditado que son culpables. Ojo, porque no es lo mismo que la prisión preventiva justificada, que la determina un juez tras analizar un caso en específico, sino que esta, sencillamente, se aplica de manera automática a una lista de 16 delitos.

Un debate movidito

Mientras lees esto, cerca de 92,500 personas se encuentran en las cárceles mexicanas bajo la figura de prisión preventiva; o sea, el 40% de la población carcelaria del país está en el bote sin que se les haya comprobado su culpabilidad. Es por esto que, en el pleno, se armó un debate donde se cuestionó su permanencia.

Por un lado, los especialistas en derecho opinan que la prisión preventiva oficiosa además de violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también infringe muchísimos tratados internacionales y un montón de leyes mexicanas, por la sencilla razón de ignorar la presunción de inocencia y el debido proceso.

Mientras que, en contraste, el gobierno de AMLO ha luchado por mantener esta medida; incluso metiéndose con los ministros argumentó que, si se llegara a eliminar esta medida, la seguridad pública del país estaría en riesgo. Ojo, porque hoy se espera que la Corte decida si esta norma se elimina o si mejor la dejan como está.

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