10 mineros fueron desaparecidos el pasado 23 de enero en Sinaloa. Esta semana, los cuerpos de cinco de ellos fueron identificados en una fosa clandestina. En la dolorosa realidad que habitamos, parece una noticia más que pronto será desplazada por la siguiente tragedia.
Este 2026 se cumplen 20 años del inicio de la “guerra contra el narco”. Horrores como el del rancho de Teuchitlán, donde se encontraron crematorios clandestinos y más de 1,300 objetos personales de sus víctimas, dejan de sacudirnos con la misma fuerza porque entre más se repite la historia, más se normaliza la violencia.
Han pasado tres sexenios, dos alternancias que prometieron cambios, y la estrategia de seguridad sigue siendo un fracaso. La militarización no solo ha crecido, se ha consolidado a pesar de la evidencia que muestra cómo tener a las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública incrementa la violencia y agrava la crisis de derechos humanos, afectando de forma desproporcionada a grupos que históricamente han sido vulnerados, como las mujeres.
El informe Las dos guerras de Intersecta documenta que los operativos militares se asocian con incrementos en los homicidios de mujeres. Mientras que a principios de la década de los 2000 solo tres de cada diez mujeres asesinadas morían por arma de fuego, para 2018 esa proporción se duplicó en este contexto de militarización y mayor circulación de armas. (Intersecta, 2020)
En México hay más de 133,00 personas desaparecidas, según las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con Quinto Elemento Lab, se han encontrado más de 5,600 fosas clandestinas en al menos 570 municipios del país. Las fosas han pasado de la oscuridad a lo cotidiano, una muestra son las 456 bolsas con restos humanos que colectivos de búsqueda encontraron cerca del estadio Akron en Guadalajara, una de las sedes para el Mundial que en unos meses acaparará la atención.
No son solo cifras, son personas cuya ausencia duele todos los días. Son familias que no han podido cerrar la puerta ni apagar la luz, que viven en la incertidumbre. Cada número es una deuda pendiente de verdad y justicia.
En medio de esta crisis, también son las mujeres quienes sostienen la vida. La mayoría de los colectivos de búsqueda están conformados por madres, parejas, hermanas, hijas que dejan sus trabajos, sus rutinas y su propio duelo en pausa para convertirse en investigadoras. Aprenden de territorios, de antropología forense, de leyes y de lo que haga falta. Asumen una responsabilidad que le corresponde al Estado mientras enfrentan amenazas del crimen organizado y la indiferencia institucional.
Lo que hacen no es solo buscar, es una extensión radical del trabajo de cuidados que históricamente ha recaído sobre las mujeres. En documentales como Hasta encontrarte vemos cómo, en medio del dolor, las redes de mujeres se acompañan, se organizan y sostienen la esperanza colectivamente. Frente a la violencia estructural, construyen comunidad.
La noticia de los mineros llega cuando seguimos procesando los millones de documentos que se rebelaron del caso Epstein, prueba de un sistema donde el poder y los privilegios no solo protegen, sino que garantizan impunidad frente a la violencia. Al mismo tiempo, presenciamos un genocidio. La sobreexposición al horror puede adormecernos, puede hacernos sentir que no hay nada qué hacer.
Pero acostumbrarnos no puede ser el destino.
Está bien tomar distancia cuando nos sentimos abrumadas, resolver esta crisis estructural no es una responsabilidad individual. Aún así, no dejemos que nos gane la indiferencia. Aprendamos de la resiliencia de las mujeres buscadoras y no dejemos de hablar, de acompañar desde la empatía y de exigir justicia.
Es urgente dejar de normalizar la violencia como un daño colateral de la “estrategia” de seguridad; cuestionar las políticas basadas en la militarización y el punitivismo que han demostrado fracasar; y apostar por enfoques que pongan verdaderamente al centro a las víctimas, que prioricen la prevención, la justicia y la reparación.
