Hablemos de la Ley Olimpia, la Ley Ingrid y la Ley Monzón

Ley Olimpia, Ley Ingrid y Ley Monzón son reformas y adiciones a marcos normativos que garantizan los derechos de las mujeres. Llevan el nombre de mujeres que fueron víctimas de violencia de género perpetuada, encubierta y cobijada por un sistema que les dio la espalda. El dolor de estas mujeres se ha sentido en el corazón de todas las personas que se encontraron con la puerta cerrada cuando buscaron justicia. 

Es necesario conocer los cambios jurídicos y sociales que se dieron a partir de estas reformas para proteger el derecho a una vida libre de violencia, pero también reconocer que la letra escrita, si no se ejercita, es letra muerta.

Ley Olimpia

Olimpia Merlo vivió un infierno. La difusión de un vídeo íntimo sin su consentimiento fue el suceso que la llevó a luchar por la penalización de la violencia digital. La ley Olimpia es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, reconociendo la violencia digital como delito y sancionando las ciberviolencia. Estas reformas han tomado especial relevancia a medida que aumenta el uso de la tecnología. 

Ley Monzón

Cecilia Monzón era abogada y activista por los derechos de las mujeres. Fue asesinada en su vehículo, presuntamente por órdenes de su ex pareja Javier N., quién ha tenido un gran peso en el gremio político de Puebla. Tras el feminicidio de Cecilia Monzón, Javier N. inicialmente se quedó con la patria potestad del hijo de ambos, a pesar de estar en prisión preventiva. La Ley Monzón son reformas que se hicieron al Código Civil y Penal de Puebla para suspender la custodia de un menor a la persona vinculada a proceso por el delito de feminicidio. Estas reformas ya se han replicado en nueve estados. La ley Monzón protege y visibiliza a las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.

Ley Ingrid

Hace cuatro años la sociedad mexicana estaba conmocionada por el feminicidio de Ingrid Escamilla. Las imágenes de su cuerpo se esparcieron por todas las redes sociales. Estas imágenes fueron filtradas por servidores públicos, quienes tuvieron acceso a la escena del crimen. A raíz de este suceso se reconoció como delito la difusión de imágenes, grabaciones y material de la carpeta de investigación por servidores públicos. 

Como estos tres casos, hay muchas leyes en el país y a lo largo de Latinoamérica que fueron bautizadas con el nombre de alguna mujer víctima de violencia. Aunque se reconoce el avance que estas reformas implican, es difícil ignorar que fue necesario el sufrimiento de muchas mujeres antes de que el sistema escuchara que era necesario legislar con perspectiva de género. 

Por otro lado, resulta lamentable verificar que las implicaciones de estas leyes no necesariamente se han materializado. Por ejemplo, de acuerdo con el informe de Luchadoras, hasta el 2020 solo el 17% de las carpetas de investigación por violencia sexual digital concluyeron, el resto sigue en trámite. Además resalta que las conclusiones de estos casos no fueron por sentencia, si no por algún método alternativo de solución de controversias. Relacionado a la Ley Monzón, al momento aún no existe un padrón que permita identificar a infantes en estado de orfandad por el feminicidio de sus madres y actuar en consecuencia. La peor parte de la historia es que Javier N. podría ser liberado tras un reciente amparo. Y aunque el feminicida de Ingrid sí fue sentenciado, aún hay muchas imágenes que atentan contra el derecho de las víctimas circulando en internet.

La lucha feminista se ha levantado frente a las puertas de los tribunales, reclamando por justicia a un sistema ciego y sordo al sufrimiento de las mujeres alrededor de latinoamérica. ¿Cuántos casos atroces se requieren para que tengamos un sistema que proteja a las mujeres? No basta llenar los medios con nombres de mujeres violentadas, aparentando que las cosas han cambiado. Es necesario que estas leyes sean aplicadas en el cotidiano, protegiendo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.