La interseccionalidad del aborto

Esta semana, el mundo fue testigo de una victoria en la lucha del feminismo: Francia se convirtió en el primer país en el mundo que eleva a derecho constitucional el derecho al aborto.

Tras la lectura de esta noticia, pensé en la necesidad de adentrarnos en otras realidades, específicamente de mujeres migrantes, recordando que las experiencias de cada una de nosotras varían significativamente a través del mundo.

Considerando que el contexto de la migración puede llegar a ser difícil, es imperante reflexionar acerca de cómo afecta multi sectorialmente: hoy hay que salir a marchar siendo las portavoces de miles de mujeres que deciden abandonar su hogar y que no son escuchadas, o que tal vez en sus países de destino no pueden gritar en alto como nosotras en las calles de Reforma. 

Un poco de contexto

Según El País, el 85% de la población francesa apoyó esta reforma constitucional, lo que me puso a pensar sobre todo en países donde el derecho al aborto aún está lejos de ser reconocido. Si bien es indudable que a nivel mundial se han logrado avances en la lucha sobre el control de nuestro propio cuerpo, desafortunadamente, esto todavía no es una realidad cercana para todas y, mucho menos, si consideramos otras intersecciones. 

Lo que pasó en Francia también ha repercutido en el debate público de México y Estados Unidos, lo cual abre también la discusión sobre la situación de las mujeres migrantes, especialmente a la luz de la revocación de Roe vs. Wade. ¿Por qué? ¿Cómo se vive el acceso al aborto siendo una mujer migrante en un país en donde, además de estar vulnerables a ser discriminadas y violentadas, el aborto ya no es legal a nivel federal?

En la cotidianidad, muchas de las mujeres migrantes en su mayoría no cuentan con seguro de salud ni dinero para pagar sus tratamientos, teniendo como única opción el solicitar beneficios públicos con el riesgo de “convertirse en un objetivo de deportación”.

Esto se vuelve una intersección grave que vale la pena resaltar, pues las mujeres migrantes, especialmente aquellas que tienen un estatus irregular, a menudo enfrentan barreras significativas para acceder a servicios de salud. Además, las políticas restrictivas y el miedo llegan a disuadir en muchas ocasiones a estas mujeres, impidiéndoles encontrar la atención médica que necesitan, llevándolas a alternativas peligrosas y no reguladas que pueden atentar contra su vida de manera mortal. Esta circunstancia es grave considerando que no se trata de una fracción poblacional pequeña, pues en 2020, la población inmigrante femenina que vivía en Estados Unidos superó a la masculina en un 51.65%, lo que supone a 26.153.840 mujeres.

Aunado a esto, el 40% de los estados en EE. UU. viven bajo leyes restrictivas sobre el aborto, lo que afecta a 753 millones de mujeres en edad reproductiva, según un estudio del Center For Reproductive Rights. Las mujeres en sí no se encuentran “seguras” más que en 23 estados; y digo “seguras” por que, a pesar de que vivan en estados donde el acceso al aborto es libre y protegido, en el caso de las mujeres migrantes no se les exime de la discriminación que la etiqueta de otredad les ha impuesto.

Si bien, diversas organizaciones de la sociedad civil y diversos centros de salud les han dado herramientas y acompañamiento sin llevar a cabo procesos intrusivos, no muchas mujeres tienen los recursos para trasladarse con facilidad a los centros de atención que les brinden el tratamiento necesario.

A su vez, el estigma cultural y social, además las barreras lingüísticas y culturales, no se quedan atrás. Para muchas mujeres, el idioma y las diferencias culturales pueden representar obstáculos significactivos para acceder a información precisa sobre el aborto y los servicios relacionados. 

La falta de recursos y la incomodidad para navegar un sistema de salud desconocido puede dificultar aún más la toma de decisiones en un país que muchas veces se percibe como un refugio de las realidades internas de la crisis política y social en sus lugares de origen. 

Si Francia logró reconocer este derecho a nivel constitucional, ¿cuánto le faltará a Estados Unidos romper con estas barreras?