En este nuevo episodio de las autoridades mexicanas silenciando a activistas, tenemos el caso de José Luis Gutiérrez y César Hernández, dos indígenas tseltales que acaban de ser condenados a dos años de cárcel por manifestarse pacíficamente en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su pueblo, ubicado en el municipio de Chilón, en la selva Lacandona de Chiapas. Así lo reportó Pablo Ferri para El País.
Desde hace dos años, ambos marcharon junto a sus compañeros del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en la carretera que comunica con Ocosingo. Este movimiento surgió por el miedo a que más gente fuera desplazada de sus hogares y dio pie a que se creara la primera demanda de amparo contra la construcción de un complejo camuflajeado como este en México. Pero, al final, el cuartel siempre sí fue construido —con todo y que dentro de la zona existen índices muy bajos de criminalidad— y los dos activistas terminaron siendo castigados, según la Fiscalía General del Estado, por haber cometido un delito de motín.
Tanto el Centro Pro como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) que salieron a criticar la sentencia del juez, primero por la mala calidad de las pruebas que la Fiscalía presentó en el juicio; así como por el hecho que la dependencia se hizo de la vista gorda ante las denuncias que presentaron los dos activistas donde afirmaron que fueron torturados por los agentes capturadores.
Y aunque se ve difícil que entren a prisión, sí deberán pagar una multa de 6,500 pesos. De esta manera, más allá de la condena, lo cierto es que esta movida se entiende como una advertencia para las personas que protestan en la región.
