La Reforma Eléctrica de 2025: por ahora, más preguntas que respuestas

Mientras Estados Unidos y el mundo lidian con la vorágine de noticias de la segunda administración de Donald Trump, el sector energético en México está en un proceso de profundo cambio, con nuevo un marco legal e institucional. Dentro de estos cambios, la nueva Ley del Sector Eléctrico (LESE) resulta de particular importancia para el futuro del país. De la exitosa implementación de esta ley dependerá no solamente que el país cuente con electricidad suficiente, si no que ésta sea barata, confiable y baja en emisiones contaminantes. 

El nuevo marco legal es producto de la reforma constitucional aprobada en octubre de 2024 que otorgó amplias facultades y preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), seguido de la publicación de LESE en marzo de este año. Este nuevo marco legal enfrenta, al menos, tres retos.

Primero, la demanda eléctrica no solamente seguirá creciendo si no que lo hará más rápido. Según la Secretaría de Energía, la demanda eléctrica crecerá a un ritmo promedio de 2.7% anual entre 2025 y 2029, ligeramente más rápido que en la última década (2.5%).

Segundo, la infraestructura actual no ha crecido al ritmo que lo ha hecho la demanda y el sistema eléctrico opera hoy al límite. En otras palabras, las redes de transmisión y distribución están hoy congestionadas y en riesgo de tener que interrumpir el sistema eléctrico. 

Tercero, por ello, es urgente construir más infraestructura eléctrica lo antes posible: centrales de generación, especialmente renovable, almacenamiento y más líneas de transmisión y distribución eléctrica. Esto requerirá de enormes cantidades de inversión tanto pública como privada, mismas que solo pueden ocurrir en condiciones de certidumbre jurídica y estabilidad.

Por ahora, la LESE deja todavía muchas preguntas sin resolver, mismas que la Secretaría de Energía y la recién creada Comisión Nacional de Energía deberán responder en normas y disposiciones en los próximos meses. 

Más claro es que esta reforma revertirá parcialmente la reforma eléctrica de 2013-14. Un ejemplo de ello es la nueva obligación para que el Estado mantenga al menos 54% de la generación eléctrica. ¿Qué sucederá si la CFE genera esa proporción de electricidad, pero a un costo mayor y/o con emisiones contaminantes mayores que otros generadores? ¿Quién y cómo pagará por esos costos adicionales? 

Aún más relevante será la manera en que el sector privado y la CFE podrán participar conjuntamente con, al menos, dos mecanismos: contratos de producción a largo plazo y los proyectos de inversión mixta, cuyos detalles y letra fina aún están por definirse. En la medida que estos instrumentos resulten exitosos, dependerá no solamente la disponibilidad de electricidad en México, sino también la seguridad energética y la reducción de emisiones contaminantes. A falta de todo ello, no será posible el crecimiento de economía y prosperidad de los mexicanos. 

SOBRE EL AUTOR

Diego Rivera Rivota es Investigador en el Center on Global Energy Policy (CGEP) de la Universidad de Columbia en Nueva York. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en la intersección de energía, cooperación internacional y políticas públicas en Asia, Europa y América.