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Las heridas de la militarización en México: urge que los soldados regresen a los cuarteles

Algo quedó muy claro en más de 15 años de militarización: tener a los soldados en las calles no es sinónimo de pacificación de la vida pública y, peor aún, aumenta las violencias. En palabras de las directoras de Amnistía Internacional México y México Unido Contra la Delincuencia, es momento de poner el dedo en el renglón y hacer un llamado a rechazar esta estrategia fallida.

Era uno de los tantos patrullajes rutinarios que la Guardia Nacional hacía a las afueras de Irapuato. Uno de tantos que soldados han hecho por más de una década en este país en guerra, la diferencia es que este terminaría en tragedia. Un vehículo apareció y, por su percepción, fue considerado sospechoso, por lo que la Guardia Nacional no tuvo reparo en usar la fuerza para detenerlo.

Aquel miércoles 27 de abril del 2022, Ángel Yael Ignacio Rangel, de 19 años y Edith Alejandra Carrillo, de 22 años, así como un compañero suyo de la Universidad de Guanajuato, terminaron siendo víctimas de un ataque de la Guardia Nacional.

Ángel perdió la vida a manos de los uniformados quienes, sin preguntar, abrieron fuego.

Pero esta historia se remonta a 2006, año en el que todo cambió en materia de seguridad para México. Felipe Calderón había decidido, sin imaginarse las consecuencias, declarar una guerra insostenible en contra de los cárteles de la droga, con la titánica misión de “pacificar” todos los rincones del territorio. Este fue el comienzo de la “guerra contra el narco” y, con ello, también la guerra contra los civiles.

Así han pasado más de 15 años y los soldados ya son un común denominador en las calles mexicanas, que ni están en paz, ni son realmente protegidas. Esta estrategia, de acuerdo con Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México, “supuestamente era para pacificar el país”, nos dijo en entrevista para Telokwento, pero “es clarísimo que eso no se ha logrado”, sentenció.

Seguridad sin guerra: un llamado civil sin respuesta

A finales de abril pasado, el colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por activistas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil, tomó cartas en el asunto y pidió, en calidad de urgente una reunión con Andrés Manuel López Obrador para poner sobre la mesa el tema de la militarización del país. Aunque, desde entonces, el gobierno federal no les ha abierto las puertas.

“Desafortunadamente, el presidente de la República no nos ha recibido”, lamentó Edith Olivares. La directora y activista aseguró que ya son varias ocasiones en las que Amnistía Internacional México pide verse con el mandatario; todas sin respuesta alguna.

Aún así, se le envió una carta al presidente con la firma de todas las personas defensoras de derechos humanos del colectivo, en la que se le pidió atender su inquietud, y en la que retomaron lo señalado anteriormente por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas —que visitó México del 15 al 26 de noviembre de 2021 para evaluar la situación—.

“El enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado mexicano hace tres décadas ha estado enfocado en la militarización para combatir la delincuencia, lo cual ha sido insuficiente e inadecuado”.

Básicamente solicitaron que se retome la labor de la seguridad pública desde el ámbito civil y desde criterios democráticos, con una estrategia que se enfoque en los derechos de las personas y que no exacerbe la violencia.

En Telokwento también entrevistamos a Lisa Sánchez, directora general de la organización México Unido Contra la Delincuencia, que también forma parte del colectivo Seguridad Sin Guerra, y que comparte la molestia por el silencio y desatención con la que las y los ha tratado el Ejecutivo. “Lamentablemente en la administración del presidente López Obrador no ha habido una interlocución sostenida y productiva con las organizaciones de la sociedad civil, pero tampoco con las y los colectivos de víctimas”, nos contó.

Así pues, el presidente se ha negado a dialogar sobre la militarización del país mientras esta sigue generando estragos en la vida cotidiana de las y los mexicanos.

¿Cuál ha sido el problema de la militarización en México y por qué no mejora?

Tal parece que tener a los militares en las calles ha traído más problemas en materia de seguridad que soluciones. En el análisis de Lisa Sánchez, es claro que las y los mexicanos no nos sentimos más seguros hoy en día, ni antes ni después de la declaración frontal de la guerra contra las drogas de Calderón.

“Se insiste en tener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Hasta el momento, lo que es clarísimo es que ha sido una estrategia fallida”, reafirmó Edith Olivares.

Y es que, desde el principio, esta estrategia no venía con un fundamento claro ni estaba diseñada para que los uniformados dejaran eventualmente las ciudades y pueblos. Al respecto, la directora de Amnistía Internacional México nos explicó que, de acuerdo con los estándares internacionales, los gobiernos únicamente pueden echar mano de sus soldados para labores de seguridad públicas siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

  • Debe ser por un periodo específico de tiempo y no deben deambular por las calles de manera indefinida.
  • Deben ser usados para atender una situación de emergencia extraordinaria.
  • Deben enfocarse en una tarea concreta.

Esto significa que cualquier Estado puede estar en una crisis y, sí, puede pedir ayuda a sus fuerzas armadas pero, eventualmente, al momento de cumplir con la tarea específica a la que fueron asignadas, deben regresar a los cuarteles.

Esto no sucedió en México y el precio de no hacerlo ha sido alto para las y los ciudadanos porque las fuerzas armadas utilizan una estrategia de reacción, de ocupación territorial y despliegue militar, de acuerdo con Lisa Sánchez, lo que implica que hagan primordialmente patrullajes y operativos. Y es justo en estos operativos donde suceden los abusos, ejecuciones, asesinatos y detenciones arbitrarias, “como en el caso de Ángel en Guanajuato, como en el caso de los estudiantes en el Tec de Monterrey [donde Javier Arredondo y Jorge Mercado fueron acribillados por militares]”, explicó.

Según la directora de México Unido Contra la Delincuencia, la militarización no entrega mejores resultados en materia de seguridad pública porque no sirve para prevenir el delito, ni para investigar correctamente, ni tampoco sancionar en caso de que cometan alguna falta.

Y, en este sentido, enlistó aspectos concretos con los que puede verse por qué la militarización de los rincones de México no da para más, ni sirvió para mejorar la seguridad en el país:

  • No hay menos víctimas de violencia: sigue habiendo personas violentadas.
  • No disminuyó la incidencia de delitos; es decir, no hizo que el comportamiento criminal disminuyera.
  • No disminuyó o eliminó el número de organizaciones que se dedican al crimen organizado ni al narcotráfico.
  • Al contrario, sí ha servido para exacerbar la violencia y el crecimiento de los grupos criminales.

En este sexenio, la directora de Amnistía Internacional explicó que las fuerzas armadas siguen en todos lados y, además, se ha incrementado su presencia. “El año pasado hubo más de 90,000 militares en las calles, cuando al principio del sexenio eran alrededor de 50,000”, comentó. Lisa Sánchez, de igual forma, remarcó que hay más del doble de efectivos militares hoy de los que había cuando Felipe Calderón concluyó su sexenio.

Nadie sale librado

La hipermilitarización del país nos ha afectado a todas y todos, pero algunos sectores han quedado muy marcados por el uso excesivo de la fuerza y la coerción a través de las fuerzas armadas, por ejemplo, las personas refugiadas y migrantes. En un reciente informe publicado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), se informó que el “muro” militar que AMLO ha puesto en la frontera sur para –según– frenar los flujos migratorios ha provocado una ola sistematizada de violaciones a los derechos humanos de las personas que migran.

El informe cita que: “México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos”, aseguraron, además de que se “hace uso de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aún cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional de los derechos humanos”.

De acuerdo con los datos recogidos por esta organización, en 2021 fueron 190,476 personas migrantes detenidas.

Por otro lado, retomando la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, las más de 100,000 desapariciones de personas que se han registrado en el país desde 1964 a la fecha, tienen un estrecho vínculo con la estrategia de tapizar de militares el territorio nacional.

De acuerdo con este organismo, el terror se acentuó en 2006 y siguió con un crecimiento exponencial hasta el 2021, pues más del 98% de las desapariciones ocurrieron en esos años, durante los sexenios de Felipe Calderón —el inicio de la guerra contra el narco—, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

“México tiene más de 15 años de estar utilizando las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública y lo que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU le está diciendo al Estado mexicano es que esa práctica de tener militares está incidiendo en el problema de la desaparición forzada”, nos dijo Olivares. “Está poniendo en riesgo la seguridad pública y la integridad de todas las personas”, sentenció.

Van, hasta mediados de mayo, 100,010 personas que siguen sin regresar a casa.

La Guardia Nacional de “civil” no tiene nada

Parece que ha pasado mucho tiempo, pero fue hace poco más de tres años cuando AMLO, que apenas era el candidato de Morena para la Presidencia, propuso crear un cuerpo federal, nacional y unificado, que tuviera un carácter civil –no militar– para ayudar desde el centro a las entidades federativas y a los municipios en tareas de seguridad pública. Al final, este cuerpo de defensa terminó siendo una extensión de las fuerzas armadas, de acuerdo con las activistas.

¿Cuál fue el problema? Según Lisa Sanchéz, al llegar al poder y proponer su Guardia Nacional, el presidente se dio cuenta que le tenía una gran desconfianza a los civiles y, de paso, a los estados y municipios. Dado este detalle y en un afán porque no se le fuera de las manos el control, a través de acuerdos y órdenes, la creación de este órgano fue enteramente militar y fungió como una “tercera columna” del Ejército mexicano.

“Quiero recordar que hubo todo un trabajo —en aquel entonces, previo a la creación de la Guardia Nacional— con organizaciones de la sociedad civil y que logramos que la Guardia Nacional, cuando se constituyera, fuera una fuerza civil y nos madrugaron”, dijo la directora de Amnistía Internacional.

Esto ha provocado que, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de estar el Ejército mexicano y la Fuerza Aérea, ahora también esté la Guardia Nacional, pues “en la práctica y en los hechos, es una corporación militarizada”, aclaró Edith Olivares

Aún cuando en la Ley de la Guardia Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, dice claramente en su Capítulo II de Fines y Principios de la Guardia Nacional, artículo 4 que: “La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría [de la Defensa Nacional]”.

Y es que, por si no lo sabías, de los más de 100,000 elementos que formaban parte de la Guardia Nacional a mediados del 2021, cerca del 80% eran provenientes del Ejército y la Marina.

En este sentido, ¿cuál es la diferencia entre tener civiles a soldados haciendo las labores de seguridad pública? La respuesta es simple: su formación, de acuerdo con las defensoras de derechos humanos.

Edith Olivares detalló que las personas que han sido formadas para ser militares están capacitadas y entrenadas bajo la lógica de “combatir al enemigo” y no para gestionar tareas de seguridad pública ni relacionadas con personas civiles. “Eso no es malo, ni bueno, es así”, aclaró. Lo que sí es verdad es que este cambio de doctrina de pasar de lo civil a lo militar implica que haya un mayor riesgo a que no se protejan los derechos humanos en las tareas de patrullajes diarios.

Al respecto, Lisa Sánchez explicó que la estrategia y entrenamiento militar provoca que en vez de investigar el delito o prevenir, se suponga la flagrancia. Es decir, que se abra fuego directamente a quienes consideran “sospechosos” o identifican, a su percepción, que están cometiendo un delito. Al final, significa que primero disparan y luego preguntan.

“Tiene un adiestramiento militar, un reclutamiento militar, un mando militar, cuarteles militares y básicamente está siendo operada por el secretario general de la Defensa y no necesariamente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, aseguró Sánchez.

Cabe mencionar que desde la creación de la Guardia Nacional en junio del 2019, hasta diciembre del 2021, este cuerpo de seguridad ha realizado, oficialmente, más de 260 operativos. De todos, únicamente reconoce haber aplicado el uso excesivo de la fuerza en uno de ellos. Esto a pesar de que ya son más de 400 quejas que se han interpuesto por presuntas violaciones a derechos humanos. Cabe mencionar que desde la creación de la Guardia Nacional en junio del 2019, hasta diciembre del 2021, este cuerpo de seguridad ha realizado, oficialmente, más de 260 operativos. De todos, únicamente reconoce haber aplicado el uso excesivo de la fuerza en uno de ellos. Esto a pesar de que ya son más de 400 quejas que se han interpuesto por presuntas violaciones a derechos humanos.

“Casos como el de Ángel, y muchos otros casos que se han documentado de violaciones a derechos humanos, lo que nos muestran es que nadie cuida a quienes nos cuidan”, sentenció Lisa Sánchez. “Nadie está observando a quienes se supone que nos tienen que dar seguridad”, reafirmó, complementando con que estos actúan en ausencia de todo control, bajo una lógica de “eliminación del enemigo” y no de respeto a los derechos humanos.

Al final, para Sánchez es claro que utilizan la fuerza sin ningún tipo de control, lo que significa que pueden detener a quien sea de manera arbitraria, catear hogares, confiscar pertenencias y, como se ha visto, abrir fuego en contra de nosotros.

Se están militarizando más sectores

López Obrador no se detuvo ahí y, en su sexenio, terminó por dar más facultades, responsabilidades y labores a las fuerzas armadas, incluyendo a su Guardia Nacional.

Edith Olivares hizo un llamado a observar cómo en esta administración se les han dado otras tareas y responsabilidades como la construcción de obra pública, aduanas, puertos, aeropuertos y hasta las jornadas de vacunación. “Vemos una presencia cada vez mayor de responsabilidades de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas”. Es decir, no sólo no se está intentando dejar esta política atrás, sino que además hay una ampliación de las tareas que se les están asignando a los soldados.

De acuerdo con Sánchez, han detectado al menos 127 funciones ajenas a la seguridad pública que se han transferido a las fuerzas armadas en los últimos diez años. Aunado a esto, más de la mitad de ellas las ha transferido AMLO.

“Ya les dio un tercio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al haberles entregado la administración de los puertos; ya les dio distribución de bienes y servicios públicos; estamos hablando de construcción de obra pública; estamos hablando de explotación de infraestructura pública como aeropuertos, trenes, etcétera”, advirtió la directora de México Unido Contra la Delincuencia.

Hace falta desmilitarizar el país y fortalecer las policías/cuerpos civiles

En teoría, de acuerdo con Edith Olivares, existe – o al menos esa era la intención inicial– un compromiso del gobierno federal para que en 2024 las fuerzas armadas abandonen las calles y regresen a los cuarteles. Este plan de retorno, explicó, no se ha dado a conocer y al parecer la administración actual no tiene intenciones de publicarlo.

En su momento, el argumento inicial del gobierno de AMLO fue que no pueden salir, de un día para otro, las fuerzas armadas de las ciudades y pueblos, lo que para Olivares es entendible. Aún así, dijo que ya es momento de pensar en ese retiro y, a su vez, diseñar un plan para fortalecer las fuerzas civiles.

Pero en vez de ir construyendo el camino para que la Guardia Nacional pase a manos de elementos civiles y los soldados regresen a sus cuarteles, López Obrador parece ir en dirección contraria y lleva algunos meses declarando su intención de promover una reforma para que este cuerpo pase a manos únicamente de la Sedena. Y aunque todavía ni se ha presentado formalmente la propuesta, se teme que este plan termine por expulsar a los civiles restantes y que sólo haya soldados.

“Esta iniciativa, si se llega a aprobar, implicaría institucionalizar el proceso de militarización de la seguridad pública en México y no podemos permitirlo”, sentenció la directora de Amnistía Internacional México.

Lisa Sánchez concluyó que “es importante que como sociedad tengamos esta conversación, que rechacemos esta militarización y que nos demos a la tarea de demandar a nuestros gobernantes en lo local, en lo estatal y en lo federal, que cumplan con sus obligaciones de profesionalización policial, de fortalecimiento de las fiscalías locales y de erradicación de la impunidad”.

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