¿Un cártel muy poderoso o un gobierno incompetente?

El tercer “culiacanazo”, como se le llamó a la serie de acontecimientos que empezaron el pasado jueves 21 de marzo en Culiacán, Sinaloa, donde más de sesenta personas fueron privadas de su libertad, deja de manifiesto no solo el inicio de una disputa familiar por el control de un territorio sino también la falta de coordinación y trabajo conjunto a nivel federal, estatal y municipal para prevenir y combatir la violencia.

Durante el primer y segundo culiacanazo - 2019 y 2023 - eventos derivados del objetivo gubernamental de capturar a Ovidio Guzmán, el nivel de opresión a la comunidad por parte del Cartel de Sinaloa fue monumental; así lo evidencian la quema de vehículos, balaceras y reos que escaparon del Penal de Aguaruto. 

En 2019, el presidente Andrés Manuel ordenó la liberación de Ovidio y en el 2023, fue aprehendido; meses después ue extraditado a Estados Unidos. A pesar de la captura y posterior extradición de Guzmán, la situación de narcoviolencia en el estado de Sinaloa no mejoró. Al contrario, empeoró. 

Un ejemplo preocupante de ello, es el hecho de que ahora los niños están siendo afectados directamente por la inseguridad. Por otra parte, las autoridades competentes como el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, están normalizando estos acontecimientos y hacen alarde de que podemos vacacionar sin miedo en un estado en donde secuestran a niños y mujeres de forma masiva. 

Sin duda, la incompetencia del gobierno radica en la falta de un plan de prevención más que en uno de combate a la violencia. El combate a la violencia mediante el uso de la fuerza no ha generado más que el incremento de esta. Tristemente, este fenómeno se repite independientemente del partido político en turno, pues el desplegar fuerzas operativas sin ninguna visión y fundamentos claros ponen en peligro a la población en general y a los propios comandos que arriesgan su vida sirviendo al país. Además, esto ha generado más enfrentamientos directos y la aparición de nuevas células delictivas.

Por otro lado, la serie de reformas fiscales de las que se esperaba un paso hacia la modernidad y disminución de la corrupción en México, no coinciden con las acciones del presidente Andrés Manuel, al condonar un adeudo fiscal de 92 millones de pesos en 2019, de una empresa del presunto operador financiero del Cártel de los Zetas. 

La inercia en la gestión política mexicana es decepcionante, ni siquiera existe una clara definición de seguridad nacional, que favorezca a la población y disminuya la violencia en el país. Tan solo en el último decreto presidencial se estableció como “seguridad nacional” a proyectos de infraestructura como el Tren Maya y el Corredor del Istmo de Tehuantepec, pero no se ha mencionado nada acerca de un plan estratégico de prevención de la violencia que abarque enfoques sociales y culturales como la educación, las artes, y el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno.

Sólo queda esperar el cuarto culiacanazo…