Es una realidad que la situación laboral en nuestro país siempre se ha caracterizado por ser sumamente complicada, además de ser una de las naciones mayormente atrasadas en materia de derecho del trabajo, pues si algo ha identificado a México es la gran dificultad que representa el velar por la obtención de condiciones laborales más favorables en beneficio de los trabajadores frente a los patrones.
Han quedado atrás aquellas épocas donde la esclavitud y el feudalismo representaban el modelo utilizado en todo el país para el trabajo diario de la sociedad, que se veía reflejado como jornadas excesivas de 14 horas diarias sin derecho a descanso, la explotación del trabajo de niñas y niños en labores pesadas como el campo y la minería, entre otras; panorama que culminó en movimientos como las huelgas de Cananea y Río Blanco para exigir la mejora de las condiciones laborales que vivían día con día.
Estos sucesos marcaron un precedente para que años después, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciera el derecho al trabajo digno; así como la expedición de la primera Ley Federal del Trabajo en 1931, que contemplaba mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, es en 2012 cuando dicha ley se reformó de manera significativa, siendo los puntos más relevantes: la libertad sindical y la eliminación de la cláusula de exclusión, se incorporan las modalidades de contratación a prueba y capacitación inicial además de regular el outsourcing; flexibilizando así las relaciones obrero-patronales.
Por si no era suficiente el lento avance respecto al derecho del trabajo… en 2019 el mundo entero enfrentó una situación que jamás se imaginó vivir, una pandemia que detendría las actividades del ser humano en todos los aspectos: personales, de ocio, educativos, y por supuesto, laborales; pues la economía tuvo un freno increíble que terminó afectando la producción de bienes y servicios, la supervivencia de muchas empresas y por ende, la estabilidad en los empleos. Sin embargo, después de tres años de incertidumbre, de una crisis general y una inflación casi insostenible, el sector empresarial supo sostenerse, crear nuevas soluciones como el trabajo en casa, nuevas tecnologías y plataformas que permitieran continuar con las labores diarias, la creación de nuevos modelos de negocio y, por lo tanto, nuevos puestos de trabajo. Trayendo consigo una nueva reforma laboral para implementar el teletrabajo, la cual buscaba atender directamente las necesidades que surgieron dada la situación que se vivía, y con la finalidad de no ver interrumpidas las relaciones entre patrones y trabajadores y, por ende, evitar un detrimento en la economía del país.
Partiendo de ese periodo tan complicado, y con el objetivo de cumplir con las nuevas exigencias de una sociedad post pandémica, surgen nuevas iniciativas que buscan reforzar el mejoramiento de las condiciones de trabajo, un claro ejemplo: la reforma publicada el 27 de diciembre del 2022 en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el 01 de enero del año en curso, en la cual se amplía el periodo vacacional de 6 a 12 días por el primer año de trabajo, y que va en incremento conforme a lo que establecen los artículos 76 y 78 de la ley antes mencionada.
Actualmente, se plantean nuevas iniciativas para contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo:
- La reducción a la jornada laboral semanal de 48 horas actuales a 12 horas; es decir, que solamente se laboren 36 horas semanales (5 días) o una jornada de trabajo repartida en 4 días laborales y,
- Duplicar el monto de aguinaldo de 15 a 30 días como pago mínimo.
Esto con el objetivo primordial de establecer un equilibrio entre la vida personal y laboral de la sociedad, así como erradicar aquellas condiciones que impiden la productividad y reducen la calidad de los empleos; pues según la OCDE “México ha estado por varios años en los últimos lugares en términos de productividad, debido a que los trabajadores tienen una carga laboral pesada, que se refleja claramente al comparar la cantidad de horas que trabajan los mexicanos versus otros países como Dinamarca, Suiza, Alemania o Canadá. Su formalización conllevaría la posibilidad de un mayor desarrollo, crecimiento y productividad, y también, de una mejor calidad de vida, además de dejar atrás la precariedad laboral a la que se ha llegado”.
Estas razones no se oyen nada mal, al contrario, son una gran ventaja si consideramos que buscan la protección del trabajador, pero después de analizarlas posiblemente puedan representar una amenaza; ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón lógica para decir que estas “nuevas condiciones” son una amenaza para el país? La respuesta es muy simple: el sector empresarial mexicano, desde startups y pymes, hasta los grandes unicornios y consorcios ya establecidos en el país aún no logran encontrar una estabilidad o un balance y mucho menos la posibilidad de implementar este tipo de programas y propuestas que han funcionado en países de primer mundo; pues para ejecutar la reducción de la jornada laboral, incremento del periodo vacacional o del pago de aguinaldo se requiere de programas y estrategias que exigen mayor capacitación, tiempo y dinero; trayendo implicaciones como el despido de un porcentaje de la plantilla laboral, un desajuste en los salarios o la posible quiebra de muchas empresas que se verán rebasadas económicamente.
Si el gobierno mexicano brindara apoyo económico para cubrir estos programas, planteara estrategias graduales para aplicar dichas reformas o incentiva su aplicación mediante descuentos fiscales; las propuestas podrían resultar un éxito para empresas y trabajadores mexicanos, además de un gran avance en materia de derecho del trabajo; no obstante, aún carece de un sustento que le dé fuerza para ser una posibilidad en el futuro próximo del país, pues la crisis y la inflación que se atraviesa actualmente son factores determinantes a considerar para su consumación. ¿Realmente estamos preparados para enfrentar este nuevo reto?