El gobierno de Claudia Sheinbaum declaró que el uso del fracking en México está a discusión. La declaración habló de análisis técnico y soberanía energética. Con ello, la fractura hidráulica volvió al centro del debate público.

El argumento oficial apunta a la dependencia energética. México importa la mayoría del gas natural que consume, principalmente de Estados Unidos. El gobierno plantea que una vía para reducir esa dependencia es incrementar la producción nacional mediante la exploración de yacimientos no convencionales que requieren fractura hidráulica o fracking. En términos económicos, la narrativa es clara: producir más internamente para disminuir vulnerabilidades externas.

Desde mi perspectiva, el fracking implica impactos socioambientales que no pueden minimizarse. La fractura hidráulica requiere grandes volúmenes de agua, utiliza sustancias químicas y altera ecosistemas completos. Diversas organizaciones y especialistas han advertido sobre riesgos para acuíferos, suelos y comunidades cercanas a los proyectos. Más allá de la técnica, la preocupación radica en el modelo de desarrollo que prioriza la extracción intensiva como respuesta recurrente ante crisis energéticas.

El debate también ha generado reacciones dentro del propio bloque gobernante y entre sectores ambientalistas que históricamente han cuestionado esta práctica. Esa conversación evidencia que la política energética se mueve en un terreno de tensiones donde convergen intereses económicos, compromisos ambientales y presiones geopolíticas.

El extractivismo ha marcado la historia económica de México. El territorio ha sido concebido como fuente de recursos estratégicos destinados a sostener proyectos de crecimiento y modernización de los países hegemónicos.En la práctica, el avance extractivo ha dejado a su paso despojo territorial, fracturas profundas en el tejido comunitario y un entorno cada vez más peligroso para las personas que resisten la pérdida de sus tierras y recursos.

Las comunidades que habitan zonas donde se desarrollan proyectos extractivos suelen enfrentar riesgos directos sobre su acceso al agua, su salud y su integridad. El derecho humano a un medio ambiente sano adquiere otra dimensión cuando el subsuelo se convierte en prioridad estratégica. La experiencia regional muestra que los impactos tienden a concentrarse en poblaciones rurales, indígenas y en sectores históricamente marginados.

La situación financiera de Petróleos Mexicanos y la presión por fortalecer la infraestructura energética forman parte del contexto de esta discusión. Frente a ese escenario, la pregunta relevante es qué tipo de modelo de desarrollo se consolida cuando la respuesta ante la vulnerabilidad económica vuelve a dirigirse hacia la explotación intensiva de recursos naturales.

Hablar de energía implica hablar de derechos. El acceso al agua, a la salud, a la información y a la participación comunitaria están vinculados con decisiones de política energética. Cuando estas decisiones no incorporan consulta efectiva ni evaluaciones rigurosas de impacto social, la legitimidad pública se erosiona.

En un contexto donde el sur global continúa absorbiendo los costos ambientales y sociales que sostienen los patrones de consumo y acumulación de los países hegemónicos, la discusión mexicana adquiere una dimensión más amplia. Forma parte de una estructura internacional que históricamente ha ubicado a ciertos territorios como espacios de extracción y a otros como centros de poder económico. Las decisiones que se toman hoy en política energética dialogan con esa historia.

La política energética nunca es únicamente técnica. Define prioridades, distribuye riesgos y determina quién asume los costos del crecimiento económico. Preguntarnos por el fracking es preguntarnos qué modelo de desarrollo se está consolidando y a quién beneficia. Si el horizonte es la justicia social, la conversación energética debe incorporar de manera central los derechos humanos y la protección de los territorios.