Justicia en la mira en las elecciones del Poder Judicial

La primera elección judicial en México está a la vuelta de la esquina y, en preparación, Defensorxs puso manos a la obra con “Justicia en la mira”, un proyecto que investiga e identifica candidaturas que podrían representar un riesgo para el sistema judicial. Estas son algunas de las candidaturas que han considerado riesgosas por sus vínculos con Morena, la Luz del Mundo y temas como narcotráfico, crimen organizado, violencia de género y violaciones a derechos humanos.

Candidatos vinculados a Morena

El primero de junio se llevarán a cabo las primeras elecciones del Poder Judicial, en la cual las y los mexicanos escogeremos a jueces, magistrados, ministros y otros cargos dentro del Poder Judicial.

Sin embargo, hay personas candidatas con vínculos políticos que ponen en riesgo la imparcialidad de la justicia en caso de que lleguen a ser electas. Estas relaciones con políticos y funcionarios públicos del partido gobernante pueden generar posibles conflictos de interés y limitar la impartición de la justicia.

Por ejemplo, Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, que compite para Magistrado de Circuito en materia mixta por el Quinto Circuito, en Sonora, es excoordinador del sistema penitenciario de este estado y enfrenta señalamientos por una gestión deficiente marcada por muertes, intoxicaciones y fallas de seguridad. Su mala gestión lo llevó a su remoción en 2024.

Por otro lado, la cercanía de Nicollino con Morena y vínculos empresariales del sector minero levantan dudas sobre su independencia judicial –el candidato es dueño de una compañía llamada Minera CANDER. Además, ha manifestado de forma reiterada su apoyo al gobierno del Estado en redes sociales, incluso ha habido consideraciones para que asuma la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Asimismo, Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, actualmente es presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, y a pesar de estar en funciones y encontrarse legalmente impedida para contender por la magistratura judicial, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal la determinó idónea y elegible para el cargo. Aun siendo militante de MORENA, al igual que su esposo, el senador Emmanuel Reyes Carmona, quien realizó aportaciones para homenajear a la secta de la Luz del Mundo en el Palacio de Bellas Artes, del líder espiritual, Naasón Joaquín García, procesado por abuso sexual infantil.

Estos dos casos son muestra de cómo algunas candidaturas de la elección del Poder Judicial presentan graves riesgos para la justicia en caso de ser electas.

Por otro lado, hay candidatas y candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con vínculos claros con el partido gobernante. La actual ministra, Lenia Batres Guadarrama, es integrante del partido Morena, lo que ha generado cuestionamientos sobre su independencia judicial, así como hermana del actual Director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres.

Asimismo, la ministra Yasmín Esquivel Mossa ha sido acusada de conflicto de interés debido a su matrimonio con José María Riobóo, ingeniero civil y empresario dueño de la empresa Riobóo S.A. Grupo Riobóo, que ha recibido contratos sustanciales relacionados con el AIFA (incluido un estudio de 1,638 millones de pesos) y otros importantes proyectos de infraestructura como el Tren México-Toluca y el Tren Interurbano, a menudo a través de asignaciones directas sin licitación pública.

La elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio enfrenta serios cuestionamientos debido a la postulación de personas con vínculos políticos, antecedentes de mala gestión o conflictos de interés que comprometen la independencia e imparcialidad de quienes aspiran a juzgar con justicia. Casos como estos evidencian una preocupante tendencia hacia la politización del sistema judicial y la normalización de relaciones entre jueces y actores del poder político o económico. Si se consolida esta dinámica, el país corre el riesgo de debilitar la división de poderes y de minar la confianza pública en la justicia como instrumento de equidad, legalidad y control del poder.

Candidatos vinculados a la Luz del Mundo

Otras de las candidaturas para ocupar cargos dentro del Poder judicial que han llamado mucho la atención en medios, e incluso han sido motivo de denuncias ante el INE, son los de aquellas vinculadas a la Luz del Mundo, una iglesia cuyo líder espiritual, Naasón Joaquín García, se encuentra sentenciado a 16 años de prisión en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores de edad, tráfico de personas, posesión y distribución de pornografía infantil, entre otras actividades ilícitas. Estas personas, cuyas relaciones con una iglesia de reputación cuestionable, pone en riesgo la imparcialidad de la justicia en caso de que lleguen a ser electas, especialmente en cuanto al acceso a la justicia y protección de víctimas de abuso sexual.

Por ejemplo, Job Daniel Wong Ibarra, que compite para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito en materia Laboral en el Estado de Jalisco, de manera no oficial se ha desempeñado como ministro de culto. En 2021, Wong participó en un congreso internacional en el que impartió una conferencia sobre “estrategias de evangelización” con representante de La Luz del Mundo, y ha realizado bautizos, recibido el nombramiento de “encargo evangelista” e integra el ministerio internacional de evangelización. El que Wong Ibarra sea ministro de culto constituye un impedimento para desempeñar el cargo de magistrado.

Por otro lado, Eluzai Rafael Aguilar, quien compite para ser Jueza de Distrito en materia Penal en el Estado de Jalisco, también está vinculada con la Luz del Mundo, al ser uno de sus liderazgos. Es maestra en las Instituciones Educativas Hermosa Provincia, un institución educativa supuestamente laica, pero cuyo gobierno está conformado por Naasón Joaquín García. Además, es hija del obispo de la Luz del Mundo Samuel Rafael Quintana, quien dirigió eventos religiosos donde alabó a Naasón Joaquín a pesar de que ya se encontraba detenido en Estados Unidos por 17 cargos de abuso sexual. Igualmente, es integrante de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), uno de las principales instituciones a través de las cuales la Luz del Mundo opera política y económicamente, la cual además está presidida por Rogelio Zamora, padre del exsenador de Morena Israel Zamora, quienes han trabajado para ampliar la influencia de la Luz del Mundo en la política mexicana. Finalmente, dicha candidata no cuenta con experiencia laboral en el Poder Judicial.

Otra candidata con fuertes vínculos a la Luz del Mundo es Karina Sánchez Ruiz, quien compite para Magistrada del Tribunal Colegiado Federal en el Estado de Oaxaca. También es líder al interior de la Luz del Mundo y presidió la APEM. Igualmente fue diputada por el partido Nueva Alianza desde el que entregó reconocimientos a Naasón Joaquín García.

Cesiah Keren León Rocha es candidata a Jueza en materia civil en Ocotlán, Jalisco, pero también es líder al interior de la Luz del Mundo y el 8 de marzo de 2019, como directora del Instituto de la Mujer, firmó un convenio de colaboración con la asociación civil Alma de Mujer y Vida, fundada por Alma Zamora, diaconisa de la iglesia de la Luz del Mundo y esposa de Naasón Joaquín García.

Madián Sinaí Menchaca Sierra es candidata a Jueza de Distrito en materia administrativa en Jalisco, y es hija del obispo Nicolás Menchaca, defensor legal de Naasón Joaquín García, y actual dirigente de la congregación. Según manifestó Sóchil Martin, bajo protesta de decir verdad, una de las víctimas, el obispo Menchaca le ofreció dinero para que no denunciara a Naasón. Además, Sinaí Menchaca Sierra ha sido detenida por delito de lesiones y tiene vínculos partidistas con MORENA.

Estas candidaturas evidencian una ausencia de verificación del cumplimiento con requisitos de idoneidad por parte del Comité del Poder Legislativo y del Poder judicial, pues en caso de ser electas, estas representarían un grave riesgo para la justicia de las víctimas e imparcialidad en casos de abuso sexual, pornografía infantil y delitos contra mujeres, niñas y niños. Es importante garantizar un proceso de selección de candidatos que cumplan con perspectiva de infancia y de género, y con conocimiento amplio sobre derechos de las víctimas, sin verse comprometidos por nexos con una institución cuyo exlíder fue sancionado por delitos sexuales contra mujeres, niñas y niños, y cuyos actuales líderes realizaron actos para encubrir tales delitos y silenciar a sus víctimas.

Candidatos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado

Uno de los temas que ha generado mayor advertencia y riesgos al respecto de la elección del Poder Judicial son los claros vínculos que existen entre algunos aspirantes a ocupar cargos judiciales y sus vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico. Esto resulta preocupante debido a que pone en riesgo que se pueda impartir justicia de forma imparcial.

Por ejemplo, Fernando Escamilla Villarreal, propuesto por el Comité del Poder Ejecutivo Federal y candidato a Juez de Distrito en Materia Penal por Nuevo León es abogado de al menos dos personas acusadas de pertenecer al crimen organizado: Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z40”, y Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo”, ambos extraditados a Estados Unidos y en proceso a ser juzgados en ese país. Además, en 2016 fue detenido y sentenciado en primera y segunda instancia por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

Por otro lado, Francisco Herrera Franco, propuesto por el Comité del Poder Legislativo, candidato a Juez de Distrito en materia Penal (federal) en Michoacán Ha sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, el asesinato de dos periodistas y abuso de poder durante su paso por el sistema de justicia en Michoacán.

Con respecto al caso de los periodistas, en mayo de 2022 se filtraron audios en los que presuntamente Francisco Herrera Franco dialoga con un líder criminal de Michoacán, a quien asesora para evadir la acción penal. Esta conversación fue interpretada por medios y organizadores como evidencia de colusión con grupos delictivos que operan en la región, particularmente en Tierra Caliente.

Finalmente, Silvia Rocío Delgado Garcia, propuesta por el Comité del Ejecutivo Federal y candidata a jueza en materia penal en agosto del 2016, se integró al equipo de defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa. Bajo la coordinación de los abogados José Refugio Rodríguez Núñez y Andrés Granados Flores, su papel consistió en servir como enlace directo con Guzmán Loera, revisando amparos interpuestos y manteniéndolo informado sobre su situación jurídica.

Durante su participación en el caso, promovió un amparo en diciembre de 2016 solicitando una cobija adicional para su cliente, argumentando que las bajas temperaturas en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 9 de Ciudad Juárez afectaron su bienestar.

La presencia de aspirantes con antecedentes preocupantes y vínculos documentados o presuntamente comprobados con el crimen organizado representa una grave amenaza para la integridad del Poder Judicial. Ponen en entredicho la idoneidad de los mecanismos de selección y evidencian una urgente necesidad de revisar y fortalecer los criterios de evaluación, transparencia y ética en el nombramiento de jueces. De lo contrario, se corre el riesgo de legitimar la infiltración del crimen organizado en las instituciones encargadas de impartir justicia, debilitando el Estado de derecho y minando la confianza ciudadana en el sistema judicial.

Candidatos vinculados a violencia de género

En el marco del proceso electoral para elegir a integrantes del Poder Judicial, dos candidaturas destacan por las graves acusaciones que pesan sobre sus perfiles. Se trata de aspirantes que, lejos de representar una apuesta por la justicia y la integridad, exhiben antecedentes de corrupción, violencia de género y conflictos éticos. A continuación, se detallan los casos de Francisco Martín Hernández Zaragoza y Edgar Agustín Rodríguez Beiza.

Francisco Martín Hernández Zaragoza fue propuesto por el Comité del Poder Legislativo como candidato a Magistrado de Circuito en materia penal para el Tercer Circuito (Jalisco). Sin embargo, su historial es motivo de profunda preocupación.

Durante su gestión como titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Jalisco, fue investigado desde 2014 por el Consejo de la Judicatura Federal por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero. En paralelo, enfrentó denuncias por abuso y acoso sexual contra trabajadoras del Poder Judicial, incluyendo casos de violencia sexual y coerción laboral.

Estas denuncias derivaron en su suspensión en 2013 y su destitución definitiva en 2015. A pesar de estos antecedentes, el candidato fue postulado nuevamente para ocupar una magistratura sin que se haya realizado una revisión adecuada de su historial.

Por su parte, Edgar Agustín Rodríguez Beiza fue propuesto por el Comité del Ejecutivo Federal y compite para Magistrado de Circuito en materia penal por el primer circuito de Jalisco. En 2017, una estudiante del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas lo denunció por abuso sexual, señalando que la agresión ocurrió en un aula de dicha institución. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) abrió una investigación y, en marzo de 2018, Rodríguez Beiza fue vinculado a proceso por abuso sexual agravado.

En noviembre de ese mismo año, el acusado presentó una denuncia contra la joven que lo señaló, acusándola de extorsión. Posteriormente, en 2019, la víctima le otorgó el perdón, lo que llevó al cierre del caso. No obstante, en 2018, Rodríguez Beiza fue suspendido de su cargo por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. A pesar de ello, continuó juzgando casos de violación presentados por la misma institución que lo investigaba, generando un evidente conflicto de interés.

Los casos de Hernández Zaragoza y Rodríguez Beiza evidencian fallas estructurales en los procesos de selección de magistraturas, donde no se garantiza una revisión exhaustiva de los antecedentes de los aspirantes. La falta de mecanismos efectivos para filtrar perfiles con señalamientos tan graves no solo compromete la legitimidad del proceso electoral del Poder Judicial, sino que también pone en riesgo la impartición de justicia con perspectiva de derechos humanos y de género.

Candidatos vinculados con violaciones a derechos humanos y otros aspectos de violencia

En el actual proceso de selección de jueces y magistrados del Poder Judicial, diversos perfiles propuestos por el Comité del Poder Legislativo han generado inquietud debido a antecedentes graves que comprometen su idoneidad para ejercer funciones jurisdiccionales. A continuación, se detallan los casos de cuatro aspirantes: Jacqueline Silva Betancourt, Jesús Humberto Padilla Briones, Madián Sinaí Menchaca Sierra y Leopoldo Javier Chávez Vargas.

Jacqueline Silva Betancourt: abuso laboral y privación de la libertad. Propuesta para el cargo de Jueza de Distrito Mixto en el Estado de México, Silva Betancourt fue investigada en diciembre de 2024 por el Consejo de la Judicatura Federal por presuntos abusos laborales. Entre las acusaciones se encuentran la revisión arbitraria de los teléfonos celulares de sus empleados, amenazas con iniciar procedimientos administrativos en su contra, y la privación de la libertad de su secretario.

En marzo de 2025, fue suspendida de su cargo tras difundirse una grabación donde presuntamente se le observa reteniendo a un trabajador y exigiendo su renuncia. Estas prácticas autoritarias vulneran principios fundamentales de respeto laboral y ética judicial.

Jesús Humberto Padilla Briones: proceso penal por narcomenudeo. Postulado como Juez de Distrito Penal del 4° Circuito en Nuevo León, Padilla Briones fue detenido en julio de 2023 en Montemorelos, tras una persecución policial. En su vehículo se hallaron un arma de fuego, 17 dosis de “cristal”, mochilas y computadoras. Junto a él fueron arrestados dos acompañantes, y los tres fueron vinculados a proceso por narcomenudeo y trasladados al Penal de Apodaca.

Aunque en febrero de 2024 se le otorgó una suspensión condicional del proceso, estos antecedentes penales generan serias dudas sobre su idoneidad, legalidad y credibilidad para ejercer un cargo judicial.

Madián Sinaí Menchaca Sierra: detenciones y vínculos con redes de corrupción religiosa. Propuesta como Jueza de Distrito en materia administrativa para el Tercer Circuito (Jalisco), Menchaca Sierra cuenta con un historial delicado. Ha sido detenida por lesiones culposas y se le señala por vínculos con personas sentenciadas por delitos graves, así como por su cercanía con redes de corrupción relacionadas con la organización religiosa La Luz del Mundo.

Estas conexiones generan un cuestionamiento legítimo sobre su independencia y compromiso con el Estado de derecho.

Leopoldo Javier Chávez Vargas: antecedentes penales y experiencia insuficiente. Postulado como Juez de Distrito en materia mixta en el Estado de Durango, Chávez Vargas pasó 5 años y 7 meses en prisión en Estados Unidos por los delitos de conspiración, importación y posesión de metanfetaminas con fines de distribución. Además, fue detenido en México por conducir en estado de ebriedad.

En lo profesional, solo cuenta con tres años de experiencia en funciones no relacionadas con el ámbito jurisdiccional. Su historial penal y la falta de trayectoria judicial sólida lo descalifican para asumir un cargo que exige máxima probidad.

Las candidaturas expuestas reflejan una preocupante falta de rigor en la evaluación de antecedentes y méritos por parte del Comité del Poder Legislativo. Lejos de fortalecer la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial, la postulación de perfiles con señalamientos penales, laborales o éticos debilita la confianza ciudadana en las instituciones. Resulta urgente garantizar procesos de selección transparentes, con filtros adecuados, perspectiva de género y criterios de integridad profesional para proteger la justicia y los derechos humanos.